Un juez de control vinculó a proceso al periodista poblano Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del medio digital E-Consulta, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras una audiencia celebrada el martes en la ciudad de Puebla.
El juez tomó la determinación tras analizar los argumentos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y de la defensa, que señaló deficiencias en los datos de prueba presentados por la autoridad ministerial.
El periodista dio a conocer la noticia en su cuenta X: “Finalmente fui vinculado a proceso en una audiencia absolutamente parcial, donde el juez Joel Daniel Baltazar hizo suyas, sin el menor pudor, las acusaciones de la Fiscalía de Puebla basadas en puras suposiciones sobre el dinero con que cubrí los honorarios de mi abogado Raúl Argüelles”.
El juez concedió a la Fiscalía 45 días para el desarrollo de la investigación complementaria, en la que la institución buscará la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Además, determinó mantener las medidas cautelares previamente impuestas, como la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad correspondiente y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Durante la audiencia, la defensa solicitó la nulidad del proceso penal, al considerar que el juez que emitió la citación carece de atribuciones para realizar actos de oralidad, al desempeñar únicamente funciones administrativas, por lo que sostuvo que el procedimiento no tiene sustento legal.
El periodista Rodolfo Ruiz informó a través de E-Consulta que presentó dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad, derivadas de presuntas irregularidades detectadas durante el desarrollo de su proceso legal.
El pasado 19 de diciembre, Ruiz explicó en Aristegui en Vivo que el expediente se originó en 2020, durante el gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta, ya fallecido. Dijo que tras casi cuatro años sin avances, el caso fue reactivado recientemente, en la gestión del morenista Alejandro Armenta Mier, luego de que el medio E-consulta publicara investigaciones periodísticas relacionadas con presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos.
Denunció ser víctima de un proceso judicial “inequitativo, ilegal e injusto” y dijo que entre los trabajos periodísticos que, a su juicio, detonaron la reactivación del caso, se encuentran reportajes sobre presuntas irregularidades en el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura, así como investigaciones sobre abusos y extorsiones atribuidas a funcionarios de la Fiscalía.
También publicaciones sobre el uso de una aplicación para promover propaganda gubernamental y reportajes sobre presuntas violaciones a derechos humanos en el Hospital Psiquiátrico de Puebla.
El periodista afirmó que la acusación se basa en la presunción de que habría pagado a sus abogados con recursos ilícitos y en efectivo, versión que rechazó. Explicó que los pagos realizados ascienden a 320 mil pesos, efectuados mediante transferencias bancarias y respaldados con facturas.
“Son acusaciones sin sustento”, sostuvo, al señalar que incluso el abogado involucrado ya declaró ante la Fiscalía y negó haber recibido los montos que se le atribuyen.
Ruiz también denunció irregularidades procesales, entre ellas que la imputación se realizó sin que él ni su defensa tuvieran acceso completo a la carpeta de investigación, así como que la audiencia inicial fue encabezada por un funcionario judicial que, según dijo, no contaba con facultades jurisdiccionales. Añadió que la presión ejercida durante las audiencias derivó en la renuncia de sus primeros abogados defensores.
Por su parte, la organización Artículo 19 México y Centroamérica emitió un pronunciamiento en el que exigió que se garantice el debido proceso en el caso. “Este proceso representa un uso abusivo del derecho y se vislumbra como una represalia por sus publicaciones en las cuales expone extorsiones a empresarios por funcionarios de la Fiscalía Poblana.
“El trabajo periodístico de Rodolfo Ruíz ha impulsado investigaciones ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios dentro de la propia Fiscalía poblana, resultando en la destitución de los titulares de la Fiscalía de Investigaciones de Operaciones con Recursos Ilícitos y de la Fiscalía de Alta Incidencia por extorsión a empresarios. Llamando la atención que la propia fiscalía que Rodolfo expuso, sea ahora quien entregue a un juez de control una carpeta que tardó 5 años en integrar”.
Señaló que el uso de procesos judiciales o ministeriales contra periodistas por parte de autoridades, pretenden el silenciamiento, la autocensura, y en este caso la represalia por haber documentado periodísticamente delitos por parte de funcionarios de la propia Fiscalía que hoy son acusadores. Esta organización documentó en los primeros siete meses de este año al menos 51 casos de acoso judicial contra la prensa, siendo Puebla un estado clave donde se repiten estos patrones desde hace ya varios años.