Miles de policías israelíes con equipo antidisturbios se desplegaron el sábado en Jerusalén ante la celebración de la Noche del Destino, la más sagrada del Ramadán, que concentra a decenas de miles de palestinos en la mezquita de Al Aqsa, tercer lugar santo el islam. Las fuerzas de seguridad trataban de impedir que se repitieran los enfrentamientos de la noche del viernes, en los que más de 200 palestinos resultaron heridos, en su mayoría por disparos de balas forradas de caucho disparadas por los agentes tras irrumpir en el recinto religioso. Aunque también 17 policías quedaron lesionados.
En vísperas de la conmemoración oficial de la conquista de Jerusalén oriental por las tropas israelíes en 1967, en un desfile previsto este lunes de miles de nacionalistas judíos por barrios palestinos de la Ciudad Vieja, la escalada de la tensión ha llevado a Estados Unidos y la Unión Europea a reclamar al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu que reinstaure la calma.
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El primer ministro israelí reunió por primera vez al Gabinete de Seguridad gubernamental –al que asistieren entre otros el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el jefe del Ejército, general Aviv Kochavi–, para analizar la ola de protestas que han sacudido la Ciudad Santa durante el mes sagrado musulmán. “Israel está actuando con responsabilidad para garantizar el orden público y preservar la libertad de culto en los santos lugares”, aseguró Netanyahu.
La policía cerró el paso hacia Jerusalén a decenas de autobuses que trasladaban a fieles de la minoría árabe israelí (un 20% de la población) desde el norte del país. Centenares de ellos se dirigieron a pie hacia Al Aqsa por la principal carretera de acceso a la ciudad tras recorrer una veintena de kilómetros. Al menos 44 personas, en su mayoría jóvenes, fueron detenidos a lo lago de la jornada en una redada preventiva contra participantes en las protestas de Ramadán, según informa el diario Haaretz.
La batalla campal que se libró en la noche del viernes en Al Aqsa –en la que la policía de fronteras (cuerpo militarizado) penetró en el recinto y disparó balas de goma, granadas lacrimógenas y bombas aturdidoras, y grupos palestinos lanzaron piedras y botellas– apenas tiene precedentes desde el estallido de la Segunda Intifada (2000-2005).
La Unión Europea difundió un comunicado en el que llamaba a las autoridades israelíes a “actuar con urgencia para rebajar la tensión en Jerusalén”. Países árabes con los que Israel mantiene relaciones –como Jordania (que ejerce la custodia sobre Al Aqsa), Egipto y Emiratos Árabes Unidos– censuraron el uso de la violencia en un lugar sagrado. Estados Unidos, principal aliado internacional del Estado judío, mostró a través del Departamento de Estado su preocupación por el auge de la tensión y llamó a poner fin a “acciones unilaterales como la construcción de asentamientos (israelíes) y los desalojos de viviendas (de palestinos)”.
La amenaza de desahucio que pesa sobre decenas de familias palestinas de Jerusalén que habitan en el distrito de Sheij Yarrah (al norte de la Ciudad Vieja) desde hace siete décadas ha exacerbado los enfrentamientos entre manifestantes y policías en la última semana. El lunes está previsto que el Tribunal Supremo israelí dicte una decisión final sobre seis viviendas, tras una batalla legal que dura más de 15 años. Grupos de colonos vinculados a la ultraderecha israelí esgrimen títulos de propiedad sobre las casas, que aseguran haber adquirido a propietarios judíos anteriores a la creación del Estado de Israel, en 1948.
Doble rasero legal
Las familias que pueden ser desalojadas ahora se refugiaron a partir de esa fecha en Jerusalén Este, entonces bajo administración de Jordania, después de haber tenido que abandonar sus propiedades en territorio que hoy forma parte del Estado de Israel. Tras la ocupación y anexión de la parte oriental de la Ciudad Santa en 1967, la ley israelí permite a los judíos recuperar sus antiguas propiedades. No es el caso de los palestinos que perdieron las suyas en la parte occidental de la urbe en 1948 (que rondan un 30% del catastro de la época) y no pueden reivindicar su posesión ante los tribunales. Más de 300 personas se exponen a perder su hogar si la justicia falla a favor de las asociaciones de colonos judíos.
Para el Gobierno israelí, la batalla judicial de Sheij Yarrah es una mera disputa inmobiliaria entre particulares, pero para la comunidad palestina, que roza el 40% de los 920.000 habitantes de Jerusalén, se trata de un símbolo de su permanencia histórica en la Ciudad Santa. Israel teme que el auge demográfico de los palestinos llegue a revertir el balance favorable a la comunidad judía y por ello limita la concesión de permisos de construcción en la zona este, donde unas 20.000 edificaciones sin licencia se hallan pendientes de demolición. La ONG israelí Paz Ahora ha contabilizado 200 casos de viviendas cuyos ocupantes palestinos están amenazados de desahucio en distritos clave en torno al recinto histórico amurallado.
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