Una jueza federal desechó el amparo que interpuso Mario Aburto Martínez, homicida confeso de candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, en las investigaciones de presunta tortura en su contra.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, Paloma Xiomara González, dejó sin efecto la demanda contra la Fiscalía General de la República (FGR) del no ejercicio de la acción penal a cualquier involucrado por la presunta tortura de la que supuestamente fue víctima el magnicida.
El acuerdo de desechamiento se emitió el martes y fue publicado este miércoles en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aunque no se hicieron públicas las razones del fallo.
La defensa de Aburto presentó el amparo en marzo pasado, después de que en febrero la FGR informara que no encontró elementos que evidenciaran actos de tortura en contra del asesino confeso.
Por el contrario, el imputado por el homicidio de Colosio, cuya muerte se considera el magnicidio más grave en México desde 1928, ha afirmado que que sufrió actos de tortura desde que fue aprehendido el 23 de marzo de 1994.
Aburto presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien en 2021 consideró que existían elementos para afirmar que el magnicida fue torturado desde su detención hasta “años recientes”.
Mario Aburto Martínez actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Ocampo, Guanajuato, luego de haber sido detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
En meses recientes, el caso del asesino confeso de Colosio ha tenido un par de giros inesperados, ya que en octubre del año pasado, un tribunal del Estado de México invalidó la condena de 45 años de prisión que se le impuso y ordenó que se emitiera una sentencia.
En dicha ocasión, el Poder Judicial de la Federación (PJF) argumentó que Aburto fue juzgado con base en el Código Penal Federal, que permite condenas de hasta 50 años de prisión, y no con el ordenamiento legal de Baja California, donde aconteció el magnicidio y que contempla un máximo de 30 años en la cárcel.
A raíz de ello, la FGR acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que Aburto deberá esperar a que los ministros del Máximo Tribunal definan si fue correcto el amparo que le fue concedido a su defensa para reducir la pena a 30 años de cárcel o si se sostiene la condena inicial de 45 años de prisión.
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