Dos semanas después de que el Ministerio de Defensa de Israel declarara a seis ONG palestinas como organizaciones terroristas, el Ejército ha extendido la acusación al territorio ocupado de Cisjordania, donde todas ellas operan. Ante el riesgo, ahora efectivo, de ser clausuradas por orden militar, se estrecha aún más el cerco sobre destacadas asociaciones humanitarias en Cisjordania, algunas de las cuales han promovido acusaciones por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional contra altos cargos militares y civiles del Estado judío.
Israel les acusa de apoyar y financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), partido de izquierda minoritario calificado como terrorista, aunque no ha aportado hasta ahora pruebas concluyentes. En un informe confidencial elaborado por el Shin Bet (servicio de inteligencia interior) que fue remitido a diplomáticos europeos para justificar su designación como grupos terroristas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los cargos contra las ONG de que sirven de tapadera al FPLP se sostienen básicamente en interrogatorios a dos contables que habían sido despedidos de una las organizaciones por malversación de caudales.
El envío a las embajadas coincidió hace seis meses con las acusaciones presentadas por el Shin Bet contra los Comités de Trabajo de la Salud. En esta ONG que presta servicios sanitarios trabajaban ambos contables y también la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, encarcelada en Israel desde abril acusada de “financiación de organización ilegal [el FPLP]”, pendiente de juicio ante un tribunal militar en Cisjordania.
La orden firmada el domingo por el jefe del Comando Central, general Yehuda Fuks, autoriza con efecto inmediato a las tropas a registrar y cerrar las oficinas de las ONG designadas como terroristas, así como a detener a su personal e incautarse de sus documentos. La organización israelí defensora de los derechos humanos B’Tselem, que colabora habitualmente con sus homólogas palestinas, ya tachó la decisión inicial del Gobierno israelí de “acto característico de regímenes totalitarios” para acallar voces críticas.
En un comunicado del Ministerio de Defensa se afirmó que las seis organizaciones palestinas “operan de forma encubierta en ámbitos internacionales (…) disfrazadas como organizaciones de la sociedad civil, aunque son una rama de un grupo [el FPLP] cuyo objetivo es destruir Israel y participar en acciones terroristas”.
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Entre las ONG sobre la que pesa la amenaza de quedar proscritas y dejar de recibir fondos de la cooperación internacional destaca Adameer, dedicada a la defensa de los presos palestinos en cárceles israelíes, que suele ser consultada como fuente fiable por diplomáticos occidentales y periodistas extranjeros. Su directora, Sahar Francis, aseguró el lunes en Ramala que todas las organizaciones afectadas van a seguir desempeñando su trabajo a pesar de la amenaza que ya pesa sobre sus miembros.
“Como la información que posee Israel no basta para incriminarnos, nos ha tenido que declarar terroristas”, sostuvo la responsable de Adameer, citada por el diario Haaretz. Francis hizo así referencia al informe que el Shin Bet envió para justificar la inclusión de las ONG en la lista negra del terrorismo. Dichas organizaciones ya figuraban en el texto confidencial como sospechosas de mantener vínculos con el proscrito partido palestino, según ha podido comprobar EL PAÍS.
El informe reservado del Shin Bet, del que informó primero el digital israelí +972 Magazine, contiene en 74 páginas los argumentos de la agencia de seguridad interior. En sus apartados se mencionan aportaciones desde varios países europeos a programas de las ONG supuestamente implicadas. Por ejemplo, desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Gobierno Vasco o el “Ayuntamiento de Chilhun (sic)”, presumiblemente el de Gijón.
El objetivo del documento era intentar convencer a los gobiernos europeos de que debían dejar de financiar a unas ONG vinculadas a un grupo terrorista. Sin embargo, los países con programas de cooperación en Palestina los han seguido manteniendo hasta ahora. Tan solo la ONG finlandesa Felm ha suspendido su relación con una de las organizaciones. “Hemos monitorizado el uso de nuestro dinero y sabemos que ha sido correctamente utilizado”, precisó a Reuters su director, Rolf Steffansson, “pero tras la declaración israelí nos resulta imposible mantener los lazos”.
En respuesta a una pregunta presentada en el Parlamento Europeo sobre el caso de la cooperante española Juana Ruiz, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, afirmó que Bruselas “hace un seguimiento de todas las alegaciones fundadas de posible uso indebido o desviación de sus fondos” sin que se hayan encontrado “pruebas fundamentadas” de dichas acusaciones en Palestina.
El informe del Shin Bet se basa casi por completo en declaraciones de los contables Said Abedat y Amro Hamudeh, empleados en la ONG Comités de Trabajo para la Salud antes de ser despedidos en 2019 bajo la acusación de haberse apropiado de fondos de la organización sanitaria palestina. En sus interrogatorios formulan vagas imputaciones —”por lo que se sabe, la ONG estaba afiliada al FPLP” o “me parece que el dinero iba a parar a actividades del FPLP”—, sin que se corroboren con documentos contables de forma concluyente.
Además de Adameer, entre las ONG declaradas terroristas por Israel se halla Al Haq, especializada en asuntos legales internacionales y que actúa como consultora de la ONU; Defensa de los Niños Internacional-Palestina, el centro por la democracia Bissan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la ya ilegalizada Comités de Trabajo de Agricultura.
Un atentado con explosivos en el que murió una adolescente israelí en Cisjordania en el agosto de 2019 desencadenó una operación a gran escala del Shin Bet contra el Frente Popular de Liberación de Palestina, al que los investigadores atribuyeron el ataque. Un sospechoso de estar implicado en la colocación del artefacto explosivo había trabajado como director financiero de los Comités de Trabajo para la Salud, según las fuerzas de seguridad israelíes. Otro de los detenidos en la ola de redadas presentó una denuncia ante los tribunales contra el Shin Bet por torturas durante el interrogatorio que condujeron a su hospitalización, pero la investigación fue finalmente archivada por el fiscal general de Israel.
El abogado israelí Michael Sfard, que representa a una de la ONG acusadas, alega que el caso se ha originado tras las investigaciones por crímenes de guerra abiertas por el Tribunal Penal Internacional. “Israel observa a estas ONG como grupos que promueven un boicot”, explica el letrado en declaraciones recogidas por +972 Magazine, “por lo que el ataque que están sufriendo es político, aunque se disfrace como un caso de seguridad”.
La sombra del espionaje de Pegasus
Los teléfonos móviles de seis trabajadores humanitarios palestinos en Cisjordania han sido intervenidos con el sistema de espionaje Pegasus, fabricado por la compañía israelí NSO Group, según han denunciado este lunes Amnistía Internacional y la organización Citizen Lab, que examinó las terminales. Tres de los afectados por las intervenciones son empleados de las ONG palestinas que han sido calificadas como terroristas por Israel.
NSO, que ha cobrado notoriedad por el uso de su tecnología para las escuchas ilegales a gobernantes, activistas humanitarios o periodistas, fue incluida la semana pasada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en una lista negra de empresas responsables de facilitar el espionaje indiscriminado. NSO ha reiterado que solo vende sus productos con autorización del Ministerio de Defensa de Israel y que no se hace responsable del uso que se pueda hacer después de sus sistemas.
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