Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia, explicó que la elección de jueces y magistrados por medio del voto popular en Bolivia no ha ayudado a cambiar los problemas estructurales del sistema de impartición de justicia.
“Mi experiencia, con el mayor respeto, es que los jueces nombrados popularmente no cambiaron ni están siendo capaces de cambiar en Bolivia, por lo menos, problemas estructurales que tiene en relación con otros temas y más bien si tienen una injerencia política partidaria de simpatía en alguna forma a la elección contribuyen más bien a un proceso regresivo de ese propósito”, aseveró en Aristegui en Vivo.
En 2009, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia introdujo el sistema de elección popular de cortes más altas de la justicia de este país sudamericano, con lo que se estableció que cada seis años, las y los bolivianos acudan a las urnas para renovar al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo de la Judicatura.
“Este debería ser un proceso rutinario que comprende una preselección a través de un procedimiento legislativo y luego se somete a las urnas”, explicó.
Sin embargo, Rodríguez Veltzé describió distintas problemáticas que han surgido en las dos ocasiones previas que llevan utilizando este modelo, como por ejemplo, que el partido dominante preselecciona con criterios partidistas a esos aspirantes y no por sus méritos.
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“Está claro que las dos experiencias previas revelaron que el partido dominante preseleccionó con criterios partidarios a esos candidatos, si no precisamente por sus méritos”, aseguró.
Según la constitución de ese país, el parlamento boliviano preselecciona a las y los jueces que serán votados por la ciudadanía para obtener un cargo.
“El año pasado debíamos volver a preseleccionar y votar, pero la pugna por elegir a esos candidatos por dos tercios de votos se tornó tan notable que hasta hoy, un año después, estamos con una asamblea que no los elige y se presenta una verdadera crisis democrática de Estado porque el proceso ha puesto en vilo la vigencia de ciertos derechos, la pugna política partidaria a tomado cuerpo en Bolivia, sobre el órgano judicial”, agregó.
Además, explicó que los magistrados que se encuentran en el poder actualmente, declararon una autoprórroga indefinida hasta que se produzcan las elecciones para elegir a otros representantes, pero Rodríguez consideró que hay condiciones difíciles para que estas se lleven a cabo.
“Esta dificultad partidaria llevó a que ese proceso de preselección vaya siendo postergado o demorado indefinidamente hasta hoy, las razones pueden explicarse en intereses políticos partidarios que tienen relación con decisiones judiciales en torno a la reelección presidencial en torno a los cuestionamientos a la gestión del gobierno a las decisiones judiciales que limitaron los procesos de controles y contrapesos en la propia asamblea que limitaron las interpelaciones a una cantidad de procesos judiciales con tintes políticos muy notables”, aseveró.
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Además, explicó que había un nítido interés de una fracción del gobierno de mantener a esos magistrados en sus posiciones.
“Mi mirada es de enorme preocupación porque es un órgano de poder público, nada más y nada menos que el judicial, que -por razones político partidarias- ha dejado de funcionar en los términos de la Constitución, e impide que haya un servicio judicial efectivo, accesible y que está en entredicho sobre todo por su falta de independencia”, aseveró.
Rodríguez explicó que la ciudadanía que expresó una disconformidad con esa metodología y más de las dos terceras partes de las y los votantes lo han hecho en blanco o anulando su voto, ya que no conocen a los candidatos.
Especificó que en la primera votación, realizada en el 2011, el 59 por ciento del voto fue nulo, mientras que en la segunda, realizada en el 2017, se incrementó a entre 64 y 65 por ciento.
“La gente se dio cuenta de que estaba eligiendo candidatos políticamente comprometidos, de manera que hay múltiples razones para recomendar que la elección de jueces o magistrados se conduzca más que por una elección popular por potencialmente legislativo a partir de nominaciones meritocracias con la mejor participación partidaria posible”.
Además, especificó que en la Constitución había una previsión de que estos no pueden hacer campaña, para promover su elección, Entonces esta situación llevó a que en la primera oportunidad sea el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, el que dé a conocer sus datos.
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“Hablando de docenas de candidatos para 26 cargos. Posiblemente, yo recuerdo, que eran más de 100 candidatos habilitados de los cuales los ciudadanos debían escoger y obviamente leer y tener conocimiento de tal número de candidatos se convertía en una tarea muy poco práctica, si no imposible, yo creo que parte de la reacción ciudadana obedecía en alguna medida a esa protesta”, agregó.
“Es decir, por qué yo tengo que escoger si no he tenido capacidad ni de oírlo ni de tener acceso a los méritos o deméritos que pudo haber tenido esta persona, de manera que ese acto electoral al cuál se enfrentaba el ciudadano era un complejo, se enfrentaba a una papeleta que era casi del tamaño de media sábana u tenía que encontrar a candidatos que nunca había visto”, agregó.
Por ello, el ex presidente boliviano sostuvo que en ese país se comprobó que fue una decisión desafortunada la elección mediante el voto popular de jueces y magistrados que conforman los principales tribunales, ante la incapacidad y dificultad de la ciudadanía de conocer a las y los candidatos.
“Yo desestimaría la posibilidad de que el voto popular, por lo que hemos comentado, por la incapacidad o la dificultad del ciudadano de conocer múltiples candidaturas y no tener la habilidad profesional de juzgarlos vaya a mejorar un resultado, yo me he inclinado siempre por desestimar esa opción, lo hice en su tiempo, cuando la asamblea constituyente debatía esta posibilidad, y en el tiempo Bolivia se ha confirmado que fue una decisión desafortunada, que posiblemente va a volverse a debatir para revertirla”, agregó.
Ve la entrevista completa:
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