La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) informó que el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió un amparo a la organización debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) incumplió con la entrega de versiones públicas de los contratos de 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados con el software espía Pegasus, tal como lo había ordenado una resolución definitiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
R3D explicó que “Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido operado por el Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.) durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, e incluso funcionarios públicos”.
En principio, la SEDENA había negado la existencia de dichos contratos, explicó R3D. Sin embargo, documentos de la Auditoría Superior de la Federación obtenidos por la Red mediante solicitudes de acceso a la información —coincidentes con documentos internos de la SEDENA filtrados por el Colectivo Guacamaya— demostraron la celebración de al menos dos contratos (DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018) para la adquisición del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, por más de 140 millones de pesos.
Desde octubre de 2022, la investigación Ejército Espía documentó que la Sedena suscribió contratos con Comercializadora Antsua ─ empresa de la red KBH con los derechos exclusivos para ofrecer el malware Pegasus en México ─ por un Servicio de Monitoreo Remoto de Información para el Centro Militar de Inteligencia, el cual aparece como usuario final.
Un oficio filtrado por el Colectivo Guacamaya acreditó que la Secretaría de la Defensa Nacional celebró contratos con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. (compañía designada por NSO Group como su representante en México a partir del 2018) para la adquisición de un “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, fechado el 12 de abril del 2019 con el expediente DN-10 SAIT-1075/P/2019 No. SIA 4500031649.
Posteriormente, la propia Sedena reconoció ante la Auditoría Superior de la Federación la existencia del citado contrato, así como sus montos y fechas de pago por “arrendamientos y adquisiciones realizadas durante los ejercicios fiscales del 2019 y 2020”.
Con estos antecedentes, la organización R3D presentó una solicitud de acceso a la información a la Sedena para solicitar una versión pública de dos contratos celebrados con Comercializadora Antsua (DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018), pero la Secretaría de la Defensa negó la existencia de la información.
Con los oficios entregados por la ASF, R3D interpuso un recurso de revisión ante el INAI argumentando que ya estaba acreditada la existencia de la información. Debido a los antecedentes del caso, el INAI revocó la respuesta de la SEDENA y ordenó la entrega de una versión pública de los contratos con Antsua en el expediente RRA 20263/22.
El 10 de febrero del 2023, Sedena respondió que había localizado los citados contratos, pero se negó a entregarlos catalogando su contenido como “información reservada” por cinco 5 años, argumentando que podría afectar la seguridad nacional ya que la adquisición de equipo y servicios se hizo “para la generación de inteligencia militar”.
R3D señaló que “ante la evidencia de que la SEDENA mintió, en enero de 2023, el INAI resolvió revocar la respuesta que alegaba la inexistencia y ordenó la entrega de la información”.
“A pesar de que dicha resolución es definitiva e inatacable y que el Presidente López Obrador había prometido que se entregaría toda la información, la SEDENA se ha negado a cumplir la resolución y ha emprendido una campaña de sabotaje al INAI, impulsado su desaparición”, afirma R3D.
Foto: Archivo Reuters
La organización indicó que, frente al ilegal desacato de la resolución del INAI, presentó una demanda de amparo y que en junio de 2024, el Juzgado reconoció en su sentencia que las resoluciones del INAI son definitivas, inatacables y obligatorias para las autoridades, y concedió el amparo.
Esta decisión obliga nuevamente a la SEDENA a cumplir con la resolución del INAI y entregar los documentos relacionados con la adquisición de Pegasus y su uso ilegal por parte del Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.).
La SEDENA no solamente ha mentido sobre la existencia de los contratos y desacatado resoluciones definitivas del INAI: también se ha negado a aportar información solicitada por la Fiscalía General de la República.
A la par, R3D afirma que con ello, la SEDENA ha obstaculizado las investigaciones por “el espionaje ilegal perpetrado en contra del periodista Ricardo Raphael, el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el medio Animal Político, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entre otros”.
R3D destacó que este precedente demuestra la importancia de instituciones como el INAI y el Poder Judicial Federal. “Aunque siempre perfectibles, permiten a la ciudadanía combatir el ejercicio autoritario del poder público, como es el espionaje ilegal perpetrado por las fuerzas armadas”.
La SEDENA y el gobierno de López Obrador “han pretendido mantener en la impunidad la corrupción y el espionaje ilegal con Pegasus en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador”. R3D espera que “el desacato militar a las resoluciones definitivas del INAI no se extienda a las resoluciones judiciales, lo cual reiteraría el peligro que representa la militarización de la vida pública para el gobierno civil y la democracia en México”.
Ve la entrevista de Luis Fernando García, director de R3D, en Aristegui en Vivo:
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