Un juez federal en Chicago derogó el lunes una norma migratoria que denegaría la entrega de tarjetas de residencia legal a inmigrantes que utilicen cupones de alimentos u otras prestaciones públicas, asestando un golpe al gobierno de Donald Trump la víspera de las elecciones.
En una decisión válida a nivel nacional, el juez Gary Feinerman rechazó la norma que había entrado en vigor recientemente después de que la Corte Suprema federal anuló una suspensión de dicha política. Feinerman dijo que, entre otras cosas, esa regla infringe la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual obliga a las agencias federales a rendirle cuentas al público al esbozar un proceso detallado para implementar normativas.
Es el giro más reciente en una compleja batalla legal en torno a la norma, la cual es una de las medidas más enérgicas de Trump para reorganizar el sistema migratorio de Estados Unidos. La demanda de Chicago, incoada por la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés) y el condado Cook, es una de numerosas impugnaciones legales.
Según la política del gobierno de Trump, las autoridades migratorias podrían denegarle la residencia permanente a inmigrantes que viven legalmente en el país por haber usado cupones de alimentos, el servicio de salud Medicaid, vales para vivienda u otras prestaciones públicas. Los solicitantes de las tarjetas de residencia tenían que demostrar que no serían cargas para el país o “cargas públicas”.
La ley federal ya requería que los que solicitaran la residencia permanente o un estatus legal demostraran que no serían una “carga pública”. Pero la norma del gobierno de Trump incluía una serie más amplia de programas que podrían servir como argumento para rechazar las solicitudes.
Los activistas por los derechos de los inmigrantes consideraron que se trataba de una “prueba de riqueza”, mientras que expertos de salud pública dijeron que derivaría en peores condiciones de salud y mayores costos debido a que los inmigrantes de bajos ingresos se verían ante la disyuntiva de elegir entre los servicios que necesitan y su intento de permanecer legalmente en el país. Varias ciudades dijeron que sus efectos ya eran evidentes.
Fred Tsao, asesor legal de políticas para el ICIRR, dijo que la norma era un “ataque” contra la inmigración legal y criticó la manera como el gobierno de Trump instituía políticas.
“Podríamos tener un nuevo gobierno, o no”, señaló. “Si llegamos a tenerlo, nos gustaría ver que se corrijan muchos de estos daños, y tenemos esperanza de que haya algunos cambios legislativos que realmente beneficien a los inmigrantes, en lugar de ahuyentarlos”.
Funcionarios del condado Cook, que tiene uno de los sistemas de salud pública más grandes del país, alegaron que, cuando la gente carece de cobertura de salud, es menos probable que solicite atención médica preventiva y se apoye más en atención de emergencia, la cual es más cara. Eso también incrementaría el riesgo de las enfermedades contagiosas.
“Conforme todos seguimos siendo impactados por el COVID-19, es vital que nadie tenga temor de acercarse a los servicios de salud. La decisión de la corte de bloquear la implementación de la Norma de Carga Pública reabre puertas para que los inmigrantes tengan acceso a servicios vitales como la atención a la salud”, afirmó Toni Preckwinkle, presidente de la junta del condado Cook, en un comunicado.
La Corte Suprema federal decidió en enero por 5 votos a favor y 4 en contra que la norma podía entrar en vigor, pero un juez federal de Nueva York la suspendió debido a la pandemia de coronavirus. Pero para septiembre, la Corte de Apelaciones del 2do Circuito ya había revocado esa suspensión y la norma fue implementada en todo el país.
El gobierno de Trump ha dicho que la norma es una forma de asegurar que sólo vengan a Estados Unidos personas autosuficientes, una de muchas medidas para intentar que el país adopte un sistema enfocado en las capacidades de los inmigrantes, en lugar de hacer énfasis en la reunificación de familias.
Funcionarios del Departamento de Seguridad y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración no respondieron a solicitudes de comentarios el lunes.
Si hay una apelación, el caso podría tener un nuevo giro legal.
En junio, la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito respaldó la decisión de Feinerman que bloqueaba la implementación de la norma en Illinois mientras se analizaba el caso y se decidía si tenía méritos.
Fue una decisión por 2 votos a favor y uno en contra, de Amy Coney Barrett, en ese entonces jueza de circuito. Barrett fue confirmada como jueza de la Corte Suprema el mes pasado y tendría que recusarse si el caso llegara al máximo tribunal del país.
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