El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desechó de forma definitiva los cuatro expedientes de queja que la magistrada Elba Sánchez Pozos había presentado contra lo que ella denomina “un grupo de poder” cercano al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Los expedientes de queja que han sido desechados fueron presentados por Sánchez Pozos contra la también magistrada Selina Haidé Avante Juárez, hermana del actual Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte y colaborador estrecho del ministro Zaldívar Lelo de Larrea, Mario Gerardo Avante Juárez, por presunto acoso laboral y violencia de género.
En una resolución notificada a la magistrada Sánchez el pasado lunes 29 de agosto, el CJF desechó un recurso de inconformidad que había presentado contra la determinación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (Ugira) del Consejo de la Judicatura en el cual se determina no proceder de manera administrativa contra la magistrada Avante Juárez ni contra el magistrado Jorge Mercado Mejía, ex integrantes Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, señalados por la magistrada Sánchez.
La resolución firmada por el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, confirma las conclusiones emitidas por la Ugira en un dictamen conclusivo del 20 de octubre del 2021, con el argumento de que “no existen elementos demostrativos suficientes que lleven a deducir la existencia de actos que constituyan faltas administrativas de los funcionarios denunciados”.
“En la materia del recurso se CONFIRMA la parte considerativa en la que se emitió dictamen conclusivo en la resolución impugnada de 20 veinte de octubre de 2021, en la que la UGURA declaró finalizada la investigación J/336/2019 y sus acumulados, y determinó que no existen elementos demostrativos suficientes que lleven a deducir la existencia de actos que constituyan faltas administrativas de los funcionarios denunciados”.
El carpetazo a las denuncias de la magistrada Sánchez también incluye los expedientes de investigación que se abrieron por las denuncias que ella mismo presentó en 2019 contra el magistrado Jorge Mercado Mejía y la secretaría particular de la magistrada Selina Avante, Claudia Berenice Anguiano Rentería, a quienes señaló como presuntas corresponsables del acoso laboral que sufrió tras negarse una sentencia que ordenaba la libertad de una persona detenido por homicidio doloso, la cual se habría resuelto fuera de sesión y sin que ella conociera el proyecto como marca la ley.
Para la magistrada Elba Sánchez Pozos, actualmente suspendida, la resolución demuestra que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea es juez y parte en el proceso administrativo que se sigue en su contra, al igual que los supuestos integrantes del “grupo de poder” del que forman parte los hermanos Avante.
Por lo anterior, insistió en que existe una persecución en su contra al interior del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la denuncia que presentó contra la magistrada Selina Avante por denunciar la actuación irregular en el caso de la persona que habría sido liberada en una resolución emitida fuera de norma.
Disputa en tribunal de Quintana Roo
Cabe recordar que en entrevista para Aristegui Noticias, la magistrada Elba Sánchez Pozos aseguró que las sanciones que enfrenta por parte de la Comisión de Disciplina del CJF forman parte de un montaje para expulsarla del Tribunal Colegiado de Quintana Roo en el que trabajaba hasta el 2019, con el fin de que no votara en la sesión para resolver el amparo a Kamel Nacif.
Según la funcionaria judicial, el grupo de poder al que pertenecen el Subsecretario de Acuerdos de la Corte, Mario Gerardo Avante Juárez, su hermana la magistrada Selina Avante y el Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpízar, tuvo cinco meses para fraguar el montaje en su contra.
Sánchez Pozos agregó que una vez que fue expulsada del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, la magistrada Avante Juárez recontrató a una secretaria proyectista, identificada como Graciela Bonilla González que previamente había renunciado a su ponencia u oficina, para posteriormente designarla magistrada en funciones y así sumar su voto a favor de la exoneración de Kamel Nacif.
En una entrevista concedida a Aristegui Noticias, la magistrada federal explicó que la primera persona que tuvo conocimiento de su denuncia fue el Secretario General de la Presidencia del CJF, Carlos Antonio Alpízar Salazar, otro de los hombres de confianza de Zaldívar.
Sin embargo, en lugar de que su denuncia rindiera frutos, Alpízar habría informado a la propia Selina y a su hermano Mario Gerardo, a quienes acusa de formar un grupo de poder, provocando así las represalias en su contra.
De acuerdo con la resolución a la que Aristegui Noticias tuvo acceso, el Consejo de la Judicatura Federal desestimó como prueba el dictamen conclusivo elaborado por la Visitaduría Judicial tras una inspección al Tercer Tribunal Colegiado con residencia en Cancún, Quintana Roo, en la cual se advierte que no existen pruebas de que la magistrada Elba Sánchez Pozos haya faltado a su profesionalismo.
Por el contrario, se sostiene que si hay indicios de que los magistrados Selina Avante y Jorge Mercado “no preservaron el profesionalismo propio de la función judicial en el desempeño de sus labores, lo que evidentemente constituye una infracción administrativa”.
Por lo que se refiere a la Secretaria Particular de la magistrada Avante, Claudia Berenice Anguiano Rentería, el informe de la Visitaduría señala que “generaron una serie de actos graves como lo son, que se diera vista a la representación social de la Federación (Ministerio Público Federal) por la probable comisión de un hecho señala(sic) como delito en contra de la magistrada Elba Sánchez Pozos, por su negativa firmar el incidente del que habla, no obstante, como ya se vio, que el asunto no se le circuló, no se discutió ni se resolvió por el Pleno del Tribunal”.
A pesar de dichas conclusiones de la Visitaduría Judicial, el Consejo de la Judicatura desestimó sus conclusiones, con el argumento de que un informe emitido por un Visitador Judicial “constituye una mera opinión” y no es “vinculante para la autoridad investigadora” de la Comisión de Disciplina, la cual goza de la potestad para valorar o desestimar los medios que se hayan recabado durante sus investigaciones.
El Consejo de la Judicatura también rechazó el testimonio de un dirigente sindical del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de una secretaria proyectista del tribunal colegiado que comparecieron a favor de la magistrada Sánchez Pozos, el primero con el argumento de que sus dichos fueron posteriores a las primeras quejas presuntamente presentadas por secretarios proyectistas en contra de la funcionaria judicial.
Por lo que se refiere a una incapacidad médica tramitada por supuestos daños psicológicos que se le entregó a una empleada del tribunal federal con residencia en Quintana Roo, cuyo fin era acreditar que las mismas se podían obtener con facilidad y falsedades ante el ISSSTE; el Consejo de la Judicatura respondió que de acuerdo con un expediente de visita judicial, los secretarios proyectistas Casandra Arlette Salgado Sánchez, Graciela Bonilla González e Iván Cerón Bruno, si sufrieron acoso laboral por parte de la magistrada Elba Sánchez, por lo que se trataba de una prueba ineficaz para acreditar el montaje en su contra.
Por lo anterior, el CJF concluyó que “al resultar ineficaces los agravios formulados por la recurrente, lo procedente es confirmar la parte considerativa en la que se emitió dictamen conclusivo en la resolución impugnada”.
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