Giulio Andreotti, siete veces primer ministro de Italia y hábil cicerone de las tinieblas políticas, tuvo otras funciones antes de llegar a ser Il Divo que lideró el país. Su modo silencioso y certero de ver el mundo, sin embargo, siempre utilizó la misma óptica. “La ropa sucia se lava en casa”, proclamó durante su etapa como subsecretario de la Presidencia y responsable del sector del espectáculo a cuenta del neorrealismo italiano y de la película Umberto D, de Vittorio De Sica. Según el príncipe de una Democracia Cristiana que hacía frente ya contra el Partido Comunista y exhibía la reconstrucción del país después de la guerra, aquella obra ofrecía una mala imagen en el extranjero. “Es un pésimo servicio a la patria”. Corrían tiempos del posfascismo todavía. Pero diez años después se aprobó la ley que seguía vigente a esta semana y que continuó hasta hace poco modulando un largo camino de censuras y recortes en el cine italiano.
Italia ha desconectado definitivamente la máquina censora. La ley que permitía imponer la mordaza sobre determinadas películas fue liquidada esta semana mediante decreto y sustituida por un sistema de calificaciones por edad que deberán proponer los propios productores y distribuidores. “Queda abolida la censura cinematográfica y superado definitivamente ese sistema de control e intervención que consentía todavía al estado intervenir sobre la libertad de los artistas”, proclamó el ministro de Cultura, Dario Franceschini. Un avance relativo, ya que básicamente desguaza una ley zombi y en desuso que, además, se produce justo cuando las salas de cine están cerradas en plena pandemia. Precisamente el momento histórico en el que ha habido menos material que censurar.
Los recortes no fueron tampoco en los últimos tiempos una práctica habitual. Italia solo recurrió a este instrumento dos veces en los pasados 25 años, como recuerda el director general de Cine, Nicola Borrelli. La última fue Morituris (2011), un filme de terror en el que se mostraban demasiadas vísceras y sangre, según el gusto del Ministerio. “El problema es que había secuencias particularmente sangrientas, intestinos, vísceras, cerebros… Pero pensamos que fue algo intencionado. Se hicieron una buena campaña de comunicación a costa de aquello. Bastaba muy poco para contentar a los expertos del comité”. Ese fue el último caso, recuerda al teléfono.
El caso anterior, con algo más de profundidad moral, tuvo que ver con la comedia Totó que vivió dos veces. Aquí la película chocó con la Iglesia y con el escándalo crónico ante la blasfemia de un país que acoge en su territorio al Vaticano y algunas de las costumbres católicas más rígidas. Un argumento parecido al que había motivado durante años tantas otras mutilaciones. La lista de películas denunciadas por ofensa a la moral es larga (no más, sin duda, que la de España en los años del franquismo). Pasolini, que fue denunciado por casi todas sus películas y tuvo que modificar el guion de Accattone (1961) o recortar más de ocho metros de Medea, ostenta el récord: Mamma Roma (1962), La ricota (1963), Teorema (1968), El Decamerón (1971), Los cuentos de Canterbury (1972) o Saló o los 120 días de Sodoma (1975). Pero el inventario incluye cumbres como Blow-up, de Antonioni o, incluso, La gran comilona, de Marco Ferreri.
El manoseo de las obras de los cineastas internacionales e italianos por parte del Estado vivió su momento álgido durante la dictadura fascista (1922-1943), que lo usó como arma propagandística. Es cierto que los controles empezaron a diluirse con la aprobación de la Constitución Republicana de 1948, que reconocía la libertad de expresión. Pero muchos directores siguieron bajo el yugo de los caprichos de los censores. Bernardo Bertolucci fue uno de sus preferidos con Novecento (1976) y, especialmente, con El último tango en París (1972), cuyos trabajos fueron destruidos alegando un delito de “obscenidad” y a cuyo director se privó de su derecho al voto durante cinco años.
El decreto que sustituye ahora la ley de 1962 creará una comisión que se limitará a catalogar las cintas por edades. La comisión estará compuesta por 49 miembros de “comprobada” profesionalidad del sector cinematográfico y contará también con pedagogos y asociaciones de padres y de animalistas. Si hubiese películas que atentan contra los derechos de determinados colectivos o pudieran incitar al odio u otros delitos, siempre quedaría el recurso de los tribunales ordinarios, recuerda Borrelli. “Siempre quedará el código penal. Todo el mundo puede recurrir a un juez y pedir lo que crea conveniente. Pero lo importante es que ya no puede hacerse con un acto administrativo a través de una estructura del ministerio”, señala. Al fin y al cabo, piensan muchos, la censura viene ya dada en formas mucho más sofisticadas que la tijera del Estado.
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