Poco después de su arrolladora victoria electoral de diciembre de 2019, Boris Johnson y su pareja, Carrie Symonds, decidieron irse a descansar al Caribe. Más de un año después, ese respiro ha regresado para poner contra las cuerdas al primer ministro británico. El organismo del Parlamento de Reino Unido que vigila el cumplimiento de las normas éticas y de conducta de los diputados ha abierto oficialmente una investigación por la presunta financiación ilegal de sus vacaciones la isla de Mustique, durante el Año Nuevo de 2020. Este nuevo procedimiento se suma al ya abierto por la Comisión Electoral sobre la decoración de la residencia privada del político en Downing Street. Johnson ha devuelto ya más de 57.000 euros, pero el uso de donantes anónimos, que canalizó el partido, para financiar en un primer momento las reformas, ha provocado la apertura de pesquisas formales por parte del organismo que supervisa las cuentas de las formaciones políticas.
La comisionada parlamentaria de normas, Kathryn Stone, será la encargada de dilucidar si los pagos se ejecutaron de forma legal, ya que Johnson había asegurado que recibió alojamiento por valor de 15.000 libras (17.000 euros) por parte del empresario David Ross, donante habitual del Partido Conservador y dueño de la empresa Carphone Warehouse.
Ross quiso negar en un primer momento que había costeado el viaje a Mustique, una isla privada situada en San Vicente y las Granadinas, aunque más tarde aclaró que sí había “facilitado” el alojamiento del primer ministro y que se trataba de un regalo “en especie”.
El organismo que encabeza Stone informa en su página web de que investiga al primer ministro por una supuesta violación del artículo 14 del Código de Conducta. La comisaria lanzó su investigación el pasado marzo, pero gracias a la entrada en vigor hoy de nuevas reglas sobre su oficina, difundió la identidad de Johnson como el objeto de esas pesquisas.
El artículo 14 del Código de Conducta especifica que los diputados de la Cámara de los Comunes deben “cumplir los requisitos de la Cámara al respecto del registro de intereses” y se exige que sean “abiertos y francos al llamar la atención sobre cualquier interés relevante”. Los parlamentarios deben declarar cualquier regalo que reciban en los 28 días posteriores, y cualquier infracción grave puede acarrear su suspensión.
A pesar de la acumulación, en las últimas semanas, de acusaciones contra Johnson y contra la ética con que opera Downing Street, los electores no han castigado de momento al Partido Conservador ni al propio primer ministro. En las recientes elecciones municipales del 6 de mayo, el conocido como “superjueves”, los tories propinaron una severa derrota a la oposición laborista, sobre todo en los feudos del norte de Inglaterra donde la izquierda había predominado históricamente. El Brexit dio la vuelta al voto del llamado “muro rojo”, y Johnson ha demostrado que ese giro en las preferencias de los electores no era circunstancial. Su victoria ha consolidado la idea de que el Partido Conservador ha logrado construir una nueva base de apoyo a costa de los laboristas.
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