La Fundación para Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) dio a conocer que un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación por el asesinato de 19 personas, quienes fueron encontradas calcinadas el pasado 22 de enero en el poblado Santa Anita, perteneciente al municipio de Camargo, Tamaulipas.
En los hechos fallecieron 16 personas de nacionalidad guatemalteca, dos de nacionalidad mexicana y una persona que aún no ha sido identificada. Doce policías fueron vinculados a proceso por su presunta vinculación con lo sucedido.
A través de un comunicado, la Fundación reseñó que el pasado 25 de enero presentó una denuncia de hechos ante la Unidad de Investigación de Delito para Personas Migrantes de la FGR, con el fin que se realizara una indagatoria.
La Fiscalía respondió al día siguiente que los hechos denunciados correspondían al fuero común y que ya eran investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, “por lo que no procedía el inicio de la investigación en el ámbito federal, por no ser competentes para conocer de esos hechos”.
El 10 de febrero, la FJEDD impugnó la decisión ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, Gerardo Eduardo García Salgado.
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Este jueves, el juez determinó que dentro del pazo de tres días hábiles, la FGR debe iniciar una carpeta de investigación a través de la Unidad de Investigación de Delito para Personas Migrantes.
Uno de los argumentos empleados por el juez García Salgado fue que los agentes del Ministerio Público, en atención a sus obligaciones constitucionales, “no pueden omitir el inicio de una investigación ni descartar su competencia”, por lo que no es válido “invocar límites burocráticos para cumplir con su obligación de investigar”.
Por otra parte, consideró que para archivar una denuncia es indispensable primero investigar a fin de establecer si existen o no elementos suficientes para acreditar un delito o para aseverar que no se actualiza la competencia correspondiente, “toda vez que no se puede tomar esa determinación únicamente con base en el escrito de denuncia, sino atendiendo a los resultados de la indagatoria”.
Foto: Cuartoscuro
El juez señaló que los denunciantes no tienen la obligación de presentar datos de prueba, ya que esa función le corresponde a las fiscalías.
Además, la privación de la vida de 19 personas debe ser considerada como “una grave violación de derechos humanos que requiere ser atendida por el Estado en su conjunto y, consecuentemente, toda la sociedad tiene el derecho de saber la verdad y cuestionar jurisdiccionalmente las decisiones del Ministerio Público”.
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“No es aceptable que aparezcan los restos de 19 personas que no sepamos la verdad de lo sucedido; esta es una situación que debe indignar a toda la sociedad”, cita el comunicado firmado por el portavoz de la FJEDD, Iván Sánchez.
También consideró que el hecho de que la fiscalía tamaulipeca realizara una investigación al respecto no impide que la autoridad federal haga lo propio con el fin de agotar todas las líneas posibles.
La Fundación consideró esta resolución judicial como un importante precedente para reconocer la dimensión social de las consecuencias de violaciones graves a los derechos humanos, así como para establecer con claridad las obligaciones de las fiscalías en cuanto a la investigación de delitos se refiere.
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“La verdad y la justicia en el caso de graves violaciones a derechos humanos son un derecho fundamental de las víctimas y de la sociedad que debe ser garantizado a cabalidad por el Estado mexicano”, finaliza el texto.
📢#COMUNICADO
¡Un paso hacia la #VerdadYJusticia desde el poder judicial! La resolución que ordena a @FGRMexico iniciar investigación por la masacre de #Camargo es un importante precedente que reconoce la dimensión social de las consecuencias de las #gravesviolaciones de #DDHH👇🏽 pic.twitter.com/ydEiZdRphI— Fundación Justicia (@FJEDD) March 26, 2021