Iván Duque preside un país en llamas. Desde que el pasado 28 de abril se iniciaron las protestas, no hay día en que Colombia no se vea sacudida por la violencia. El detonante ha sido la reforma tributaria, el proyecto estrella del mandato de Duque. Una ley que, mediante un aumento de la presión fiscal, pretendía aliviar la deuda generada por la pandemia y enviar un mensaje de rigor a los mercados. El resultado fue bien distinto.
La medida tocó el nervio profundo de la nación sudamericana y desató la mayor revuelta de los últimos 70 años. De poco sirvió retirarla. El incendio era ya imparable. En menos de un mes han dimitido el ministro de Hacienda, la canciller y el Alto Comisionado para la Paz; Colombia ha perdido la sede de la Copa de América y Standard and Poor’s ha rebajado la calificación de la deuda. Pero eso ha sido lo de menos. Sobre el asfalto han quedado más de 50 cadáveres y 2.000 heridos. Los bloqueos a carreteras y grandes ciudades asfixian la economía y los episodios de brutalidad policial y linchamientos se suceden por doquier.
De la noche a la mañana, un país que intentaba salir de un largo y doloroso conflicto armado ha vuelto al túnel. Los motivos son aún objeto de discusión, pero hay coincidencia en que los estragos de la pandemia, que ha disparado la pobreza a niveles de hace una década (42% de la población), acrecentaron un malestar antiguo del que ha emergido una Colombia indignada y harta.
Nadie se atreve a poner fecha al fin de esta crisis. Ni siquiera el presidente, quien se ha visto cercado por todos los flancos. La comunidad internacional le ha recriminado los excesos policiales. Su padrino político, el mercurial Álvaro Uribe, le ha echado en cara su supuesta debilidad. Y la oposición de izquierda le acusa de ser incapaz de abrir un verdadero diálogo y acabar con el conflicto.
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Bajo este fuego cruzado, Duque ha intentado recuperar la iniciativa y, tras los primeros golpes, ha lanzado una ofensiva diplomática y empezado a visitar las zonas de conflicto. El pasado viernes acudió a Cali, la tercera ciudad de Colombia por población, con 2.245.000 habitantes, y decretó su militarización. Horas antes, un funcionario de la Fiscalía que mató a tiros a dos participantes en un bloqueo había sido linchado en plena calle. Posteriormente, viajó a Popayán (320.000 habitantes), donde un estudiante falleció en una infernal jornada de ataques a edificios oficiales y enfrentamientos con la policía. De ahí ha vuelto a Bogotá, a la Casa de Nariño, su residencia oficial. En el Salón Amarillo, una amplia sala de estilo neoclásico, se celebra la entrevista con EL PAÍS.
Es domingo por la mañana y Duque, de 44 años, llega con algo de retraso a la cita. Viene acompañado de sus edecanes y saluda tranquilo. Antes de empezar la entrevista se santigua y besa un medallón de la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús.
Pregunta. ¿Está Colombia fuera de control?
Respuesta. No. Lo que vemos es una situación con múltiples dimensiones. Hay protestas pacíficas y un clamor de los ciudadanos que escuchamos y respetamos. Pero también se dan graves hechos de vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad, así como bloqueos que atentan contra los derechos fundamentales.
P. En las protestas se han registrado más de 2.000 heridos y más de 50 muertos. ¿No evidencian estos datos un mal manejo policial de la crisis?
R. Cuando se analizan los datos con detenimiento, la cifra de muertes asociadas a situaciones de confrontación en las protestas se reduce sustancialmente. No por ello lo podemos minimizar, ni más faltaba, porque toda vida cuenta. Hay que rechazar la violencia contra la fuerza pública, porque hemos visto policías asesinados y centenares heridos. Pero también, si hay conductas de miembros de la fuerza pública contrarias a la ley, no solamente se condenan, sino que se investigan y se sancionan. Cuando me preguntan por la brutalidad policial, siempre digo que no generalicemos ni estigmaticemos, hagamos la decantación. En Colombia, se abren 30 millones de procedimientos policiales al año. ¿Se pueden presentar situaciones de abuso? Claro que sí, ¿pero es algo sistemático? No, porque es una minoría de hechos. Aun así no va a quedar uno solo sin investigar; este es un país que tiene instituciones independientes.
P. Entiendo que reconoce que hay casos de abusos policiales y los condena, pero considera que son aislados, no generalizados.
R. Lo que hago es decir tres cosas. Número uno, cero tolerancia ante cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública contraria a la constitución y la ley o a los derechos humanos. Segundo, se tienen que hacer investigaciones rápidas, internas y también de los organismos de control. Tercero, no he tenido ningún problema en actuar con toda la contundencia cuando se presentan esos hechos.
