El catedrático de Ciencias Políticas Joan Subirats (Barcelona, 71 años) se ha convertido a matacaballo en el segundo responsable en la historia del Ministerio de Universidades, creado apenas hace dos años como cartera única, con un presupuesto muy pequeño y las atribuciones compartidas con las comunidades y Ciencia; pero también con una tarea enorme por delante: presentar en Europa una nueva ley universitaria a la altura de los retos del siglo XXI. La alcaldesa de Barcelona se resistió a dejar marchar a Madrid a su faro ideológico y, por eso, tal como reconoció Manuel Castells en su despedida, él fue el primero en ocupar esa cartera. Subirats es la voz de los comunes en el Consejo de Ministros y es partidario de una consulta en Cataluña tras acordarse una nueva estructura del Estado.
Pregunta. Si Ada Colau le hubiese dejado ser ministro antes, ¿habría planteado así la ley?
Respuesta. Es un proyecto muy avanzado pero quiero hacer la ley un poco mía. Está bien planteada, estos 20 años que han pasado desde la LOU [Ley Orgánica de Universidades] son de cambios muy profundos y las universidades están en un cruce espectacular de conocimiento, difusión, investigación, innovación, transferencia… Hay una necesidad evidente de puesta al día de la ley. Es un instrumento necesario, aunque seguramente no el único.
P. ¿A qué se refiere con hacer la ley suya?
R. Hay que poner énfasis en el valor de la docencia o que la ley recoja bien la complejidad de un sistema universitario que tiene cuatro grandes actores: la Unión Europea, cada vez más presente; el Estado, que tiene un papel de planificación, de redistribución y de evaluación; las comunidades, que suponen el 77% de la financiación; y algo innegociable, la autonomía de las universidades. Hay que respetar sus espacios de poder. La ley no puede ser muy reglamentista y, en cambio, ha de marcar horizontes, hacer florecer elementos: ciencia abierta [aquella libre y accesible para todos], ciencia ciudadana [la investigación que se hace entre científicos y voluntarios] y formación a lo largo de la vida. Son cosas que están en la ley, pero que hay que reforzar. En 2029, dice Europa, un 60% de la gente se estará formando. ¿Puede ser posible en España sin contar con las 50 universidades públicas?
P. Hoy el negocio de esta formación permanente está sobre todo en manos de universidades privadas a distancia que han estado expidiendo títulos sin control.
R. El sector de 17-18 años, que es el target de las universidades, va a decrecer. Tenemos capacidad e instalaciones en el territorio [para dar formación permanente] con 190 ciudades con un centro de educación superior, pero para los profesores de universidad es lo menos importante. En el resto de niveles educativos, el profesor tiene que pasar por cursos de capacidad docente, pero si tú eres doctor, se da por supuesto que sabes dar clase. Deberíamos conseguir que la universidad no sea una excepción. Una forma de defender a los estudiantes es defender la docencia. Hay gente que dice: “Si quitas la investigación en la Universidad, es una academia”. Bueno, ni una academia ni un laboratorio.
No logramos atraer a profesionales de prestigio como asociados
P. ¿Hay que ir hacia un modelo de ciertas universidades de élite?
R. Tenemos un sistema diverso que tiene reglas iguales. Lo contrario de homogeneidad es la diversidad, que es un valor muy importante. Hay que conseguir que las universidades que tienen un perfil más investigador, internacional, puedan seguir así y que otras de perfiles distintos ―sin negarles esto― puedan reforzar su relación con el desarrollo local.
P. País Vasco o Cataluña hacen política de país financiando sus universidades, mientras en otras comunidades están asfixiadas. ¿Pasará factura a sus economías?
R. Debemos de defender la diversidad como un valor del sistema, pero hemos de ser capaces desde el Estado de redistribuir.
