Las dos jóvenes tailandesas acusadas del delito de lesa majestad, que retiraron su fianza para volver a prisión a modo de protesta, abandonaron este sábado la huelga de hambre que han mantenido durante 52 días para reclamar una reforma de la Justicia en Tailandia.
Así lo anunciaron Orawan Phuphong, de 23 años, y Tantawan Tuatulanon, de 21 años, en la red social Facebook, asegurando que abandonan la huelga de hambre para “salvar” sus vidas “y poder seguir luchando”, mientras continúan ingresadas en un hospital al norte de Bangkok.
Foto vía Twitter @ThaiEnquirer
“Los médicos están preocupados por si nuestros riñones y otros órganos se ven afectados por el largo periodo sin alimentos ni agua“, apunta Tantawan en dicha red.
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Ambas están imputadas por el delito de lesa majestad -penado con hasta 15 años de cárcel- por realizar en 2022 una encuesta callejera sobre los cortes de tráfico causados por la comitiva real, y demandan que se reformen las draconianas condiciones que los tribunales imponen a los activistas bajo libertad provisional.
Además, exigen la libertad bajo fianza para varios jóvenes encarcelados de manera preventiva por diferentes delitos relacionados con las manifestaciones que desde 2020 reclaman una reforma democrática del país, incluyendo a la Casa Real.
A pesar de la protesta de las jóvenes, los tribunales tailandeses mantienen su persecución contra los miembros de grupos reformistas.
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El pasado martes un tribunal de Bangkok condenó a dos años de cárcel por el delito de lesa majestad a un hombre detenido por parodiar al rey Vajiralongkorn en un calendario donde aparecía un pato con referencias veladas hacia el monarca.
La ley de lesa majestad, recogida en el artículo 112 del Código Penal, establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las más draconianas del planeta en este terreno.
La oenegé Thai Lawyers for Human Rights denuncia el incremento de los casos de lesa majestad en Tailandia desde noviembre de 2020, cuando el gobierno retomó la aplicación de dicha normativa para sofocar en los tribunales al movimiento prodemocrático liderado por universitarios.
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Al menos 228 personas, incluidos menores, han sido acusadas de lesa majestad desde entonces, según TLHR, mientras que otros 1.890 -incluidos 284 menores- han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.
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