Las jueces de una corte de apelaciones de Estados Unidos expresaron el martes su escepticismo ante los intentos del expresidente Donald Trump por evitar que los investigadores del Congreso accedan a los registros de sus conversaciones y acciones antes y durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia escuchó los argumentos orales, aún en curso, en el marco de la apelación de Trump contra la decisión de una jueza que autorizó que se entreguen los registros a una comisión del Congreso.
La jueza Ketanji Brown Jackson preguntó por qué Trump debería poder impugnar y anular la determinación del presidente Joe Biden de que se entreguen los documentos.
“¿Existe una circunstancia en la que un expresidente pueda tomar este tipo de decisión?“, preguntó Jackson, quien es vista como una posible futura nominada a la Corte Suprema por Biden.
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Justin Clark, uno de los abogados de Trump, argumentó que una ley de 1978, llamada Ley de Registros Presidenciales, otorga ese poder al exmandatario.
“No veo eso en el estatuto”, respondió Jackson.
La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el motín ha pedido a los Archivos Nacionales, la agencia estadounidense que alberga los registros de la Casa Blanca, que presente los registros de visitas, telefónicos y las comunicaciones escritas entre sus asesores.
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El panel ha dicho que necesita los registros para entender cualquier papel que Trump podría haber jugado en la incitación de la violencia.
La jueza Patricia Millett también preguntó por qué una decisión de un expresidente debería anular una del presidente actual. “Sólo tenemos un presidente a la vez bajo nuestra Constitución”, dijo Millett.
Trump demandó a la comisión y a los Archivos Nacionales para impedir la publicación. En las presentaciones judiciales, los abogados de Trump dijeron que la investigación liderada por los demócratas tiene motivaciones políticas y argumentaron que los documentos buscados por la comisión están protegidos por el privilegio ejecutivo, una doctrina legal que permite a los presidentes mantener en privado algunas de sus conversaciones.
Durante la audiencia del martes, el juez Robert Wilkins dijo que Trump no tiene derecho al tipo de revisión documento por documento que solicitó antes de que se publique cualquiera de los registros. “Me parece que su argumento es inconsistente con nuestro precedente”, le dijo Wilkins a Clark.
Reuters
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