P. ¿Cómo se consigue?
R. La Universidad de Granada trabaja en recuperar canales de irrigación con entidades locales. Es un ejemplo magnífico. No quiere decir que la Universidad de Barcelona solo se dedique a investigar internacionalmente. Cuando yo era concejal, planteábamos el papel de las universidades en el desarrollo local de Barcelona. No me da miedo la diversidad, una función del Estado es la capacidad de redistribuir.
P. Hay que terminar con la precariedad de los asociados. ¿Ofrecerán otra fórmula?
R. La aplicación de la idea de asociado ha sido totalmente tergiversada y no logramos atraer a profesionales de prestigio como asociados. Tendremos probablemente que pagar más. No podemos convertir esa figura en un refugio de precariedad y [la forma de] reducir la carga docente de titulares y catedráticos. Reducir al 20% la temporalidad creo que es correcto, pero para recuperar el perfil de asociado. La reforma laboral trabaja también en una lógica de evitar la precarización. Por ejemplo, eliminando los contratos de obra y servicio.
Si tú eres doctor, se da por supuesto que sabes dar clase. Deberíamos conseguir que la universidad no sea una excepción
P. Se han quejado los rectores.
R. Es buena noticia. Cuando dirigía proyectos, mi universidad me decía que iba a reservar parte [del presupuesto] para pagar la indemnización si hubiera juicio. La nueva norma dice que tienes que usar un contrato laboral indefinido e incorporar la indemnización. Estamos viendo con el Ministerio de Ciencia si hay alguna fórmula que permita que los contratos duren lo que el proyecto.
P. ¿La universidad puede quedarse sin estos investigadores?
R. No. La idea de incorporar indemnizaciones es positiva para la estabilidad del sistema.
P. Invertir un 1% del producto interior bruto (PIB) en universidades, su objetivo, supondría destinar 1.715 millones de euros más. ¿De dónde van a salir?
R. Estamos en el 0,7% o 0,8% del PIB, que es el promedio de la UE. La ley necesita ir acompañada de financiación y en los últimos 20 años la universidad ha perdido un 20%. Son las comunidades las que deciden qué porcentaje va a la universidad y tenemos que conseguir que en los Presupuestos Generales del Estado se reconozca. Pero, al final, una parte muy importante de esta decisión será de las comunidades, cada uno ha de ser responsable.
P. ¿Hay que reinventar el papel de la universidad privada?
R. La última universidad [pública] que hicimos fue la Politécnica de Cartagena en 1998 y en estos 20 años se han fundado 20 privadas. El decreto [de creación y reconocimiento de las universidades] intenta poner un poco de orden en un sistema que tenía el peligro de que le llamásemos universidad a cualquier cosa. Las universidades tienen que cumplir unas condiciones determinadas, también las públicas, con altos porcentajes de precariedad: un porcentaje dedicado a la investigación [5%], número de doctores… Los chiringuitos son ahora más difíciles de hacer. Si no cumplen [el decreto], tendrán que decidir qué quieren ser porque no podrán ser universidades.
P. ¿Habrá menos universidades privadas entonces?
R. Tenemos que ir con cuidado. Tenemos la Universidad de Deusto, Navarra, Ramón Llull, Comillas… que tienen una tradición enorme, por tanto, no hay que confundir en el mundo de las privadas con cualquier cosa. Las universidades que no cumplan el decreto, tienen ahora cinco años para ser universidades de verdad. Si no lo pueden hacer, no podrán llamarse universidad.
P. En las redes sociales se despidió a Castells como un ministro que no había hecho nada cuando la evidencia es otra. ¿Qué ha fallado?
R. No ha podido desplegar lo que venía a hacer. Me contó sus planes de visitar los centros. Fue a la Universidad de Barcelona, País Vasco y llegó la pandemia. Venía de estar muchos años fuera, un hándicap que se le puede atribuir a Castells ―con el que no coincido, porque su labor normativa y de cambios ha sido significativa― que viene determinado por esa sensación de lejanía, de ausencia.
