Los responsables judiciales de Irán han retirado este domingo el grillete electrónico con el que controlaban la detención domiciliaria de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, tras cumplir su condena de cinco años. Sin embargo, la trabajadora humanitaria iranobritánica ha sido convocada de nuevo ante el juez para responder de otro cargo, lo que pone en entredicho su liberación y las intenciones de Teherán. “Creo que acaban de poner fin a la anomalía legal: le han quitado la tobillera electrónica para cerrar el primer caso y evitar trámites formales por parte del Reino Unido, pero la citan en el juzgado de nuevo la próxima semana para un nuevo caso. Así que continúa siendo moneda de cambio para ellos”, ha declarado su marido, Richard Ratcliffe, citado por los medios británicos.
Zaghari-Ratcliffe, de 42 años, nacida iraní pero nacionalizada británica tras su matrimonio, cumplía este domingo el último día de los cinco años de cárcel a los que fue condenada por una controvertida acusación de “atentar contra la seguridad nacional” en un juicio secreto. La mujer, directora de proyectos en la Fundación Thomson Reuters, fue detenida en el aeropuerto de Teherán en abril de 2016 cuando iba a regresar al Reino Unido tras una visita a sus padres para que conocieran a su hija Gabriela, nacida un año antes. Como Irán no reconoce la doble nacionalidad, no pudo recibir asistencia consular. A causa del coronavirus, desde el pasado marzo se encontraba confinada en la casa paterna.
El abogado de Zaghari-Ratcliffe, Hojjat Kermani, quien avanzó la noticia de su puesta en libertad, ha explicado que la nueva acusación incluye “hacer propaganda contra la República Islámica por asistir a una manifestación ante la Embajada iraní en Londres en 2009 y dar una entrevista a la cadena BBC en persa”. Kermani ha declarado a una web iraní que la audiencia se ha fijado para domingo, día 14, aunque se ha mostrado esperanzado de que “este caso se cierre, habida cuenta de la investigación previa”.
Kermani se refiere a que las alegaciones no contienen ninguna prueba que no estuviera disponible durante el primer juicio en 2016. Pero la amenaza de presentar nuevos cargos contra Zaghari-Ratcliffe se remonta a octubre de 2017 y también fue agitada el pasado septiembre cuando la indignación diplomática que suscitó pareció acallarla. Las autoridades iraníes, en medio de un nuevo tira y afloja con Occidente por el acuerdo nuclear, han evitado cualquier comentario al respecto.
El secretario del Foreign Office británico, Dominic Raab, ha celebrado la liberación de Zaghari-Ratcliffe, pero ha calificado de “intolerable” el trato que le está dispensando Teherán. Ratcliffe ha denunciado que su mujer está siendo utilizada como rehén para conseguir que el Reino Unido devuelva a la República Islámica 400 millones de libras bloqueados a causa de las sanciones.
Irán tiene detenidos a por lo menos una quincena de ciudadanos con un segundo pasaporte de un país occidental, a los que el mero documento convierte en sospechosos de espionaje y, según los activistas de derechos humanos, en moneda de cambio de su diplomacia del chantaje. Entre los binacionales encarcelados más conocidos están el hombre de negocios Siamak Namazi, y su padre, Baquer, ambos con pasaporte de EE UU; la antropóloga francoiraní Fariba Adelkhah, el conservacionista Morad Tahbaz (que tiene pasaportes de EE UU y el Reino Unido) y el médico suecoiraní Ahmadreza Djalali, cuya condena a muerte fue ratificada a finales del año pasado.
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