El tribunal de paz de Colombia contradijo el miércoles al Gobierno de Iván Duque sobre las causas de asesinato de guerrilleros de las FARC y llamó la atención a las autoridades por los fallos en los mecanismos de protección. El país andino asiste a una acumulación de homicidios de firmantes del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla: desde el 25 de noviembre de 2016 al 15 de noviembre de 2020, es asesinado un excombatiente cada cinco días, un total de 249. El último ocurrió el martes, cuando faltaba un día para que altos funcionarios del Gobierno de Iván Duque acudieran a una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Corte encargada de juzgar los crímenes del conflicto armado, precisamente para explicarlos esquemas de protección.
Pero ¿por qué los matan? La pregunta ha sido respondida desde el Gobierno bajo dos ideas centrales: que son asesinados por las disidencias de la guerrilla (aquellos grupos que no se plegaron al proceso de paz), es decir, que son viejas rencillas; y que todo guarda relación con el narcotráfico. Sin embargo, un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, arroja datos más concretos sobre quién los estaría asesinando. El documento Diagnóstico de los patrones de violencia letal que afectan a los excombatientes de las FARC-EP en Colombia, señala de hecho, que el narcotráfico no es la única respuesta. Si bien, dice el informe, en 176 municipios coinciden la presencia de cultivos de coca y la residencia de los excombatientes, “111 tienen hectáreas sembradas de coca y no registran un solo caso de homicidio (esto significa que el 63% de los territorios cocaleros no evidencian fenómenos homicidas)”.
Lo mismo ocurre con la explicación de las venganzas que, para la JEP, son casos aislados. “De 249 homicidios, solo cinco parecen reflejar como causa detonadora del hecho la participación de la víctima en riñas callejeras, peleas o trifulcas. Esto representa el 2% del total de la muestra”, explicó Giovanny Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Para el funcionario judicial, las disidencias no son una organización homogénea y existen al menos tres vertientes: las disidencias de alias Gentil Duarte, que se resistieron al proceso de paz y suelen confrontar a la fuerza pública; la llamada Segunda Marquetalia, integrada por los exnegociadores Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros; y las “disidencias autónomas y abiertamente narcotizadas y lumpenizadas”, que no tienen ninguna ideología.
Los patrones
La investigación muestra que en el 57% de los asesinatos de los excombatientes hay unas similitudes. La mayoría de los asesinados, afirma el diagnóstico, eran guerrilleros de bajo rango y poca escolaridad, entre los 25 y 44 años, abordados en lugares públicos, especialmente en las zonas rurales, y asesinados por disparos en la cabeza y el tórax.
Sin embargo, hay dos patrones definidos. Primero, hay uno de “desmonte de los proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios”. Al menos en 43 casos los muertos han sido excombatientes que asumen algún rol de liderazgo, que impulsan la sustitución de cultivos ilícitos o promueven proyectos productivos y campañas de acceso a la tierra. Y no existe un único perpetrador: “Observamos que diferentes grupos están atacando al acuerdo de paz, dependiendo de la zona”, dijo Álvarez, durante la audiencia.
El segundo patrón es el asociado a las disputas entre las disidencias de las FARC, concretamente antiguas zonas de retaguardia de tres bloques de la extinta guerrilla. Este se ha presentado en 91 de los 249 homicidios y las víctimas son los exguerrilleros más jóvenes. “Por un lado los intentan reclutar y si no aceptan, sospechan que están con otra disidencia y los matan. O también lo hacen por el rechazo que tienen los excombatientes a retomar las armas, y los acusan de estar muy cerca de la fuerza pública”, explicó Álvarez.
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