El consejero delegado de Endesa, José Bogas (Madrid, 1955), recibe a EL PAÍS en una espaciosa y luminosa sala de la sede central de la eléctrica menos de 24 horas antes de que el Ejército ruso empiece a bombardear Ucrania. Tras un año de crisis energética, ahora exacerbada por la subida del gas natural provocada por Vladímir Putin, el primer ejecutivo de la compañía niega falta de empatía social, pero reconoce “errores de comunicación”. Cree que los precios bajarán con fuerza a medida que las renovables vayan ganando peso en la matriz de generación, descarta falta de suministro y defiende el sistema marginalista al tiempo que crítica la existencia de una tarifa regulada o PVPC. Bogas admite la gravedad del fallo en sus sistemas informáticos que ha dejado a miles de usuarios sin recibir su factura de la luz durante meses, que se compromete a tener resuelto a finales de marzo.
Pregunta. ¿Cómo puede afectar la guerra de Ucrania al mercado energético europeo en general, y a España en particular?
Respuesta. Su afección a Europa es muy importante. Todos pensábamos que esta crisis de precios iba a ser muy fuerte durante la segunda parte del año 2021 y el primer trimestre 2022, para luego ir remitiendo. Pero hoy los futuros dicen que van a seguir muy altos hasta el cuarto trimestre de este año, en cerca de 180 euros para decaer ya en 2023.
P. ¿Hay riesgo de desabastecimiento de gas?
R. Rusia es muy importante para Europa, porque suministra el 40% del gas. Pero en España, además de la conexión con Argelia, tenemos la ventaja de contar con seis regasificadoras. Aquí no habrá falta de suministro: este no es un escenario que se contemple. La subida de precios, en cambio, sí nos afecta.
P. Los precios de la luz ya eran muy altos antes de esta crisis. ¿Por qué España sufrió este encarecimiento antes que el resto?
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R. La primera carencia es la denominada tarifa regulada. En España ha triunfado la teoría de que siempre es más barato el precio spot [el mercado al contado, al que está ligada la tarifa regulada], pero llega 2021 y se produce una crisis enorme e imprevista. Esto ha afectado a las pequeñas comercializadoras y a los clientes que tienen tarifas PVPC [reguladas]: unos 10 millones, un tercio del total. No tiene que ver con que sean vulnerables: están convencidos de que esa es la mejor tarifa.
P. En el mercado libre también están subiendo, y mucho, las tarifas a medida que vencen los contratos y toca renovarlos.
R. Nuestra energía la estamos vendiendo a precios bajos, y todos hacemos más o menos lo mismo. Pero la parte de las llamadas Recore [renovables, cogeneración y residuos] hay que comprarla a 180 euros y no puedes venderla a 60 euros. Yo puedo vender a mis clientes mi propia generación a ese precio, que cubre mis costes: no internalizo el precio del mercado mayorista, porque me doy por satisfecho con la rentabilidad que tengo y porque creo que esto es coyuntural… Pero lo que tenemos que hacer es ver cómo bajar esa parte de Recore.
P. Bruselas parece que empieza a abrir la mano con la modificación del sistema marginalista de fijación de precios, un cambio que España lleva meses pidiendo.
R. El sistema marginalista, y lo dicen los expertos, es el mejor para asignar recursos. Esto parece evidente: es el más eficiente para minimizar costes. Lo que habría que cambiar es el PVPC.
P. ¿Confía en que los precios bajen drásticamente a medio y largo plazo, cuando las renovables cubran un porcentaje mayor de la demanda?
R. Sí, los precios del mercado mayorista caerán. El problema es que las centrales de ciclo combinado [las que queman gas y que hoy son, junto con la nuclear, clave para cubrir las horas en las que las renovables no dan abasto] no recibirán retribución suficiente para cubrir sus costes y habrá que buscar algún sistema distinto de pagos por capacidad instalada, se utilice o no.
P. Con los datos en la mano, ¿pagaron los españoles más por la luz que en 2018?
R. La respuesta directa es no: pagaron menos. Y ahora, los matices: el cliente del PVC ha pagado más; el del mercado libre, menos; y la mezcla de ambos, también menos. Esto es así porque se bajaron el IVA, el impuesto a la electricidad, y los peajes y cargos. Con eso, lo que se consiguió es que al final el cliente doméstico pagase menos en 2021 que en 2018, como dijeron. Y así es: eso se cumplió estrictamente. Como no se cumplió, como digo, es por partes.
P. Teniendo en cuenta que los precios van a seguir siendo altos este año, ¿debería el Gobierno prorrogar las medidas fiscales?
R. Muy a mi pesar, sí: me gustaría que no las prorrogasen, porque eso significaría que ya estamos en una situación normal.
