Por Agencias
Este 1 de agosto, Luis Alonso “N”, jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, fue detenido después de ser encontrado dentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda.
Sin embargo, este sábado, un juez de Control y Oralidad del Municipio decidió no vincular a proceso al sujeto, quien es acusado de corrupción de menores. El Juez local argumentó que “no hay corrupción de menores porque la menor no sintió placer”.
De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el pasado domingo 26 de julio: el ex funcionario transitaba por las calles de la ciudad con la menor de edad, quien afirmó que fue agredida sexualmente por el acusado.
Los policías municipales observaron, durante su recorrido de vigilancia por la colonia El Salitrillo, a un hombre que se puso “nervioso” cuando vio a los elementos.
La niña estaba completamente desnuda y dijo a los policías que el acusado la había tocado. Debido a las declaraciones de la víctima, elementos de la policía aprehendieron a Luis Alonso “N” inmediatamente. El gobierno de Puerto Vallarta confirmó que el hombre detenido era funcionario público del municipio: fue destituido de su cargo.
El sujeto fue llevado al penal de Ixtapa acusado de los delitos de corrupción de menores y la tentativa de abuso sexual. Arturo Dávalos Peña, alcalde del municipio, declaró su desaprobación a los hechos cometidos por un funcionario público, cuyo trabajo, dijo, es proteger a la ciudadanía.
Sin embargo, el juez de Control y Oralidad del Municipio decidió no vincularlo con el argumento de que los hechos por los que se le acusaba al imputado se trataban del mismo bien jurídico tutelado por los cuales ya estaba vinculado en otro proceso por el delito de abuso sexual infantil.
Después de esta decisión, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco declaró a través de un comunicado que apelará la decisión del juez: de acuerdo con la dependencia, existe una inexacta aplicación de la ley ya que “ambos delitos pueden coexistir con independencia del bien jurídico tutelado”.
La FGE también consideró que la resolución otorgada vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica. Además de que “esta decisión violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad, dejando además de lado la perspectiva de género”.
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