P. ¿Reconoce por tanto esos abusos?
R. Estoy diciendo no solamente que se han reconocido, sino que se han investigado y sancionado. La policía de Colombia hace depuraciones constantes de miembros que no están cumpliendo con la ley. El honor policial es muy grande, la institución tiene más de 128 años. Mi línea siempre ha sido todo el respaldo, pero toda la exigencia.
P. A usted le acusan de que, siendo jefe de Estado, es menos contundente en la condena de los abusos policiales que de la violencia callejera.
R. El que diga eso falta a la verdad. Reconozco la protesta pacífica como un principio legítimo y constitucional. Y condeno la violencia en general. Tanto el vandalismo y el terrorismo urbano de baja intensidad, como cuando algún miembro de la fuerza pública comete un acto contrario a la Constitución y a la ley. Esa ha sido mi pauta como gobernante. Pero también soy muy claro en la defensa de las instituciones que salvaguardan los derechos de los colombianos. Valoro el esfuerzo que hacen todos los días por proteger la vida, honra, bienes y libertades.
P. El expresidente Álvaro Uribe alentó que la policía usase las armas de fuego en caso de protesta. ¿No le parece desmesurado?
R. Nadie puede usar armas de fuego frente a protestas pacíficas. Y ante actos de violencia, su utilización siempre depende del factor de proporcionalidad. Hemos visto situaciones donde los policías han sido agredidos con armas de fuego o donde les disparan a quemarropa, para esos casos la ley colombiana es muy precisa y señala que [las armas de fuego] se han de emplear sin poner en riesgo a terceros ni hacer tiros indiscriminados.
P. Uribe está siendo muy crítico con usted. ¿Se siente abandonado por el líder de su propio partido?
R. No me siento abandonado. Y voy a ser claro, como Gobierno, nuestro interés, más que pensar electoralmente, es responder a las necesidades de todo el país. Yo gobierno con el plan con el que fui elegido y pensando en todos los colombianos.
P. ¿Y no le duelen las críticas de su mentor político?
R. En la vida he aprendido a mirar las cosas con optimismo y no dejarme distraer. Cuando hay críticas o elogios de personas cercanas, valoro las dos cosas con la misma humildad.
P. ¿No ha pensando en pedir perdón por las cosas que se han hecho mal?
R. Hace 15 días tuve un gran encuentro con jóvenes y muchos me hacían reclamos sobre políticas que ellos no conocían. Ahí les dije que si tenía que pedir perdón, les pedía perdón por no haber transmitido los mensajes de la manera deseada. Hay una juventud que ha sido golpeada por la pandemia, que ha perdido seres queridos, empleo, que ha estado aislada, que no encuentra trabajo… Hay deudas históricas exacerbadas por la pandemia y nuestro objetivo es empezar a saldarlas.
P. Y si aquí estuviera ahora uno de los jóvenes víctimas de la violencia policial, ¿qué le diría?
R. Lo que le hemos dicho siempre a cualquier víctima de la violencia. Si ha sufrido una conducta ilegal de un miembro de la fuerza pública, se le garantiza la investigación y sanción. Lo mismo dijimos a la madre de un policía cruelmente asesinado con 17 puñaladas hace pocos días. La violencia la tenemos que rechazar en todas sus formas.
P. Recientemente acusó, aunque sin nombrarle, al líder de la oposición, el izquierdista Gustavo Petro, de no dejarle gobernar el país. ¿Le culpa a él del desorden?
R. Hay personas que quieren capitalizar políticamente esta situación de cara al año 2022 [cuando se celebran elecciones presidenciales], que buscan incendiar a la población, que persiguen la confrontación de clases, la estigmatización, que usan un lenguaje incendiario para referirse a la fuerza pública…
P. ¿Se refiere a Petro?
R. No he usado nombres propios. El día en que gané las elecciones, quien fue derrotado [Petro] dijo que estaría en las calles durante todo mi Gobierno agitando la protesta. Es notorio que de cara a 2022 existen personas que quieren capitalizar el caos. ¿A quién no le conviene que Colombia crezca este año por encima del 5%, genere empleo y se vacune masivamente? El país ha sido golpeado por una pandemia, por la mayor crisis migratoria del mundo, por un huracán de categoría 5… pero ha mostrado su resiliencia y en el primer trimestre la economía creció contra todas las expectativas y salimos de la recesión…
P. Por aclarar, cuando habla de capitalizar el caos, ¿se refiere a Petro? ¿Sí o no?
R. No voy a contestar como si estuviera en una indagatoria. Esto es una entrevista…
P. Se lo pregunto por saberlo.
R. No nos circunscribamos solamente a uno, son varios los que quieren capitalizar este fenómeno. La gente les conoce por sus cuentas de Twitter, sus entrevistas y sus declaraciones .
