Un juez federal otorgó una prórroga de tres meses para la investigación complementaria al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Durante una audiencia de aproximadamente 15 minutos de duración, realizada a través de videoconferencia, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza otorgó el plazo para los procesos penales que enfrenta por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
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Es la cuarta ocasión que la defensa del exdirector de Pemex logra aplazar su audiencia, argumentando que necesitan más tiempo para recabar pruebas a su favor, así como los tiempos para traducir varios documentos que han sido recibidos de Alemania, Brasil y Belice, los cuales deben ser traducidos, sin que la FGR cuente con traductores en esas lenguas.
Ahora, Lozoya tendrá hasta el 19 de noviembre de 2021 para presentarse ante el juez. Ni la Fiscalía General de la República ni los asesores jurídicos de Pemex se opusieron a la prórroga.
El titular de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto también busca negociar un criterio de oportunidad, pero este asunto lo decidirá otro juez de control a finales de este mes.
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A la audiencia estuvieron conectadas remotamente la madre de Emilio Lozoya, Gilda Austin, y su hermana Gilda Susana.
Lozoya fue vinculado a proceso a finales de julio del año pasado por las causas de Odebrecht y Agro Nitrogenados.
La FGR le imputa delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
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n aras de poder acogerse a un criterio de oportunidad, Lozoya realizó una denuncia de hechos en agosto de 2020, en la que señaló al expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, así como otros funcionarios y legisladores de varios partidos políticos. P
Por el momento, la FGR ya procedió legalmente contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, quien decidió salir del país.
El exdirector de Pemex, Carlos Treviño, había sido citado por un juez federal a una audiencia inicial por videoconferencia el pasado miércoles 25 de agosto, en el Centro de Justicia Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin embargo esta fue diferida por el juez de Control, Daniel Ramírez Peña.
El exfuncionario había sido citado para escuchar la imputación en su contra por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, realizada por la FGR, sustentada, por un lado, en la denuncia de hechos que presentó el 11 de agosto del año pasado, el también exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en torno a que Treviño también fue uno de los beneficiarios de los presuntos sobornos entregados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de la reforma energética.
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Por otro lado, existe una denuncia contra el exfuncionario por las declaraciones de Norberto Gallardo, quien fue jefe de escoltas de Emilio Lozoya y que aseguró que le llevó personalmente cuatro millones de pesos a un domicilio ubicado en Tecamachalco, Estado de México.
Otro de los señalamientos de Lozoya tienen que ver con la operación de los sobornos a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht. Lo anterior, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y vinculado al caso Etileno XXI.
El pasado 24 de agosto el diario Reforma publicó que la FGR tiene perfilada una imputación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por los sobornos que presuntamente entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética.
La imputación llega luego de que en abril pasado, la FGR consiguiera la vinculación a proceso del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, un fallo que fue ratificado en junio por el magistrado José Alfonso Montalvo.
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“(Peña y Videgaray) forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas”, enuncia la imputación de la FGR contra Lavalle reproducida por el diario.
Los ex senadores y actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también están implicados en el caso.
Durante la reunión plenaria de senadores de Morena, celebrada la mañana del viernes 27 de agosto, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que el caso Odebrecht es “uno de los escándalos de corrupción de mayor impacto a nivel internacional, pues se utilizaron sobornos para corromper a funcionarios del más alto nivel y nuestro país no fue la excepción”.
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“Hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero y que votó en un sentido o no. Es el caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante”, declaró Gertz Manero.
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