El pasado miércoles 4 de diciembre la jueza Cuarto de Distrito del Estado de México, Pamela López Swain, rechazó otorgar la suspensión definitiva con la cual activistas medioambientales buscaban frenar las obras del megaproyecto inmobiliario Terralago, que se construye en El Cerrito, una de las últimas áreas naturales que quedan en Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez.
Poco después de esta decisión, Terralago emitió un comunicado anunciando la reanudación de las construcciones del proyecto que se encontraban en pausa desde agosto de este año por una suspensión provisional.
Este desarrollo urbano tiene como objetivo construir mil 533 viviendas, dos torres residenciales de 12 niveles con 108 cajones de estacionamiento, un jardín de niños, una secundaria, diversos espacios comerciales y tres parques urbanos.
Según expresó Terralago en un boletín “no se pudo demostrar el supuesto daño ambiental provocado por el desarrollo, por lo cual pueden reanudarse los trabajos de construcción”.
Sin embargo, Miguel Miramontes, el abogado que interpuso el amparo contra el megadesarrollo, afirmó que la resolución de la jueza fue “a modo” e inconstitucional, además de señalar que la juzgadora habría ignorado tratados internacionales y elementos de prueba presentados.
La resolución todavía puede ser impugnada ante un tribunal federal.
Imagen: BJC/AN
Terralago celebra
Al anunciar que reanudarán las obras, Roberto Cueto Strimpopulos, Director de Relaciones Institucionales de Terralago, afirmó: “Celebramos que la Juez haya determinado negar la Suspensión Definitiva, basándose en las pruebas y argumentos legales que las partes presentaron. Terralago, desde su origen, ha cumplido con todas las disposiciones necesarias que requiere la construcción de un complejo moderno y sustentable. Me permito reiterar –así validado por la autoridad– que este desarrollo cuenta con los permisos en materia hídrica, así como con la declaratoria precisa y clara del impacto ambiental”.
El comunicado de la empresa añade: “Desde su planeación, el desarrollo ha mostrado de manera transparente, todas las características del complejo, mismo que, más allá de la urbanización, contempla la creación de más de 75 mil metros cuadrados de espacios públicos para la construcción de parques, jardines, bosques, plazas, ciclopistas, áreas de juegos infantiles, deportivas y para mascotas, alineados todos a los más altos estándares de calidad, sustentabilidad y respeto por el medioambiente”.
Según este documento, Terralago abarca una superficie de 358 mil 402.760 metros cuadrados, de los cuales 75 mil 835.19 están designados para la construcción de un parque público urbano, solamente el 21.54% del total. Esta extensión es menor a la reportada en los estudios realizados en 2022 para obtener la Evaluación Técnica en Materia de Protección Civil.
En estos últimos, la superficie para el parque aparece como de 83 mil 322.306 metros cuadrados, una diferencia de 7 mil 487.116 ㎡ con lo publicado en la Gaceta. Es decir, se modificó el equivalente a una superficie mayor al Estadio Azteca.
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El resto del predio será usado como superficie habitacional, de comercio y servicios básicos vendibles, centro urbano regional vendible, así como para construir vialidad, plantas de tratamiento de agua, tanques reguladores e infraestructura para subestaciones eléctricas. De alguna reserva ecológica no se habla en los planes de construcción.
Terralago asegura también que “no se retirará ningún árbol que no interfiera estrictamente con el trazado del proyecto, y se buscará reubicar todos aquellos que sean sujetos a eso”, añadiendo que “el proyecto considera la reforestación de más de 1,300 árboles en el sitio”.
Según el inventario forestal realizado para el proyecto inmobiliario, se hallaron 31 especies con un total de 911 individuos, entre los cuales hay flora en peligro de extinción.
La Manifestación de Impacto Ambiental del megaproyecto expone que el 89.98% de la superficie del Cerrito corresponde a pastizal inducido. Además, detectó individuos de Ciprés Blanco, especie sujeta a protección especial, Colorín, especie que se considera amenazada, y Pino Azul, en peligro de extinguirse.
