El show de Javier Duarte está en marcha. Desde hace una semana, el exgobernador de Veracruz acude insistentemente a los medios en México para colocar su versión de la historia, para matizar una narrativa en la que aparece como el operador principal de un trama corrupta que desvió y blanqueó cientos de millones de pesos de las arcas públicas. Y lo hace para señalar a su antiguo partido, el PRI, del que fue expulsado a finales de 2016 por su presunta participación en la trama corrupta. Son ellos los culpables, dice, no él.
Este lunes, Duarte filtró un video grabado al parecer el 15 de abril de 2017, horas antes de su detención en Guatemala. En las imágenes, el exgobernador, en búsqueda y captura desde hacía meses, aparece tranquilo. Señala que se va a entregar, que no lo van a detener. Que todo es un circo, que la supuesta investigación de las autoridades no es más que un cuento.
Duarte sería detenido ese mismo 15 de abril. Acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, protagonista de un polémico proceso por los reiterados errores de la fiscalía en la construcción de la acusación, un juez lo condenaría en septiembre del año pasado a nueve años de prisión. El exgobernador aceptó la condena y la culpa. Ahora en cambio la rechaza. “Soy un chivo expiatorio. No hice lo que dicen que hice, robarme el dinero, mi detención sirvió para [que el PRI] ganara la elección del Estado de México”, declaraba la semana pasada al semanario Proceso.
El vídeo es solo el último capítulo de su maratón mediático, organizado desde la cárcel de Ciudad de México donde cumple condena. Desde el 8 de julio, en entrevistas con medio locales y nacionales, Duarte se ha presentado como la víctima de un grupo mayor de delincuentes, encabezado, dice, por el expresidente Enrique Peña Nieto, su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el antiguo titular de la fiscalía, Alberto Elías Beltrán. Fueron ellos, dice Duarte, los que le obligaron a dejar la gubernatura de Veracruz en octubre de 2016, los que le obligaron a pagar una “extorsión” para rebajar su acusación después de su detención, de delincuencia organizada a asociación delictuosa. Los que lo detuvieron para agradar a los electores del Estado de México. Cuando detuvieron a Duarte faltaban pocos meses para las elecciones a gobernador en ese Estado, uno de los bastiones que aún conserva el PRI, donde la formación mantiene la influencia y el control en el mayor caladero de votos del país. Después de perder varios Estados clave, como el mismo Veracruz, los comicios parecían decisivos. Duarte dice que su detención no fue más que una jugada política de los mandamases del PRI para mantener el estado.
El exgobernador ha decidido hablar ahora porque “ya no están estos cuates en la PGR y lo puedo hacer”, en referencia a los viejos mandos de la fiscalía durante el Gobierno de Peña Nieto. Al menos eso declaró la semana pasada en otra entrevista con el diario Reforma.
Para el politólogo veracruzano Alberto Olvera, “lo que cambió las cosas fue la detención de Juan Collado”. Detenido la semana pasada, más o menos cuando Duarte inició su campaña en medios, Collado es un abogado cercano al PRI y al poderoso sindicato petrolero. “Es el personaje central del esquema de lavado de dinero del grupo de Peña Nieto. Es el sujeto que articuló al sindicato petrolero, a Peña y al [expresidente, también del PRI, Carlos] Salinas. La detención de Collado tiene que ver con hacer visible la ofensiva del Gobierno contra Peña Nieto y su grupo. Quizá Duarte piensa que actuando así se protege”.
Para Olvera, la estrategia de Duarte es poco inteligente. “A ver, el pacto de su detención es creíble. Pero eso de que él fue un instrumento de corrupción de terceros no es creíble”.
A Arturo Ángel, autor del libro Duarte, El Priista Perfecto, coordinador de una investigación periodística que cimentó las acusaciones contra el exgobernador, las acusaciones de montaje de Duarte no le extrañana: él ya las contó en su libro. “Duarte podría estar haciendo su cálculo”, argumenta. “Hay varios temas en manos del actual Gobierno. Uno es la solicitud a Guatemala para proceder contra Duarte por desaparición forzada de personas”, explica. Cuando México solicitó a Guatemala la extradición de Duarte, lo hizo por los delitos mencionados arriba, nada más. Para procesarlo por otros delitos, la decisión atañe al país vecino.
Durante el Gobierno de Duarte, cientos de vecinos de Veracruz denunciaron la desaparición de familiares, en algunos casos incluso con la participación de autoridades. “Es un proceso impulsado por la fiscalía de Veracruz, pero como toca a instancias internacionales, depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que depende del Gobierno federal y de mucha voluntad política. Por ahí podría ser”, argumenta.
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