La responsable de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), Helen Dixon, insistió este martes en que las multas financieras a las empresas que incumplen la regulación europea de protección de datos, como la de 1,200 millones de euros a Meta, no son efectivas para cambiar las políticas de las compañías y opinó que la suspensión de las transferencias de datos afectadas es más útil.
“Como saben, la DPC está respetuosamente en desacuerdo con la propuesta de aplicar una multa. A nuestro modo de ver, lograr un cambio significativo en esta área requiere la suspensión de las transferencias (de datos). Ninguna sanción administrativa puede garantizar el tipo de cambio necesario”, señaló Dixon ante la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo.
La DPC informó este lunes que impuso una multa de 1,200 millones de euros (cerca de 1.299 millones de dólares) a Meta por infringir a través de su red social Facebook la privacidad de sus usuarios, la sanción económica más cuantiosa impuesta en la Unión Europea (UE) a una multinacional por infracciones relacionadas con la protección de datos.
Dixon subrayó que “el análisis y las conclusiones presentados por la DPC” sobre la ilegalidad de las transferencias de datos de Meta “fueron aceptados en su totalidad y sin enmienda alguna”, igual que la propuesta de ordenarles que suspendieran las transferencias de datos de la UE a Estados Unidos en un plazo de cinco meses, aunque “varias autoridades solicitaron la imposición de medidas correctoras adicionales, en particular en forma de una multa significativa”.
El informe de actividad de 2022 de la DPC insiste, recalcó Dixon, en “los peligros de equiparar multas monetarias de alto valor con una estrategia de aplicación efectiva de la ley”.
La máxima responsable de la DPC, que reconoció que la entidad que preside hubiera preferido limitar la sanción y cuestionó la efectividad de las multas, defendió el trabajo de la entidad que preside y subrayó que ninguna otra autoridad de protección de datos europea desarrolla y concluye investigaciones al nivel que lo hace la irlandesa.
Las investigaciones de la DPC supusieron dos tercios de todas las actividades de supervisión de la aplicación del reglamento general de protección de datos comunitario en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido en 2022, con multas por valor de más de mil millones de euros a entidades nacionales y a grandes plataformas tecnológicas con sede en Irlanda.
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