Un juez federal suspendió de manera indefinida la construcción del Tren Maya en el tramo Cinco Sur que va de Playa del Carmen a Tulum, así como la tala de más árboles en el trazo de la obra, por la falta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La resolución del Juez Primero de Distrito del Estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, ordena al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya suspender o paralizar cualquier acto que tenga como fin continuar con la construcción de la obra turística, tras reconocer el interés legítimo de tres personas pertenecientes a la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) que presentaron la demanda de amparo.
La suspensión definitiva otorgada dentro del juicio de amparo con expediente 884/2022 todavía puede ser combatida por el gobierno federal ante un tribunal colegiado mediante un recurso de queja.
En el proceso, Fonatur argumentó que ya había iniciado el trámite para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental, pero no se trata de una autorización que ya esté aprobada, sino sólo del inicio del trámite, por lo que las obras del Tren Maya no cumplen con el procedimiento previsto en la ley.
En este sentido, la resolución agrega que el gobierno debió tener la autorización de impacto ambiental antes de comenzar la obra, por lo que se otorgó la suspensión definitiva acatando el principio de precaución que establece la normativa ambiental y para prevenir daños irreversibles.
Pese a la suspensión lograda, los ambientalistas identificados con las iniciales JGUB, GDM y VFD, que se han identificado como buzos turísticos que laboran en la zona, no lograron que el juez de la causa suspendiera otras labores que realizan en la zona elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El pasado 20 de mayo, Fonatur presentó una solicitud de manifestación de impacto ambiental que reconoce distintos daños a la selva de la región maya, pero aún no ha sido autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección Ambiente (Profepa), autoridades encargadas de revisar el tema.
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