Un juez federal se negó a suspender las órdenes de aprehensión giradas por una jueza penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México contra la diputada local del PRI Sandra Esther Vaca Cortés; el exsecretario de Finanzas del tricolor Roberto Zamorano Pineda, y de la exprecandidata del PRI al Senado de la República Claudia Priscila Martínez González, por su presunta colaboración con una red de prostitución que funcionaba en el PRI-DF.
De acuerdo con el juicio de amparo 138/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, el impartidor de justicia negó en definitiva la posibilidad de suspender la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por la jueza interina Décimo Séptimo de lo Penal de la Ciudad de México por los delitos de asociación delictuosa, trata de personas, en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa, y publicidad engañosa, en contra de los tres imputados.
El periodista Juan Omar Fierro de Proceso informó que la resolución también señala que la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tampoco está impedida para ejecutar la orden de aprehensión contra los tres coacusados de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el exlíder del PRI capitalino acusado penalmente por dirigir una red de prostitución que operaba -con engaños- en las oficinas de ese instituto político ubicadas en Puente de Alvarado 53, colonia Buenavista, misma que era financiada con recursos públicos.
“Se niega la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando tercer de esta resolución”, indica un extracto de la resolución.
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La negativa del impartidor de justicia para suspender las órdenes de aprehensión obedece a que los delitos de asociación delictuosa y trata de personas son considerados graves en el sistema penal tradicional o inquisitorio, vigente al momento de los hechos, por lo que no se pueden otorgar el beneficio de la libertad bajo caución o fianza a ninguno de los hoy prófugos por su presunta comisión en dichos ilícitos.
Por otro lado, el juez de amparo concedió la suspensión definitiva a Vaca, Zamorano y Martínez sólo para el efecto de que se notifique al juez de amparo sobre la ejecución de la orden de aprehensión de los ahora prófugos, quedando así a su disposición para la continuidad del juicio de amparo.
La diputada local del PRI, Sandra Vaca, era el filtro principal de la red de prostitución al servicio de Gutiérrez de la Torre, labor ilícita que ejercía desde su cargo formal de Secretaria Particular del entonces presidente del PRI-DF.
Claudia Priscila Martínez González contaba con varios puestos dentro del PRI al momento de los hechos: integrante de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI-DF; secretaria en la representación del PRI-DF ante el Instituto Electoral del DF (hoy IECM) y auxiliar administrativa en la nómina de ese partido.
Era el segundo filtro en la red de prostitución y la primera en advertir a solicitantes de trabajo, atraídas con publicidad engañosa, que su labor incluía darle servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre.
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Por lo que respecta a Roberto Zamorano, como encargado de Finanzas del PRI, emitía los cheques para el pago de las mujeres que eran contratadas por ese partido político, recursos que salían de la nómina partidista y de las llamadas prerrogativas que por ley se entregan a todos los partidos con registro.
La orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez y sus tres colaboradores fue girada el pasado 2 de marzo, pero los cuatro imputados lograron darse a la fuga, por lo que ahora son buscados por la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en todo el territorio nacional, además de que se emitió la llamada “ficha roja” para su localización y detención en los 192 países que forman parte de Interpol.
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