Como sucedió en 2011 y 2013 -durante la Administración del demócrata Barack Obama-, se espera que llegados al límite del precipicio, cuando el país se asome al abismo económico, se produzca un movimiento de última hora que evite el impago de la deuda de Estados Unidos. En tres semanas, el 18 de octubre, si ambas cámaras del Congreso no llegan a un acuerdo, la nación dejaría de pagar sus deudas por primera vez en la historia. Mientras, el tiempo corre y el Congreso juega con fuego al acercarse peligrosamente al impago.
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Ante semejante escenario, la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, ha advertido este martes que es “probable que el Tesoro agote sus medidas extraordinarias” si el Capitolio no actúa para aumentar o suspender el límite de la deuda antes del 18 de octubre. Aumentar o suspender el límite de la deuda, algo que solo puede autorizar el Congreso, no da luz verde a nuevos gastos federales, sino que permite al Tesoro zanjar las deudas ya contraídas, entre ellas, por ejemplo, las heredadas de la Administración Trump, como el segundo plan de rescate pandémico.
Los republicanos aprobaron tres de esos aumentos o suspensiones del techo del endeudamiento durante el Gobierno de Donald Trump, bajo el cual la deuda nacional aumentó en aproximadamente 8 billones de dólares. El techo de la deuda es la cantidad de déficit a partir de la cual el país ya no puede emitir nuevos préstamos para financiarse, lo que le impide satisfacer sus pagos.
Entonces, la potencia que domina la economía mundial enfrentaría “probablemente una crisis financiera y una recesión económica”, según una carta que Yellen ha remitido a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Que EE UU se quede sin fondos no solo tendrá consecuencias muy graves para su economía sino también para la mundial. “Es imperativo que el Congreso aborde rápidamente el límite de la deuda”, asegura la secretaria del Tesoro en su misiva. Era la propia Pelosi quien avisaba el pasado domingo de que la semana que estaba por comenzar sería “infernal”.
Infernal porque mientras se negocia ampliar el techo de la deuda, a la vez se debate el presupuesto que mantiene financiado al Gobierno federal, partida sobre la que demócratas y republicanos (aunque tampoco demócratas moderados y demócratas izquierdistas) no logran ponerse de acuerdo. Así que el reloj corre y se teme al famoso shutdown, el cierre de la Administración, en definitiva, la suspensión de servicios federales. La fecha límite para alcanzar un acuerdo presupuestario es el próximo 30 de septiembre, este jueves, último día del ejercicio fiscal.
Lo que ocurra esta semana puede fácilmente definir la presidencia de Joe Biden. En juego está el paquete de inversión en infraestructuras de un billón de dólares, que apoyan los republicanos, y otro de gasto social muchísimo más ambicioso, de 3,5 billones, que defienden en solitario los demócratas, o algunos demócratas, ya que tiene la fatal derivada de ser objeto de fricción dentro de esas filas, donde el ala izquierdista condiciona su apoyo a que salga adelante entero el paquete de gasto social de 3,5 billones. El sueño de reformas de Biden supondría la mayor ampliación de la cobertura social en EE UU desde el programa de la Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson en los años sesenta del siglo pasado.
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