El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury continuará en prisión preventiva mientras es procesado por supuestamente recibir sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética el sexenio pasado, luego de que un juez federal rechazara un amparo que interpuso buscando continuar su proceso en libertad.
Entre los argumentos presentados por la defensa de Lavalle, se afirma que el juez de control que lo vinculó a proceso en abril, por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, fue influenciado por publicaciones en medios de comunicación que validaban los argumentos en su contra planteados por la Fiscalía General de la República (FGR).
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El juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Antonio González González, determinó que el exlegislador debía permanecer en prisión, ya que debido a los recursos económicos y los contactos políticos con los que cuenta, así como la incertidumbre sobre el domicilio que habita, hacen factible su riesgo de fuga, destacando que cuenta con un pasaporte vigente y que se sabe de, al menos, 18 entradas y 21 salidas del país.
El pasado 4 de mayo Lavalle interpuso infructuosamente un amparo para suspender provisionalmente la prisión preventiva justificada, pero también le fue negado por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.
En ese momento, el panista alegó que la medida cautelar que le fue impuesta afectaba o dañaba irreparablemente a sus cuatro hijos, pero no sólo eso, argumentó que solicitó la suspensión definitiva porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional, por presentar un “trastorno mental” que le impide permanecer privado de su libertad.
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En respuesta, el juez determinó que era improcedente concederle la medida cautelar, ya que “no se observa alguna circunstancia de la cual pudiese advertirse una situación afectatoria a la integridad física o emocional de sus hijos”.
Los cargos contra el exlegislador se relacionan con actos de corrupción para la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuestamente haber recibido un soborno de 97 millones 190 mil pesos y por lavar 52 millones 390 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Lavalle -quien pertenecía a Acción Nacional pero fue expulsado en 2018- fue señalado por el extitular de Pemex Emilio Lozoya de haber recibido sobornos a cambio de impulsar la aprobación de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Lavalle siempre ha negado las acusaciones de Lozoya, las cuales quedaron plasmadas en una denuncia que presentó en agosto del año pasado, en la que señala principalmente al ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
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“Con la certeza de que durante mi paso por el servicio público actué siempre con rectitud, me apersonaré a la carpeta de investigación para defender mi honorabilidad. Emilio Lozoya no puede probar sus dichos por la sencilla razón de que son rotundamente falsos”, declaró Lavalle en agosto de 2020, luego de que se difundiera públicamente la denuncia del ex director de Pemex ante la FGR.
Sin embargo, en agosto también, apareció un video que implicó a Lavalle en los sobornos.
Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado, quien aparece en un video recibiendo fajos de billetes de un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), confesó a la Fiscalía General de la República (FGR) que no fue una, sino 15 maletas de dinero las que recibió en siete ocasiones como parte de la trama de sobornos que entregó la empresa Odebrecht en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dio a conocer el periódico Reforma.
El pasado 24 de agosto Reforma publicó que la FGR tiene perfilada una imputación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, en contra de Peña Nieto y Videgaray por los sobornos que presuntamente entregó Emilio Lozoya.
“(Peña y Videgaray) forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas”, enuncia la imputación de la FGR contra Lavalle reproducida por el diario.
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En noviembre de 2020, se informó que cuando la FGR intentó infructuosamente obtener la orden de aprehensión contra Videgaray, planteó en su solicitud que Enrique Peña Nieto eventualmente podría ser responsable de cohecho y traición a la patria.
A finales de julio de este año trascendió que la FGR aún no llamaría a comparecer a Peña Nieto para que declare sobre los presuntos sobornos de su gobierno a legisladores para la aprobación de la reforma energética.
Con información de Milenio y La Jornada
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