Otros involucrados también recibieron sanciones de acuerdo con su grado de participación
Por la filtración y venta de un examen para jueces de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó e inhabilitó por 10 años al magistrado Salvador Mondragón Reyes, ex director del Instituto de la Judicatura Federal (IJF)
En sesión del Consejo celebrada este miércoles, también fueron sancionados otros involucrados del Poder Judicial de la Federación, con base en su grado de su participación.
Sobre este asunto, la Dirección General de Comunicación Social del CJF emitió el siguiente comunicado:
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó hoy sancionar a diversos servidores públicos, entre ellos el ex Director General del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), por habérseles encontrado responsables de la filtración, y eventual comercialización, de información confidencial sobre el 28º concurso interno de oposición practicado por el IJF en 2018.
El ex Director General del IJF, magistrado federal, fue sancionado con la destitución e inhabilitación por 10 años frente a los hechos que se le encontraron responsable. Asimismo, el resto de los involucrados recibieron sanciones en función de su participación. Lo anterior, en términos generales, por no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de sus labores, con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La ética en la formación judicial y el desempeño de sus servidoras y servidores públicos es pilar fundamental para este Consejo. No hay situación alguna en la que habremos de tolerar conductas similares en el Poder Judicial de la Federación.
La profesionalización, integridad y capacidad de nuestras y nuestros juzgadores ha sido prioridad para el Pleno del CJF, y su presidente Ministro Arturo Zaldívar. Estamos convencidos en la formación como condición para una justicia confiable. Estamos convencidos en el fortalecimiento del IJF como medio para una mejor justicia, más profesional y socialmente sensible. Estamos convencidos de que el servicio público de la procuración de justicia se
debe completamente al bienestar y dignidad de la gente. Y ahí, la falta de integridad no tiene cabida.
(Información para efectos de divulgación. La versión oficial es la resolución).