Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) crear y poner en funcionamiento el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) en un plazo máximo de 40 días, institución que debió entrar en funciones en enero del 2019, por lo que lleva un retraso de tres años que afecta la búsqueda de personas desaparecidas.
De acuerdo con el expediente 250/2022, el juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas, ordenó a la FGR realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para echar a andar el Banco de Datos Forenses, incluyendo la obtención de recursos económicos, el uso de herramientas tecnológicas, la coordinación de grupos de trabajo con expertos y la expedición de lineamientos y reglas para operación.
El abogado del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), César León Contreras, advirtió que el banco forense, que deberá incluir perfiles genéticos y huellas dactilares, es una herramienta fundamental para la unificación, sistematización y el cotejo continuo de las bases de datos forenses.
El litigante agregó que actualmente existen 34 bases de datos distintas que se encuentran en manos de las fiscalías de los estados y de la FGR, las cuales no están conectadas entre sí y tampoco pueden compartir información en tiempo real, por lo que la omisión de la FGR para echar a andar el banco de datos forenses mantiene en vilo a las más de 100 mil familias que tienen a uno de sus integrantes en calidad de desaparecido.
Explicó que mientras la FGR mantenga una actitud omisa, existen más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país y las madres buscadoras que siguen encontrado restos sin apoyo de las autoridades, se mantienen en la incertidumbre y sin poder tener la certeza de sus hijos, esposos o hermanos se encuentran entre los miles de cuerpos que no tienen rostro ni nombre en gavetas de almacenamiento.
El abogado del Centro ProDH explicó que la FGR tiene en sus bases de datos forenses, solamente el 20% de los perfiles genéticos con los que se cuentan en el país, una cifra muy baja para poder encabezar los esfuerzos contra la desaparición de personas que se registran a nivel nacional.
Consideró que se trata de un precedente importante a nivel nacional, debido a la situación crítica que enfrenta México en materia de desaparición de personas, y reveló que a pesar de contar con un mandato de ley, la FGR nunca hizo nada para cumplir con su obligación en este rubro.
Recordó que el amparo fue promovido desde el 30 de agosto del 2021 y que la sentencia de primera instancia se emitió el pasado 5 de octubre, por lo que exigió a la FGR que cumpla con la misma.
Incluso, dijo que a lo largo del juicio de amparo, la FGR no aportó ninguna prueba sobre algún avance o trabajo preliminar para la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, violando así la obligación que se le impuso en 2017 por parte del Poder Legislativo.
Ante la inacción de las autoridades, Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, —desaparecido en Guanajuato en 2017— acompañada por el Centro ProDH presentó la demanda de amparo el 30 de agosto de 2021.
La buscadora de Guanajuato recordó que ante la falta de una base de datos forenses que unifique los perfiles genéticos, las propias víctimas tienen que ir estado por estado -cuando tienen recursos- a dejar muestras genéticas con la esperanza de encontrar a sus familiares.
La sentencia señala que la FGR “no es ajena al profundo dolor que provoca la desaparición”, además de que el fallo judicial reconoce a las centenas de familias “que se ven obligadas a realizar una búsqueda por sí mismas, enfrentando múltiples obstáculos institucionales durante estos procesos”.
El fallo, agregó el abogado:
Es contundente al determinar que, de acuerdo con la Ley, la creación del Banco correspondía a la FGR, y no a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas como intentó argumentar la Fiscalía durante el juicio. Así, el juez determina que la inexistencia del Banco es el resultado de la inactividad y falta de coordinación interna de la FGR, una omisión administrativa que viola los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familiares.
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