P. ¿Por qué no quiere decir el nombre de aquellos a los que está señalando?
R. Nunca he hecho política con ataques ni referencias personales, pero todo el mundo sabe quiénes son. Y le voy a contar algo paradójico, cuando tuvimos que decretar el aislamiento preventivo obligatorio el año pasado, esos fueron los primeros que salieron a respaldar la medida. Muchas personas me dijeron entonces: “Ay, qué gesto de grandeza”. Y les respondí: “Mucho cuidado porque lo que le apuestan es a la destrucción, y después, cuando venga la reactivación, van a ser los primeros en oponerse a ella”.
P. ¿Qué papel ha jugado la pandemia en esta crisis?
R. La pandemia ha exacerbado los altos niveles de desempleo que ya sufrían los jóvenes. Al mismo tiempo, no les ha permitido durante más de un año interactuar en sus espacios naturales, académicos y sociales. El resultado es un clamor. Ese estallido va a ocurrir en muchos lugares del mundo.
P. ¿Y no eran conscientes del malestar que había antes de las protestas?
R. Mi mayor preocupación cuando empezó la pandemia era que causara una gran desazón social. De ahí que al decretar el aislamiento pusiesemos en marcha herramientas sociales contra el hambre. Al empezar el año 2021 esperábamos recuperar los niveles de empleo. Y entonces vino la protesta. Aunque hay razones fundadas para reivindicar los derechos históricos que ha lastrado la pandemia, también ha habido un uso de la desinformación para encolerizar a la población colombiana.
P. Pero hay consenso en que la reforma tributaria que lanzó en abril catalizó las primeras protestas. ¿Se equivocó al presentarla?
R. La reforma fue utilizada para exacerbar odios y reacciones violentas. Hubo mucha desinformación también. Por eso, cuando vi que se utilizaba para desatar la rabia ciudadana, preferí retirarla y buscar un nuevo consenso con las fuerzas políticas. Pero esa reforma pretendía llevarle ingreso al 50% de la población más vulnerable de Colombia, eliminar la pobreza extrema en tres años y dejar una agenda de transformación social única en Colombia.
P. Si pudiese volver atrás, ¿qué cambiaría de lo que hizo?
R. Sin lugar a duda, buscaría un consenso y una pedagogía mucho más amplios.
P. ¿Cuándo se dio cuenta de la magnitud de la protesta?
R. Colombia tiene una larga historia de protestas y paros cívicos. No era, por tanto, la primera vez. La cuestión es por qué una vez retirada la reforma tributaria siguieron los bloqueos. En cuatro semanas, han causado más daño a la economía, al empleo, a la productividad de nuestro país que la pandemia en los primeros meses. Aquí quien ha perdido es Colombia. Resulta injustificable que haya personas que se queden sin empleo, que no se puedan mover, que dejen de recibir vacunas u oxígeno. Los bloqueos no son una forma de protesta pacífica. Aunque se hagan sin armas y sin agredir, son en sí mismos una forma de violentar los derechos de los demás. Desangrar un país, cerrarle las arterias para buscar el colapso del aparato productivo es algo irracional que no podemos aceptar. Por eso, la fuerza pública tiene que intervenir en los desbloqueos. Estoy seguro de que en España no se permitiría que nadie bloqueara el abastecimiento de alimentos, medicamentos y vacunas a Madrid, a Barcelona o Sevilla, eso viola los derechos de todos.
P. ¿Pero la profundidad de la protesta no se debe a que la sociedad colombiana ha llegado a una situación límite de pobreza y hartazgo?
R. Sí, pero entonces hay que preguntarse cómo salimos de ese efecto de la pandemia. La respuesta es creciendo, vacunando y generando empleo. Necesitamos una reactivación económica y una agenda para la juventud que sea absolutamente transformacional. No logro entender cómo se pueden reivindicar esos bloqueos cuando lo que hacen es destruir empleo, oportunidades, logística, capacidad productiva…
P. ¿No cree que detrás de la protesta y sus diferentes manifestaciones anida el desprestigio de la política, la pérdida de confianza en el Gobierno?
