Por Fernanda Pérez Rivera Moisés
Ante la situación de migración forzada del norte de Centroamérica, en relación con México y Estados Unidos, las Provincias de México y Centroamérica de la Compañía de Jesús denunciaron los problemas estructurales que ocasionan la movilidad humana.
A través de un informe donde exponen su postura en torno al tema, publicado este lunes 13 de septiembre, las organizaciones identificaron, a partir de foros con investigadores y expertos, siete causas estructurales en el origen de la migración en Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
Jorge Atilano González, asistente del Provincial para el Sector Social de la Compañía de Jesús en México, detalló durante la presentación del documento, este lunes, que “la movilidad humana contemporánea es solo la punta del iceberg de un conjunto de problemas estructurales que se han gestado es a través décadas”.
Una de las causas es el modelo económico, el cual aseguran genera pobreza, degradación ambiental y desigualdad. Afirman que “los mecanismos de redistribución de la riqueza no están funcionando”, a lo que se suma la corrupción en casi todos los niveles del Estado.
Además, las comunidades se enfrentan a la pérdida de la capacidad de autosuficiencia alimentaria y a la profundización de la precariedad del trabajo. Ante esto, las remesas permiten mantener el modelo de crecimiento económico actual, el cual aseveran no se basa en la protección social.
De igual forma, recalcan la brecha salarial que existe entre la región y Estados Unidos: mientras que en la primera el informe registra un rango menor $5.00 dólares la hora, en el segundo es de $23.00 dólares. Esto equivale a un salario mensual de $100 a $400, frente a $1,257 en Estados Unidos.
Asimismo, contrasta la diferencia en la oferta laboral, ya que en Centroamérica la falta de trabajo expulsa a 500 mil jóvenes todos los años; en Estados Unidos hay un crecimiento anual de puestos de trabajo de 13.1 millones. Debido a esto, detallan que el último tiene una corresponsabilidad en la gestión laboral del bono demográfico de la región.
Dentro de las causas estructurales, también se encuentra el modelo de Estado, el cual denuncian que defienden los intereses de las élites económicas y políticas sobre los intereses nacionales, sociales o comunitarios, lo que lleva a una distorsión de la democracia y un sistema de impunidad.
Otra causa incluida en el documento son los sistemas de protección social, es decir, las medidas políticas y acciones del Estado para disminuir los riesgos de las personas, así como las reformas fiscales necesarias. De acuerdo con el texto, 20% de la población con más recursos concentra anualmente la mitad del ingreso nacional, mientras el 20% de la población más pobre se queda con menos del 5% del ingreso nacional.
Además, detalla que, previo a la pandemia, había 22 millones y medio de centroamericanos en condiciones de pobreza, de los cuales el 85-90% vivían en Guatemala, El Salvador y Honduras. En estos tres países, cerca del 70 u 80% de la fuerza laboral tiene trabajos informales, sin acceso a la seguridad social, un contrato o prestaciones.
Como cuarta causa, el informe enumera la falta de garantía de respeto a los derechos humanos, la inseguridad y la militarización. Esta última sólo ha multiplicado los grupos delictivos, incrementado la delincuencia y saturando las prisiones.
Asimismo, suma al narcotráfico y al tráfico de armas como quinta causa, ya que en Centroamérica, del total de homicidios en 2017, el 67% fue con uso de armas de fuego.
Por último, incluye las consecuencias de una visión individualista de la vida, así como la calidad ambiental para la sostenibilidad del bienestar. En esta última, las comunidades se enfrentan al agotamiento, deterioro y contaminación, así como las amenazas inducidas por el cambio climático. Así, la deforestación, la escasez de agua, la disputa por los bienes naturales escasos, entre otros, genera situaciones de violencia.
Frente a esto, el informe contribuye con 42 propuestas, entre las que destaca que los Estados deben emprender una transformación tributaria para reducir la desigualdad y los privilegios, así como fortalecer a las micro y pequeñas empresas, crear un mercado común centroamericano y mercados locales de alimentos, al tiempo de promover el empleo decente y el acceso a tierras, recursos e infraestructura.
Durante la presentación del informe, Jorge Atilano González, recalcó que la inversión económica o la militarización de las fronteras no resolverán el fenómeno migratorio. “Una realidad compleja no se puede resolver con armas y con dinero sino que se necesitan estrategias multidisciplinarias, interinstitucionales y contextualizadas, con liderazgos comprometidos que prioricen los cambios institucionales y estructurales profundos y de largo aliento”, concluyó.
Además, calificó el uso de la fuerza pública como “desproporcionada e irracional” para detener a quienes sufren las consecuencias de una región desigual y afirmó que las propuestas pretenden contribuir a la acción humanitaria y al debate público.
Sin embargo, apuntó que lejos de estar acabadas o ser definitivas, buscan “seguir cimentando puentes entre las provincias para colaborar en la construcción de una América solidaria, hospitalaria y justa”.
Por último, aseguró que de no entender, acompañar y transformar las condiciones descritas en el informe, la migración forzada internacional seguirá existiendo “por más controles y muros fronterizos” que se pongan.
Consulta el documento completo:
Postura de la Compañía de Jesús en México y Centoamérica ante las migraciones forzadas by Aristegui Noticias on Scribd
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