Imagen: BJC/AN
Según dicho documento, “sólo se retirarán 221 individuos de arbolado urbano que interfieren con el desplante de las vialidades y la lotificación del proyecto”. Esta manifestación ambiental fue tramitada para conseguir una autorización condicionada “sin construcción de viviendas”. Dicho de otra forma, quitarán casi una cuarta parte de árboles, exactamente el 24.25%, antes de construir cualquier obra.
En lo que se refiere al agua, Terralago expresa que su sistema de gestión hídrica “contará con dos plantas de tratamiento de agua que reciclarán el 100% del líquido utilizado para riego de áreas verdes y alimentación de WC en el desarrollo, bajo la consideración de ‘Descarga Cero’”.
“Sentencia a modo”: Miramontes
El abogado que tramitó el amparo en contra de Terralago aseguró a Aristegui Noticias que la jueza cometió diversas irregularidades en su resolución, llamándola una “sentencia a modo y a favor completamente de los desarrolladores”.
Miramontes afirmó que la jueza ignoró lo estipulado en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales, Escazú, el cual fue adoptado por 24 países, incluyendo México, el 4 de marzo de 2018.
Este acuerdo tiene como objetivo la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. “El acuerdo de Escazú dice que tiene que informarse a la comunidad antes de empezar un desarrollo y esa información debe ser previa informada y con participación para el acceso a la justicia”, comenta Miguel Miramontes.
Imagen: BJC/AN
De acuerdo con el abogado ambientalista, esto no se cumplió con Terralago, pero la jueza argumentó que sí. “La juez toma como medio de comunicación a la comunidad una publicación que se hace en la Secretaría del Ambiente en Toluca, lo cual vulnera completamente la Constitución y la definición de participación ciudadana en el acuerdo de Escazú”.
“La señora juez dice que tienes que ir a Metepec y a Toluca, donde está esa dirección, para enterarte de la forma en que puedes impugnar o participar en la decisión ambiental”, añade. Como referencia, la Dirección de Medio Ambiente se encuentra a más de 65 kilómetros de donde se construye Terralago.
La jueza Pamela López Swain también negó la suspensión definitiva argumentando que las autoridades mexiquenses y de Naucalpan de Juárez no emitieron los actos reclamados en el amparo.
” Únicamente toma lo que dicen las autoridades y eso es deficiente porque no hicieron un estudio regional de la existencia de agua en los mantos freáticos y la juez en toda la sentencia no menciona que existe veda de pozos publicada en una gaceta de gobierno desde 1954″.
Imagen: Cortesía
En la Factibilidad Única de Servicios emitida por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan, esta institución exigió a Terralago perforar un pozo profundo dentro de los límites de su predio para garantizar el abasto de agua. Asimismo, demandó la perforación y equipamiento de otro pozo más para ser donado.
El amparo interpuesto por Miramontes señala que esto viola la Ley de Aguas Nacionales, pues El Cerrito se encuentra dentro de una zona de veda del acuífero desde 1954.
“Contraviene el artículo 35, que señala que la transmisión de los derechos para explotar usar o aprovechar aguas del subsuelo en zonas de veda o reglamentadas, se convendrá conjuntamente con la transmisión de la propiedad de terrenos respectivos y en todo caso será en forma definitiva, total o parcial. Además, señala que en ningún caso se celebrarán actos de transmisión de títulos de asignación de aguas nacionales y en su artículo 37 señala que no producirá ningún efecto las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto en esa ley”.
Estos argumentos, según Miramontes, fueron ignorados por la jueza en su sentencia.
Según los propios estudios de Terralago, en los pozos al interior de El Cerrito no se ha encontrado agua hasta la profundidad máxima explorada. Imagen: BJC/AN
“Las violaciones en la sentencia son flagrantes, la parcialidad es tremenda hacia el desarrollo“, acusa el ambientalista.
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