R. Es posible. Se trata de un fenómeno mundial también. Por eso, hemos visto movimientos extremistas, populistas y demagógicos en tantos países. Siempre hay alguien que quiere capitalizar políticamente estas situaciones. ¿Cómo? Pues desprestigiando las instituciones y generando sentimientos anárquicos. El estallido pospandemia le va a llegar al mundo entero. Hoy nos tocó a nosotros, pero lo vamos a ver en otros sitios en los próximos años. Por eso es muy importante entender qué se pudo haber hecho mejor; pero no se debe dejar de actuar con responsabilidad, eso sería incubar una bomba.
P. Llama la atención la violencia tan exacerbada que se está viendo en Colombia. ¿A qué la atribuye?
R. Los actos vandálicos que hemos visto no son una reacción espontánea de los ciudadanos. El ciudadano colombiano no apela a la violencia. Los fenómenos de vandalismo y de terrorismo urbano de baja intensidad están asociados a la delincuencia común o a grupos armados organizados relacionados con el ELN o con disidencias de las FARC.
P. ¿Y no es distinta la situación de los bloqueos?
R. Los bloqueos son ilegales. En Colombia, están sancionados en el Código Penal. Pensar que están justificados porque son el soporte del paro es muy peligroso. Paros, llevamos 40 o 50 años viéndolos, pero nunca con los niveles de obstrucción al empleo y al aparato productivo de esta ocasión. Por lo tanto, no voy a hacer ninguna transacción frente a los derechos fundamentales de los colombianos. Tenemos que ser claros, porque en muchos de los bloqueos hemos visto incidencias criminales o grupos que lo que quieren es intimidar a la población. Ahí tenemos que actuar con la ley y con contundencia.
P. ¿En qué punto está la negociación con el Comité Nacional del Paro?
R. Colombia necesita rechazar las vías de hecho. Para construir acuerdos requerimos no solamente que haya un repudio categórico a los bloqueos, sino que se den instrucciones para levantarlos. Si eso no ocurre, es muy difícil la negociación; el país no puede sentirse ni asfixiado ni secuestrado. Hay apertura para entender sus propuestas, hablarlas y dimensionarlas, pero no con la violencia y los bloqueos en medio. Nosotros hemos dado todas las garantías en el ejercicio de la protesta pacífica y la única manera de construir un acuerdo viable es levantando los bloqueos, porque son una peligrosa forma de violencia.
P. Y si los bloqueos persisten, ¿qué medidas está dispuesto a tomar?
R. Los bloqueos son ilegales y se están levantando mediante el uso proporcional de la fuerza pública. Es nuestra responsabilidad.
P. Hay voces que piden la movilización total del ejército y la declaración del estado de excepción. ¿Lo contempla usted?
R. La Constitución lo contempla, no yo. La Constitución tiene claramente definidos cuáles son los tipos de estados de excepción en nuestro país. Como presidente, uno nunca puede renunciar a ninguno de ellos.
P. ¿Y no está dispuesto a permitir corredores humanitarios para paliar los efectos de los bloqueos?.
R. Aceptar los corredores humanitarios es aceptar los bloqueos como un mecanismo de presión a los ciudadanos. Hay niños que se han muerto en una ambulancia por un bloqueo, hay poblaciones que no pueden alimentarse por un bloqueo… En esa situación, que se cree un corredor donde aparezca un señor, que no representa a nadie, que nadie lo eligió, que no tiene autoridad política administrativa o judicial, determinando qué entra y qué no entra, qué pasa y qué no pasa, pues no. Esas islas de anarquía no están en nuestra Constitución ni en nuestra ley. El orden no es negociable porque sin él no existen libertades plenas para todos.
P. ¿Las crisis que está viviendo no le quitan el sueño?
R. Una vez le preguntaron a un presidente colombiano si dormía bien o tenía pesadillas. Y él respondió: “Duermo bien porque las pesadillas empiezan cuando me levanto”… No, no es mi caso. Yo trato siempre de apoyarme en la fe. Todos los días reservo un espacio en lo personal para conectarme espiritualmente. Yo quiero tener siempre la claridad en el alma de que incluso los momentos más difíciles tenemos que convertirlos en oportunidades. Esta situación de tensión que estamos viviendo hemos de poderla transformar en un acuerdo sobre lo fundamental en nuestro país.
P. Pero la posibilidad de un gran acuerdo político en estos momentos parece muy difícil, ¿no?
R. Es compleja por el año electoral, pero también hay colombianos que tienen muy claro que este país lo que necesita es reactivarse, vacunarse y generar oportunidades. En esos temas tan elementales no puede haber espacio para la división, y yo no soy candidato a la reelección. Yo tengo que sacar adelante a nuestro país.
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