La farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) ha acordado pagar 230 millones de dólares al Estado de Nueva York para resolver una demanda de la Fiscalía por su responsabilidad en la crisis de los opioides —potentes analgésicos derivados sintéticos del opio— en Estados Unidos. El pacto supone la suspensión en todo el país de la producción y venta de sus fármacos opiáceos, así como continuar los pagos al Estado durante los próximos nueve años.
El acuerdo es el enésimo capítulo de la larga serie de contenciosos contra las farmacéuticas responsables de provocar la peor crisis de salud pública en EE UU entre la del sida y la pandemia de coronavirus. En la picota se halla principalmente la farmacéutica Purdue Pharma, a la que se atribuye el papel más activo y devastador en la epidemia de adicciones que ha matado a más de medio millón de estadounidenses entre 1999 y 2019, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés).
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, había interpuesto hace dos años una demanda contra varios fabricantes y distribuidoras. El acuerdo con J&J se produce pocos días antes de que comience el juicio por su papel en la crisis de las adicciones. Por tanto, J&J quedará al margen del proceso judicial, que empezará este lunes en un tribunal de Long Island. La compañía, no obstante, tiene demandas pendientes en otros puntos del país. No es el primer desembolso millonario para el gigante farmacéutico, que a primeros de mes vio cómo el Tribunal Supremo confirmaba la sanción de 2.000 millones de dólares por los casos de cáncer provocados por su polvo de talco.
“La epidemia de los opiáceos ha destrozado innumerables comunidades en el Estado de Nueva York y el resto de la nación, volviendo adictas a los peligrosos y mortales opioides a millones de personas”, explica la fiscal James en un comunicado. “Johnson & Johnson contribuyó a alimentar este incendio, pero hoy se compromete a dejar el negocio de los opioides no solo en Nueva York, sino en el país entero. Los opioides ya no serán fabricados o vendidos en EE UU por J&J”.
Mucho menos prescritos que el Oxycontin —el opioide más distribuido, de Purdue Pharma, comercializado en España como Oxicodona—, los dos fármacos de J&J “diseñados para ayudar a pacientes que padecen dolor”, con los nombres comerciales de Duragesic y y Nucynta, han supuesto, según James, “menos del 1% del total de prescripciones” de opiáceos en EE UU desde su lanzamiento.
El Estado de Nueva York estudia la creación de un fondo compensatorio para las víctimas y las comunidades afectadas por la epidemia. La cuantía de la multa acordada con J&J se destinará a financiar la prevención, el tratamiento y las campañas de educación contra el consumo de estas sustancias.
Además de J&J, y de la citada Purdue Pharma —acogida a una declaración de quiebra en la que muchos ven un intento de reestructuración—, un elevado número de condados, municipios y Estados en todo el país se han querellado contra las farmacéuticas implicadas en la crisis de los opiáceos. El monto del acuerdo total para cerrar el caso se eleva a más de 26.000 millones de dólares, según el diario The Wall Street Journal. En las negociaciones participan las empresas McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health, que en conjunto distribuyen la mayor parte de los medicamentos que se venden en el país, junto a J&J. Purdue Pharma ofreció el pasado mes de marzo un acuerdo para zanjar demandas milmillonarias.
Los acuerdos entre farmacéuticas y autoridades se han incrementado en las últimas semanas a raíz del inicio de sendos juicios en los Estados de California y Virginia Occidental, según las fuentes consultadas por el diario. No obstante, el alcanzado por J&J y la Fiscalía de Nueva York no implica “admisión de responsabilidad por irregularidades”, señala el portal informativo Insider. “Las acciones relativas a la comercialización y promoción de importantes analgésicos prescritos [por los médicos] fueron apropiadas y responsables”, ha comunicado J&J. El gigante de la industria farmacéutica fue precisamente objeto del primer juicio en el país por la crisis de los opiáceos, en 2019 en Oklahoma, y resultó en una multa de 465 millones de dólares que la firma ha recurrido, según The Wall Street Journal.
Aunque la pandemia ha monopolizado toda la información sanitaria en el último año, la actualidad de la devastadora crisis de los opiáceos no decae. Un documental de HBO sobre la familia Sacker, propietaria de Purdue Pharma, y un libro sobre su auge y caída —con el concurso interesado del sistema de salud, cuyos responsables miraron para otro lado durante años— se suman al demoledor relato de lo que ha supuesto la epidemia de adicciones en un segmento específico de la población estadounidense: los blancos de clase obrera. Se trata del libro Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo, de los economistas Anne Case y Angus Deaton, ganador del premio Nobel de Economía.
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