Un juez federal en Texas que había fallado para desmantelar el Acta de Cuidado Accesible, más conocida como Obamacare, revocó una parte clave de la ley nacional de salud en una decisión que oponentes dicen que amenaza las examinaciones preventivas de millones de estadounidenses.
El fallo del juez de distrito Reed O’Connor llega cuatro años después que fallara que la ley conocida como Obamacare era inconstitucional. La Corte Suprema luego falló en contra de su decisión.
Su reciente fallo seguramente iniciará otra larga batalla legal: O’Connor bloqueó el requerimiento para que la mayoría de aseguradoras cubra el cuidado preventivo como en exámenes de cáncer, estando de acuerdo con los demandantes que incluye a un activista conservador en Texas y a un dentista cristiano que se opuso al mandato de la cobertura para contraceptivos y a un tratamiento preventivo para VIH basado en sus creencias.
O’Connor escribió en su opinión que las recomendaciones para el cuidado preventivo del US Preventive Services Task Force eran “ilegales”.
La administración del gobierno de Biden le había dicho a la corte que el resultado de este caso “podría crear un revuelo extraordinario en el sistema de salud pública de Estados Unidos”. Seguramente, el gobierno apelará el fallo.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió a un pedido para comentario.
En septiembre, O’Connor falló que el requerimiento de cobertura para la prevención de VIH conocido como PrEP, que es una píldora que se toma a diario para prevenir infección, violaba las creencias religiosas de los demandantes.
Esa decisión también afectó el sistema que determina cuáles drogas preventivas están cubiertas en EEUU, diciendo que el grupo de trabajo federal que recomendó ese tratamiento preventivo es inconstitucional.
Las objeciones religiosas de empleadores han sido una cuestión espinosa en desafíos legales en el pasado contra la ley de salud impulsada por el entonces presidente Barack Obama, incluyendo contracepción.
El gobierno de Biden y más de 20 estados, mayormente controlados por gobiernos demócratas, han pedido a O’Connor que no apoye un fallo que frene la cobertura de tratamiento preventivo.
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