José Bogas, en la sede de la compañía.JUAN BARBOSA
P. ¿Comprende el indignación social por los buenos resultados de las eléctricas en un año de precios récord?
R. Sí, lo entiendo. Pero también ha aumentado la cobertura del bono social, por ejemplo, y eso lo pagamos las eléctricas. Es decir: también hay un esfuerzo importante de las empresas eléctricas por algo que ha regulado el Gobierno. No estamos aprovechando la subida, porque nos parece que no es el momento de hacerlo, y seguimos vendiendo a precios razonables. Estamos mitigando muchísimo el impacto negativo que está teniendo en los clientes. Y luego, como digo, hay problemas estructurales que tendría que resolver el Gobierno sin afectar a la cuenta de resultados de las empresas y no con medidas populistas, que es lo fácil, como la subasta obligatoria de energía.
P. Son muchas personas las que creen que las eléctricas están teniendo falta de empatía.
R. No es falta de empatía. En la sociedad en la que vivimos ahora es muy fácil decir cualquier cosa demagógica y muy difícil saber comunicar que eso no es así. Las empresas eléctricas están dominadas, básicamente, por ingenieros que tratamos de explicar las cosas con integrales elípticas. Pero los demás no. Y nos dicen: “Es usted un chorizo que gana mucho dinero”. George Lakoff, que estaba con los demócratas, decía que mientras un republicano necesite 30 segundos para decir una cosa y nosotros cinco minutos para contestar, estamos muertos. Y nosotros [las eléctricas] no necesitamos cinco minutos, sino media hora. Hay una leyenda urbana sobre los beneficios caídos del cielo de la hidráulica y la nuclear: hemos llevado las auditorías y aun así nos siguen diciendo que hemos amortizado las centrales… Son afirmaciones que no están basadas en nada.
P. ¿Qué autocrítica hace?
R. Ha habido mucho error de comunicación, y tendremos que seguir trabajando en ser más cercanos y transparentes. Pero hay una cosa que me choca mucho: en 2020, con la pandemia, todas las empresas, incluidas las eléctricas, hicimos, por responsabilidad social, aportaciones, mascarillas, respiradores, ayudamos para la digitalización de los colegios que no tenían recursos, a las pymes… Gastamos cantidades de dinero muy importantes y nos agradecieron por todos lados. Y yo dije: este es un punto de inflexión. Pues no, de eso ya no se acuerda nadie.
P. Mencionaba la nuclear. ¿Confía en un cierto resurgimiento de esta tecnología al calor de la crisis de precios?
R. La decisión sobre la nuclear es política, no técnica. El que una central nuclear funcione diez años más o diez años menos supone un 5% del problema total de residuos: el 95% ya está creado. Habrá que valorarlo.
P. ¿Le gustaría, entonces, que España siguiese la estela de Francia?
R. Como es una cosa política, es imposible. Es una cuestión cultural e ideológica. En el proceso de transición [energética], eso sí, es necesario que funcionen durante años tanto las nucleares como los ciclos combinados para dar estabilidad y firmeza.
P. ¿Ve deseable, entonces, un alargamiento de los plazos de operación de la nuclear?
R. Nuestro objetivo es un parque eléctrico 100% renovable, pero no podemos hacerlo de hoy para mañana. El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, impulsado por el Gobierno para reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990] es un grandísimo plan, con el que estoy de acuerdo en un 90% de lo que dice y tengo mis dudas con el 10%, el que tiene que ver con la estabilidad y la firmeza del sistema. La termosolar puede darla, pero a un coste disparatado. El bombeo también es muy difícil, casi imposible. Y las baterías tienen un futuro prometedor, pero un presente incierto. Nosotros no hubiéramos dado el paso adelante de cerrar las nucleares en una fecha concreta hasta no tener la seguridad de que tenemos las baterías. El Gobierno ha decidido hacerlo porque tiene la seguridad de que la evolución de la tecnología permitirá que haya baterías para entonces. Si no hay tecnología que dé soporte, no se cerrarán las nucleares. Pero sí se dan las circunstancias sí, sin ninguna duda.
P. Miles de clientes de Endesa llevan meses sin recibir su factura de la luz. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tengan un problema así?
R. Es un error grave. Empezamos la digitalización hace cuatro años, y los cambios en los cargos y peajes nos han llegado casi en el último minuto de ese proceso. El sistema no estaba probado y no ha funcionado bien. El año pasado aceleramos en esto y bajamos bastante las reclamaciones y las facturas en mal estado. Pero el 1 de enero cambiaron otra vez los peajes y volvieron a aparecer. Ahora mismo tenemos un poco más del 1% de nuestras facturas con errores. Pedimos disculpas y nos comprometemos a tenerlo solucionado el 31 de marzo.
P. ¿Qué facilidades darán para el pago de facturas atrasadas?
R. Dijimos a nuestros clientes que, una vez que se regularizaran las cosas, íbamos a ofrecer fraccionamiento de pagos sin intereses. Eso nos está costando dinero, pero creemos que había que hacerlo. Y, desde el primer momento, no estamos facturando a las comercializadoras.
