Entre 2015 y la mitad de 2018 se pagaron indebidamente mil 66 millones de pesos a comisionados sindicales, destacó el reporte.
Entre 2008 y 2017 se han detectado irregularidades por 147 mil 432 millones de pesos en relación con fondos utilizados para pagar la nómina de los maestros y su capacitación; de cada 10 pesos de esos fondos utilizados irregularmente sólo se han recuperado dos, reveló en un estudio la organización México Evalúa.
Este martes en las instalaciones de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, México Evalúa y el Tecnológico presentaron el estudio “La impunidad en la nómina magisterial: uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”, que halló irregularidades graves en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila.
En aquellos estados se destinaron más de 100 millones de pesos para pagos indebidos a comisionados sindicales entre 2015 y el segundo trimestre de 2018. En toda la República Mexicana se pagaron, durante el mismo periodo, más de mil 66 millones de pesos a nueve mil comisionados sindicales, de forma indebida.
“Este monto podría haberse usado, por ejemplo, para disminuir las desigualdades del 25 por ciento de los estudiantes que asisten a escuelas ubicadas en localidades de alta marginación en educación básica”, destacó el reporte.
Por otro lado, el documento señaló que pese a que las irregularidades persisten a tres años de su operación, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) ha logrado disminuir el mal uso de la nómina educativa.
Desde la reforma constitucional de 2013, la centralización de la nómina y la transformación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en el Fone, ha permitido mayor orden y transparencia en la administración de los recursos que se destinan a la educación.
“Si bien reconocemos los avances que el Fone ha representado, no podemos dejar de lado la indolencia por parte de las autoridades que, por omisas, facilitan la perpetuación de los abusos sobre la nómina docente y dan carta de naturalización a la impunidad. Durante 2013 y 2014, la SEP dejó de enviar los informes del FAEB a las autoridades competentes. Con las modificaciones a las leyes, los responsables se desentendieron del problema y peor aún: fueron renuentes a reconocer sus obligaciones”, enfatizó Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
Dar seguimiento efectivo al avance de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el FAEB y el Fone podría redundar en una reestructuración del gasto educativo que logre atender las áreas prioritarias del sistema, por ejemplo, se podrían completar las plantillas de maestros en las escuelas; a los alumnos en riesgo de abandono escolar se les podría dotar de docentes complementarios; se podría mejorar el mantenimiento de escuelas en zonas rurales, entre otras necesidades y urgencias.
