Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) llamaron este domingo a diputados a actuar con “sensibilidad” y “responsabilidad histórica” en las leyes secundarias de la reforma de pensiones, tras advertir riesgos de retroactividad, incertidumbre jurídica y vulneración de datos personales.
En un pronunciamiento público dirigido a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, las Asociaciones de Jubiladas y Jubilados de confianza de Pemex sostuvieron que “cualquier transformación debe ampliar derechos, no generar precedentes que los debiliten”.
Subrayaron que modificar condiciones de retiro ya otorgadas implicaría afectar “derechos consolidados”, en contra del principio de no retroactividad de la ley.
También, advirtieron de una eventual pérdida de certeza jurídica, pues las reglas con las que los trabajadores construyeron su proyecto de vida “no pueden cambiar de manera unilateral una vez concluida su vida laboral”.
Las asociaciones añadieron que abrir espacio a ajustes discrecionales en beneficios previamente establecidos “rompe el principio de legalidad” y deja a las personas en vulnerabilidad frente al poder público.
Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquier otro sector.
Además, acusaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de haber difundido el 13 de marzo información “falsa” sobre supuestas “pensiones exorbitantes”, incluyendo identidades de personas jubiladas, lo que, afirmaron, generó desinformación y vulneró principios de protección de datos personales.
Pronunciamiento de las Asociaciones de Jubiladas y Jubilados de confianza de @Pemex sobre la reforma en materia de pensiones pic.twitter.com/0U6JXZI3rl
— Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex (@jubiladosPemex) April 5, 2026
El llamado ocurre después de que las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 127 de la Constitución, que fija que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas no excedan la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal.
La propuesta incluyó a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, con exclusiones para Fuerzas Armadas, aportaciones voluntarias a cuentas individuales, aportaciones sindicales complementarias y la pensión no contributiva.
Entre sus transitorios, el proyecto prevé que las pensiones ya otorgadas y no excluidas se ajusten al nuevo tope, uno de los puntos que ha detonado las críticas de jubilados y de parte de la oposición por su posible efecto retroactivo.
Hasta ahora la propuesta sigue un proceso de aprobación en las legislaturas estatales de todo el país, ya que, al ser un cambio constitucional, requiere el aval de por lo menos la mitad más uno de los Congresos estatales para publicarse de forma oficial, entrar en vigor y dar paso a los legisladores para elaborar las leyes secundarias para su aplicación.