P. Más allá del fraccionamiento, ¿se plantean algún tipo de descuento a los afectados?
R. Ofrecemos tarifas muy competitivas. Lo que vamos a hacer es facturarles una cantidad mensual que no variará, aunque hayan consumido más, hasta que el problema esté arreglado. Y eso es un descuento.
P. El año pasado fue anómalo en el sistema eléctrico, no solo por los precios: se recrudeció la guerra comercial y ustedes perdieron la primacía en número de clientes por primera vez en mucho tiempo. Además, han entrado nuevos competidores.
R. Siempre ha habido una alta intensidad competitiva en el sector eléctrico. Pero, de nuevo, esto no podemos verlo sin comprender lo que pasó en 2020: ese año los precios se fueron a 34 euros. Muchísimas pequeñas comercializadoras compraban a ese precio y vendían a 50. Nosotros, sin embargo, teníamos que asumir pérdidas por la parte que comprábamos a 50 euros y vendíamos por menos. Aumentó la competencia y fue una sangría de clientes para nosotros. Luego llegó el cambio tremendo en el mercado: los que les había ido muy bien pero no se habían asegurado, la tienen que comprar a 180. Estamos recuperando clientes porque estamos vendiendo más barato.
P. Pero también han entrado otros competidores, como Repsol, por ejemplo.
R. Las empresas petroleras han comprendido que tienen que cambiar su negocio hacia la electricidad. Están invirtiendo y comprando pequeñas comercializadoras y renovables. Mientras sean Repsol, Cepsa o Total, que son grandísimas empresas y que van aplicar márgenes razonables, no habrá problema. Lo peor de lo que ha ocurrido en el sector eléctrico español es que ha habido mucho oportunismo: cada año caen no sé cuántas empresas [comercializadoras] y el resto de agentes nos tenemos que hacer cargo de las pérdidas del sistema. Quiebran y al día siguiente, los mismos crean otra que sigue las mismas prácticas. Hay alguno que ya lleva tres quiebras de una comercializadora y ha dejado 30 o 40 millones [de euros] pendientes. Y no responden por ello porque no ponen los avales. Esto sí que hace daño y destruye valor.
P. ¿Cómo valora el proceso de reparto y desembolso de los fondos europeos?
R. España lo ha hecho fantásticamente bien en la fase de solicitud: manifestaciones de interés, hablar con los sectores, ver cómo lo vamos a implementar, analizar qué oportunidades podía haber… Fuimos los primeros en recibir los primeros 10.000 millones y en cumplir los hitos. Ahora viene el reto. En España tenemos dificultades administrativas, porque hay un Gobierno central, Gobiernos autonómicos y capitales con competencias sobre distintas cosas. Y porque, además, esto se da en un momento de tremendo fraccionamiento político.
P. Acaban de alcanzar un pacto con Cepsa para el desarrollo de puntos de recarga. ¿Van con retraso en esto?
R. Estamos en 9.500 puntos públicos y privados, y queremos alcanzar 46.000 en 2023 y 450.000 puntos en 2030. Tenemos un plan muy potente, pero tienen que funcionar muchas cosas: el vehículo eléctrico sigue siendo caro y debe evolucionar la autonomía de la batería. Tenemos que acelerar la implantación de los puntos de recarga y los servicios de movilidad; es uno de nuestros planes fundamentales.
P. ¿Cómo les está afectando la resistencia social en algunos lugares de España en la instalación de solar y eólica?
R. Efectivamente, hay una resistencia cada vez más creciente tanto por cuestiones ecológicas y sociales. Pero llevamos ya dos o tres años con políticas para minimizar esa inquietud. Cuando ponemos un parque, todo el pueblo está de acuerdo. Pero, ¿qué hacemos? Les informamos, les damos electricidad más barata desde el parque, les formamos para que trabajen allí… Es decir, creamos un valor compartido con la comunidad local. Hemos desarrollado parques que no son tan eficientes desde el punto de vista de la ocupación del terreno porque permitimos que haya agricultura, ganadería… Ese es el camino a futuro.
P. Pero esa resistencia social puede condicionar la hoja de ruta de despliegue de las renovables.
R. Sí, por supuesto. Y la única forma de que no lo haga es que hagamos al ciudadano partícipe de lo que estamos haciendo.
P. La hidroeléctrica, y no el gas, fija el precio de la luz en el 60% de las horas desde el inicio de la crisis energética. ¿Por qué?
R. Es por el coste de oportunidad: se analizan los precios y oferta un euro más barato de lo que piensas que va a ofertar un ciclo combinado. Pero si al final el ciclo no entra o entra con una oferta un poco más barata, quien acaba marcando el precio es la hidráulica.
P. Estamos hablando de centrales prácticamente amortizadas, con un coste de producción de 60 euros. Y que están recibiendo más de 200 euros por megavatio hora por la parte, por pequeña que sea, que venden en el mercado al contado.
R. No es nuestro caso porque la nuestra es fluyente y no tenemos el recurso embalsable. Y la tenemos vendida ya a 50 euros. Esto se lo deben preguntar a otros.
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