Cuatro meses después de publicar el informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019 en Chile, Joel Hernández, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visita Santiago para establecer con el Gobierno de Gabriel Boric un plan de seguimiento a las recomendaciones que se hicieron. La mayor preocupación de Hernández ahora es la necesidad de avanzar en una reforma de la policía y la reparación a las víctimas. “No ha habido un proceso integral por parte del Estado para la identificación y la atención de las víctimas”, sostiene en la recepción del hotel donde se hospeda en la capital chilena. Tras una seguidilla de encuentros con las principales autoridades, afirma que han sido “autocríticos con la situación de los derechos humanos del país”.
Pregunta. ¿Cuál es es la situación de derechos humanos en Chile?
Respuesta. La situación es que hay un grupo de personas que resultaron afectadas por el estallido social. Cerca de 400 personas fueron afectadas, la mayoría con lesiones oculares, que aún están en procesos de recuperación. Es uno de los temas donde se ve que las secuelas del estallido social siguen abiertas. Hay otros que aborda el informe relacionados a la agenda de derechos económicos, sociales y culturales, que son los que dieron origen al estallido y el posterior acuerdo político para la convocatoria de una convención constitucional.
P. Hay un debate sobre si existen presos políticos del estallido. ¿Cuál es la postura de la CIDH?
R. La palabra presos políticos tiene una connotación específica: son personas que se encuentran detenidas en razón de sus opiniones políticas, religiosas y a las que se coarta su libertad en razón de ese posicionamiento personal. Aquí lo que observamos es que son personas detenidas que siguen procesos en razón de otras causas que se dieron en el marco del estallido, pero no hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta. Eso sí sería contrario a todo estándar. La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social.
P. Existe un proyecto de ley que busca indultar a presos de las revueltas.
R. Esa es una potestad del Estado, la de hacer valer leyes que permitan la liberación anticipada de las personas privadas de libertad.
P. ¿Recomendaría aplicarla?
R. No conozco los detalles de la ley para decir de manera absoluta que debe de continuar en ese camino. Mi comentario general es avanzar a una política que reduzca el número de personas en prisión y que sea limitada estrictamente a los umbrales que se justifican.
P. ¿Qué valoración hace del papel de las fuerzas del Estado en el estallido?
R. El análisis de la comisión es que hubo un uso excesivo de las fuerzas en el control de las manifestaciones. Lo que se vivió en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 es una protesta multitudinaria, de dimensiones inimaginables, en donde el cuerpo de la policía fue rebasado. No contaba ni con la capacitación ni con el entrenamiento para enfrentarlo. Eso dio lugar a una serie de violaciones: desde el uso indebido de armas no letales, como los perdigones, que fueron suspendidos, o las bombas lacrimógenas en contra de los cuerpos de las personas. El Estado no estaba preparado para esta protesta y eso derivó en las violaciones.
P. La policía enfrenta un problema de imagen ¿Qué recomienda?
R. Es un reto enorme. La comisión observó hace dos años el deterioro en la percepción pública del cuerpo de Carabineros. Hubo una imagen negativa de su actuación y sin lugar a dudas es un trabajo que hay que realizar. Creo que una política de acercamiento público se ve reforzada cuando la actuación de la policía se hace respetuosa de los derechos humanos. En este ambiente de tensión, un exceso en el uso de la fuerza se convierte en un deterioro más de la imagen.
P. La imagen de la policía se ha deteriorado, al igual que el índice de seguridad en Chile, el cuarto más bajo de la región, según Gallup.
R. Esa percepción de la sociedad sobre su seguridad es de gran relevancia y tiene que ser tomada en cuenta por las autoridades para mejorar las condiciones. Representan llamadas de atención para el Estado. Desde luego hay que contrastarlas con los hechos. Una cosa es la percepción y otras son los datos duros.
P. Los índices de delincuencia se han disparado.
R. Obviamente tiene que haber una respuesta estatal. Ahí hay un gran desafío de Chile para proveer mejores condiciones de seguridad, que pasa también por hacer una revisión de las condiciones actuales del tejido social. No hay que verlo exclusivamente como un delito per se. Requiere una política criminal mucho más amplia que entienda el contexto en el que se da el delito y los orígenes.
P. Dentro de las 60 recomendaciones que entrega el informe, ¿cuáles son las principales?
R. Existen cuatro ejes prioritarios: reparación integral de las víctimas del estallido; las acciones que tiene que llevar a cabo el Estado para las persecuciones de las violaciones incurridas; un proceso de reforma al cuerpo de Carabineros relacionado al manejo de protocolos sobre la actuación policial en el contexto de una protesta social; y las reformas legislativas que tienen que ser impulsadas para garantizar el derecho a la protesta social.
P. El informe decía que el Estado chileno estaba al debe en las reparaciones. ¿Eso ha avanzado?
R. Lo que hemos observado es que no ha habido un proceso integral y comprensivo para la identificación de las víctimas y la atención para cada una de ellas. El tema no se agota en una cuestión de recuperación médica. Las secuelas del estallido también han dejado secuelas en los afectados y requieren un apoyo sistematizado.
P. ¿Están siguiendo la situación de conflicto que se vive en la zona mapuche de la Araucanía?
R. Sí, es un tema que la CIDH ha venido siguiendo desde antes del estallido. Estamos muy conscientes de la situación del pueblo mapuche, de sus reivindicaciones tradicionales respecto a su cultura, pero también al arraigo a sus tierras ancestrales, y cómo esto ha dado lugar en distintos momentos a enfrentamientos con el Estado.
P. ¿Cómo ven la situación en cuanto a la seguridad?
R. A veces se confunde mucho si puede haber medidas de seguridad, un derecho que tienen los ciudadanos a ser protegidos, a través de medidas que sean violatorias a los derechos humanos. La única fórmula posible es ejecutar medidas de seguridad con pleno respeto a los derechos humanos.
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