Irán ha condenado a la antropóloga iranofrancesa Fariba Adelkhah a seis años de cárcel por acusaciones relacionadas con la seguridad nacional, según ha revelado su abogado este sábado. Aldelkhah, de 61 años y especialista en chiísmo, fue detenida junto a su colega y compañero Roland Marchal en junio del año pasado y se encontraba desde entonces en la prisión de Evin, a las afueras de Teherán. Sus familiares y amigos están muy preocupados por su salud, deteriorada tras una huelga de hambre, y el riesgo de que se contagie de covid-19.
“La sala 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán la ha sentenciado a cinco años de cárcel por reunirse y conspirar contra la seguridad nacional. También ha sido condenada a otro año por propaganda contra la República Islámica”, ha informado el abogado, Saeid Dehghan, citado por las agencias de noticias. No está claro en qué consiste la conspiración. El letrado ha explicado que el cargo de propaganda se refiere a comentarios de la investigadora sobre el uso del velo en Irán. En su opinión, sólo tendría que cumplir la pena más larga, pero que en cualquier caso va a apelar.
Al conocer el veredicto, el comité de apoyo a Adelkhah en París ha denunciado la opacidad del procedimiento judicial. La antropóloga estaba en Irán investigando sobre el sistema clerical chií y las relaciones religiosas entre la República Islámica y sus vecinos Irak y Afganistán. No era su primera visita. Desde que en 1977 se fue a estudiar a Francia y se instaló en París, la ahora directora de investigación del Centro de Investigaciones Internacionales (CERI-SciencesPo) había realizado numerosas estancias en su país de nacimiento en las que se documentó para varios libros y artículos académicos.
Adelkhah siempre ha defendido su inocencia. A finales del pasado diciembre inició una huelga de hambre como protesta, pero 49 días después, tras desarrollar un problema renal y muy debilitada, la abandonó, según contó en su día Dehghan. En enero, la fiscalía retiró las acusaciones de espionaje iniciales contra ella, pero la mantuvo en prisión por delitos relacionados con la seguridad sin especificar.
El estallido del brote de coronavirus en Irán hizo temer por la salud de la antropóloga. Ni esa consideración ni las gestiones de Francia lograron que fuera incluida en el perdón que el líder supremo otorga cada año por el año nuevo iraní (21 de marzo), ni entre los cerca de 100.000 presos que obtuvieron permisos penitenciarios a causa de la pandemia.
Tampoco estaba el nombre de Marchal, un experto en África de 64 años, que había ido a visitar a Adelkhah a Teherán cuando ambos fueron detenidos y sobre el que recaía una acusación similar. Francia consiguió, sin embargo, su liberación poco después, a cambio de un ingeniero iraní, Jalal Ruholahneyad, arrestado en Niza en febrero de 2019 y pendiente de extradición a Estados Unidos por haber violado las sanciones. Desde el principio, Irán se negó a abordar el caso de la antropóloga por considerarlo una intromisión en sus asuntos internos, ya que no reconoce la doble nacionalidad.
Irán ha convertido el ambiguo “delito contra la seguridad nacional” en una excusa para encarcelar a críticos y activistas. Además, hace tiempo que utiliza sin pudor la detención de ciudadanos extranjeros, sobre todo binacionales, como moneda de cambio en eventuales negociaciones. Con la firma del acuerdo nuclear en 2015 y la liberación de cuatro iranoestadounidenses, incluido el periodista del The Washington Post Jason Rezaian, se abrió una puerta a la esperanza. Pero desde que Estados Unidos abandonó el pacto hace dos años, Teherán ha vuelto a recurrir a esa fórmula para rescatar a sus ciudadanos atrapados por intentar saltarse las sanciones norteamericanas.
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