Joan Subirats, ministro de Universidades, durante la entrevista.Santi Burgos
P. ¿Quizás por no tener trayectoria política no entendió el oficio de la política?
R. Es, creo, el quinto autor más citado del mundo en ciencias sociales. Ha tenido una influencia enorme. Devaluar su figura por dos años en un momento excepcional es totalmente injusto.
P. Visto desde dentro del Gobierno, ahora que es ministro, ¿el conflicto catalán tiene solución?
R. Creo que ha habido un cambio muy importante. Ahora hay una mesa de diálogo y se asume que estamos frente a un problema político. Ahora tienen que pasar cosas.
P. Usted posiblemente estará en la mesa. ¿Qué cosas tienen que pasar ahí?
R. No sé si estaré en la mesa, pero tenemos que conseguir que haya procesos de avance, que esa mesa dé frutos. Cosas que pongan de relieve que se reconoce el problema y se buscan fórmulas de solución. El president de la Generalitat hablaba de acción exterior, lengua, financiación, respeto a las decisiones del Parlament. Estas son cosas concretas.
P. Usted planteó una consulta, algo que el PSOE rechaza. ¿Le llamaron la atención en el Gobierno?
R. No, de hecho luego vi que la portavoz del Gobierno habló de consulta en relación a un acuerdo. Yo lo que dije es que cualquier modificación en el sistema político debería tener una ratificación por consulta. Esto es, si se llega a un acuerdo tendrá que haber algún tipo de votación.
P. La encuesta de EL PAÍS señalaba el desgaste del Gobierno. ¿Qué tendría que hacer la coalición para evitar caer ante una ola de derecha?
R. La encuesta señalaba que el grado de acuerdo sobre las políticas del Gobierno es mucho mayor que sobre la política. Esto es importante. Las políticas de igualdad, de transición ecológica, digital, de redistribución, de protección, están bien valoradas. La capacidad de recuperar la legitimidad de la política debería basarse en la capacidad de protección de la gente.
P. ¿Cómo se frena la ola de derechas?
R. La ola de derechas expresa también esa sensación de desasosiego hacia el futuro, la búsqueda de elementos más básicos, un rechazo a cambiar. Deberíamos ser capaces de relacionar protección y cambio. Hay que volver a Polanyi y su libro La gran transformación, que escribió en 1944. Reflejaba muy bien el gran cambio de época de la transición hacia la sociedad industrial. Eso explica los procesos de gran estatalización del fascismo, el comunismo o el welfare state. Eso es algo que hoy vuelve a estar muy presente. No es extraño que haya una revitalización del laborismo, de protección ante una sociedad que cambia.
P. ¿Qué queda del Unidas Podemos que llegó a tener cinco millones de votos?
R. Bueno, se fundó en 2014 y ahora estamos en un Gobierno de coalición, no está mal. Entonces el bipartidismo parecía infranqueable. UP trajo una nueva agenda, un nuevo sentido común y otra manera de hacer política. El balance es positivo.
P. ¿Yolanda Díaz puede llegar más lejos que Pablo Iglesias?
R. Creo que ella está captando bien esa necesidad de superar las lógicas de erosión de valores socialdemócratas. No es casual que Sánchez insista mucho en los valores socialdemócratas y que Díaz debata con Piketty en Madrid hace unos días. Es un momento distinto al de Pablo Iglesias, que tenía que remover el sistema político. Ahora el reto es cómo afrontamos de manera redistributiva y con protección estos años de cambio.
P. Si Ada Colau pedía a otros que dimitiesen cuando eran imputados, ¿no debería hacerlo ella también al ser imputada?
R. El contexto no tiene nada que ver. No podemos dar credibilidad a una asociación fantasma que, insistiendo en un tema ya desestimado anteriormente por los tribunales, utiliza un código ético ultraexigente para cargarse sin más a un político electo.
Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.