Un juez federal vinculó a proceso a 164 presuntos miembros de Pueblos Unidos detenidos el pasado 13 de agosto en un operativo en la localidad de Tiamba, en Uruapan, Michoacán, por el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Otros tres detenidos menores de edad fueron vinculados a proceso el pasado 17 de agosto, y enviados a un Centro de Integración para Adolescentes.
Los adultos se encontraban recluidos en el penal de Apatzingán, y fueron trasladados al juzgado mediante un fuerte dispositivo de seguridad.
Durante la audiencia, el juez de contro fijó prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria. Posteriormente, 154 fueron trasladados de vuelta al Centro Penitenciario de Apatzingán, mientras que 10 se quedaron recluidos en el penal David Franco Rodríguez.
Durante el operativo del 13 de agosto les fueron decomisados 142 fusiles, 44 armas cortas y 28 vehículos, uno de ellos blindado.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán lo calificó como un “duro golpe a la delincuencia”, y destacó la participación de elementos de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional.
Para el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, Pueblos Unidos, ni cualquier otro grupo de civiles armados, puede hacerse llamar una autodefensa, y aseguró que “todos son un brazo armado de la delincuencia organizada”.
“Son grupos ligados y que estuvieron ligados con grupos de la delincuencia organizada o están ligados también con bandas de la delincuencia”, recalcó en entrevista para Aristegui en Vivo, transmitida el pasado 15 de agosto.
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