Un juez concedió la libertad condicional al general José Rodríguez Pérez, acusado de delincuencia organizada y presuntamente ligado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2015. Se trata del general de mayor rango que es procesado en el caso.
El general Rodríguez, quien permaneció dos años en prisión, deberá pagar una fianza de 50,000 pesos y comparecer para firmar cada 15 días.
Además tendrá prohibido salir del país y acercarse a las víctimas. Está retenido actualmente en la prisión del Campo Militar 1-A.
En la audiencia, que concluyó la madrugada del sábado, el juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a libertad provisional, debido a que consideró que no existe riesgo de que el mando pudiese evadirse de la justicia.
Esta decisión judicial supone un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR) porque el general se sumará al grupo de los diez militares señalados en el caso Ayotzinapa que se encuentran ahora mismo en libertad pese a que el proceso judicial no ha concluido.
Quedan en prisión el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Rodríguez era comandante del 27º Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la escuela rural, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Según el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Rodríguez presumiblemente mandó matar a los seis normalistas que quedaban con vida el 30 de septiembre del 2014 en una bodega ubicada en la comunidad de Pueblo Viejo, Iguala.
El 15 de septiembre de 2022, Rodríguez fue detenido en el marco del caso. Los tres militares que siguen presos son el capitán Crespo, quien dirigía la Fuerza de Reacción del 27 Batallón y está preso desde 2019, así como el sargento Eduardo Mota y el subteniente Alejandro Pirita.
En la relatoría del caso que presentó el gobierno federal en noviembre del año pasado, mantiene el señalamiento a Rodríguez por su presunta vinculación con Guerreros Unidos.
“Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el Capitán José Martínez Crespo y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón. Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, señala el documento.
En octubre de 2022, el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y quien lideró la Comisión de la Verdad, contó al diario The New York Times que ese año obtuvo los chats de WhatsApp que supuestamente fueron enviados en 2014 por integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos, miembros del Ejército y otras personas relacionadas con el caso.
En las conversaciones se apuntaba a que la mayoría de los estudiantes fueron asesinados desde su desaparición, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. También se señala que los restos de los estudiantes fueron repartidos entre varios grupos, quienes se deshicieron de éstos de diversas formas.
Aparece también la implicación del entonces coronel del Ejército José Rodríguez. Según el diario estadounidense, Encinas recibió los mensajes de una sola fuente “como una serie de 467 capturas de pantalla” y fueron cotejados con otras pruebas. Sin embargo, el funcionario no compartió estas capturas de pantalla con la FGR para que se realizara un estudio forense que verificara su autenticidad.
“Encinas retuvo los mensajes porque le preocupaba que se filtraran, dijo, y sentía la obligación de presentar un reporte ‘oportuno’ a las familias de los estudiantes”, dice el reportaje de Natalie Kitroeff, Ronen Bergman y Oscar López en el que señaló que un porcentaje “muy importante” de las pruebas que se presentaron en el informe de la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa carece de validez, porque no pudo verificarse como real.
Foto: Archivo Cuartoscuro
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que no tuvo acceso previo al informe de la Comisión de la Verdad y planteó dudas sobre los mensajes de WhatsApp.
Tras el cuestionamiento, Encinas sometió los mensajes a una verificación más exhaustiva. “Dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas”, señaló el diario.
“Hay unas que hemos desechado”, dijo a los periodistas. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. Incluso, Encimas admitió que la fuente que le proporcionó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.
(Con información de Europa Press y Aristegui Noticias)
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