A cada auto dictado por la juez del 8-M para avanzar en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid le ha seguido un aluvión de reacciones políticas, sobre todo de dirigentes del PP y Vox. Pero este viernes, horas después de que la magistrada decretara el archivo del caso, ningún líder de ambas formaciones se ha hecho eco de la decisión de la juez Carmen Rodríguez-Medel. Los pocos que han hablado, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, lo han hecho a preguntas de los periodistas y para limitarse a mostrar su “respeto” por la decisión, la fórmula más desapasionada y habitual con que los políticos suelen despachar las resoluciones judiciales que les incomodan.
El pasado lunes, el líder del PP tardó apenas unos minutos en valorar en su cuenta de Twitter el contenido del segundo informe forense incorporado a la causa. “En un informe demoledor, el forense del 8-M señala que ‘la hecatombe se veía venir’, que el Gobierno subestimó la gravedad del Covid, y que actuó tarde y mal. Afirma que justo después de las manifestaciones la situación ya era dramática. Lo sabían”, escribió Pablo Casado, que ha ido elevando el tono contra la actuación del Gobierno del 8-M a medida que se conocían los informes de la Guardia Civil y del forense del caso. Este viernes, el presidente del PP guardó
Una vez cerrada, al menos de momento, la vía judicial, el PP va a seguir aferrado como argumento político a los supuestos efectos del 8-M en expansión de la pandemia, según se desprende de las palabras de Montesinos. “Respetar las decisiones judiciales es compatible con exigir responsabilidades políticas al Gobierno de España”, ha advertido el dirigente popular, que ha insistido en que “las manifestaciones del 8-M no se debieron celebrar”. “El problema no es el feminismo, el problema es que el Gobierno no debió convocarlas ya que tenía información” para no hacerlo, ha sostenido Montesinos citando “informes y alertas de la Unión Europea”.
Tampoco Vox hizo este viernes referencia al cierre de la causa contra el delegado del Gobierno, a pesar de que el partido de Santiago Abascal estaba personado en la causa y en las últimas semanas ha calificado de “criminal” la gestión del Ejecutivo el 8-M.
Ciudadanos se ha mantenido en las últimas semanas más al margen de las decisiones que iba tomando la juez y este viernes recurrió también a la fórmula del “respeto”. “Respeto antes, ahora y mañana”, dijo el portavoz adjunto de la formación, Edmundo Bal, a preguntas de los periodistas tras reunirse en La Moncloa con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas, Carolina Darias. Bal defendió la “independencia” de Rodríguez-Medel e ironizó sobre el hecho de que “determinados grupos” que antes pensaban que era una juez “malvada” ahora piensen que “se ha convertido en una juez bondadosa”.
Por parte del Gobierno, hubo también escasas reacciones y las que se produjeron, a preguntas de los periodistas, tendieron a la prudencia. “El Gobierno no reacciona a las decisiones judiciales. Estoy convencido de que todos los españoles están convencidos de que el Gobierno lo ha dado todo”, afirmó el ministro Salvador Illa, señalado en algunos de los informes incorporados a la causa por su gestión al frente de Sanidad. La titular de Defensa aseguró que el Gobierno “no tenía ninguna duda” de que la causa se iba a archivar porque el delegado del Gobierno “no ha cometido ningún delito”. Más pasional se mostró la ministra de igualdad, Irene Montero, que se hizo eco del auto de la juez en su cuenta de Twitter. “La justicia tumba la estrategia de señalamiento al 8-M. Eso sí, ahí quedan las páginas y horas de tertulias criminalizando al feminismo. La derecha y su trumpismo del malo: difama y miente que algo queda. No frenarán la lucha de las mujeres por una sociedad justa y feminista”, escribió.
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