Iván Duque, presidente de Colombia desde agosto de 2018, encara la recta final de su mandato consciente de que la oleada de protestas que estalló en su país el pasado abril marcará irremediablemente su legado. El gobernante, de visita oficial en España, se esfuerza por exhibir un expediente atractivo para el ciudadano medio en su país y, al mismo tiempo, para el inversor exterior. Afable y de cuidados modales, Duque se aferra a medidas como la vacunación masiva y la mejora en la educación universitaria para defender su gestión. “El momento de las protestas nos sirvió para convertir la adversidad en oportunidad”, asegura en conversación con EL PAÍS pocas horas después de aterrizar este miércoles en Madrid.
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Preguntado sobre si esos episodios, que se saldaron con más de 50 muertos y de 2.000 heridos, empañan su mandato, el presidente gira rápidamente el foco hacia otro terreno: “No sé si lo han empañado; fue una situación difícil que se enfrentó. Lo importante es el legado estructural que estamos dejando, centrado en la equidad, con la ley de inversión social y la reforma fiscal más importantes de este siglo”. El líder colombiano aplica una especie de equidistancia en el análisis de las reformas derivadas de esos episodios de protestas. Esos cambios legales “garantizan la protesta pacífica y la tolerancia cero con cualquier conducta de miembros de las fuerzas públicas contraria a la Constitución y con cualquier conducta de un ciudadano en contra de la fuerza pública”.
El gobernante, que arroja casi desde el principio bajos índices de popularidad, no elude, pese a todo, los episodios de abusos policiales registrados en aquellas jornadas: “Se ha avanzado por parte de fiscalía y con investigaciones internas. Ya se han tomado decisiones respecto a algunos miembros de las fuerzas públicas cuando había evidencia de que su actuar fue contrario a la Constitución. Espero que antes de terminar el año tengamos una situación mucho más clara para mostrar esa tolerancia cero”. Las modificaciones implican cambios para la policía nacional: “Una nueva metodología en el escalafón de ascensos y una modificación del régimen disciplinario para ser aun más drásticos con las conductas contrarias a la Constitución”. Con el mismo énfasis que emplea al destacar otras medidas de su Gobierno, no duda en definir esa legislación como “la reforma más importante del siglo en la policía nacional”.
Si la violencia empleada para contener las protestas erosionó la reputación de Colombia, una medida muy diferente, la regularización de los venezolanos huidos al país vecino, recibió, apenas dos meses antes, grandes elogios internacionales. “Esos 1,8 millones de personas ya estaban en Colombia, pero eran invisibles. Con el estatus de protección temporal, antes de que termine el año habrá un millón de personas cubiertas y otras 800.000 en primer semestre”, promete. Sabedor de que ese colectivo también suscita cierto recelo entre los colombianos, Duque recalca los aspectos de esa decisión que mejoran la seguridad ciudadana y ahuyentan la competencia laboral: “Cualquier migrante que cometa actos contra la ley está ahora registrado, se le puede aplicar la ley. Y ese venezolano al que pagaban por debajo de lo que ganaba un colombiano ya no puede ser contratado por menos. Los estudios que hemos hecho demuestran que la inmigración fraterna y bien manejada representa algo positivo para el desarrollo económico”.
Ese marco le da pie para aventurar que el gesto “no puede ser ilimitado” y que resulta fundamental “que Venezuela haga una transición rápida a la democracia”. Duque evita mostrar confianza plena en el proceso de diálogo que se ha abierto recientemente entre Gobierno y oposición venezolanos, pero concede: “Por la presión internacional, la dictadura [en referencia al régimen de Nicolás Maduro] no ha tenido más remedio que sentarse a la mesa. Es un logro muy importante. Pero el objetivo tiene que ser elecciones presidenciales rápidamente”.
Pese a esbozar esas reflexiones políticas, Duque trata de apartar su discurso lo menos posible del propósito que lo trae a España: presentar su país como un terreno fértil para la inversión. El presidente, que se reúne este jueves con el Rey y con Pedro Sánchez, aspira a poder amarrar de las empresas españolas “una inversión superior a los 2.000 millones de dólares [1.692 millones de euros] para los próximos años”. Su labor al frente del país latinoamericano acabará mucho antes, tras las elecciones de mayo de 2022.
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