La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) acusó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de realizar señalamientos sin pruebas contra jueces federales con el fin de desviar la atención de presiones internacionales.
En un comunicado, la Jufed rechazó categóricamente las declaraciones del funcionario y aseguró que buscan desacreditar la labor del Poder Judicial.
“La seguridad y la justicia en México no se construyen con discursos que buscan deslegitimar al Poder Judicial ni con intentos de debilitar las instituciones, sino atacando las causas, acciones que no han sido realizadas, sino hasta la denuncia de un Gobierno extranjero”, señaló.
La nota sostiene que las acusaciones de García Harfuch sobre supuestos acuerdos entre jueces y capos de la droga carecen de pruebas y forman parte de una estrategia para desviar la atención de presuntas irregularidades señaladas por el Gobierno de Estados Unidos.
Su postura ocurre luego de que García Harfuch admitiera el viernes 28 de febrero en conferencia de prensa que los 29 narcotraficantes mexicanos fueron trasladados ante el riesgo de ser liberados por jueces o que sus procesos de extradición fueran retardados.
“El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, mencionó García Harfuch.
Es por ello que la Jufed insistió en que la afirmación de que existen acuerdos con jueces para favorecer intereses ilegales es absolutamente falsa y carece de cualquier sustento probatorio”, dado que a la fecha no se ha presentado ninguna acusación.
Asimismo, exigió respeto a la labor jurisdiccional y pidió a los representantes del Poder Ejecutivo a conducirse con responsabilidad y apego a la Constitución.
“Las lamentables condiciones de inseguridad en la que viven millones de mexicanos, no han sido por causa de la actuación de los juzgadores, sino por responsabilidad directa de las autoridades”, concluyó la Jufed.
En el mismo sentido, la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, también rechazó que jueces tuvieran acuerdos con algunos de los 29 capos de la droga extraditados el pasado jueves a Estados Unidos para ser liberados.
Además, reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho y animó al jefe de Seguridad a actuar mediante vías legales de existir irregularidades en el actuar de jueces, pues incluso enfatizó que el Poder Judicial procederá sin excepciones de encontrarse presuntas irregularidades.
“En tales condiciones, en un Estado de Derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes”, insistió.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C. externó su preocupación por las declaraciones realizadas por “las cabezas” del gabinete de Seguridad en relación a los 29 narcotraficantes trasladados a EU.
“Resulta sorprendente y preocupante que los titulares del máximo órgano de seguridad formal del Estado mexicano pretendan justificar su actuar en hipotéticas e inexistentes actuaciones judiciales, cuando la única fundamentación de su actuación debe ser la Constitución y la ley”.
Apuntó que la denostación de la función jurisdiccional, mediante afirmaciones sin sustento, que consideraron sesgadas, exigieron que se realicen las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes a fin de deslindar responsabilidades “y dar a la sociedad mexicana la información clara y veraz que merece, sobre el actuar de todas sus autoridades.
Esta diferencia ocurre en medio de la implementación de la reforma judicial que pretende, el 1 de junio próximo, elegir por voto popular a la mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial mexicano, así como a los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte, entre otros órganos, lo que también ha avivado la discusión sobre la independencia judicial en el país.
A este contexto se suman las presiones de Estados Unidos, principal socio comercial del país, por combatir el narcotráfico especialmente de fentanilo, así como la migración, en medio de amagos por imponer aranceles de 25 % a las exportaciones mexicanas.
El pasado jueves 27 de febrero el Gobierno de México envió a Estados Unidos a 29 capos de la droga mexicanos de alto perfil, como Rafael Caro Quintero, considerado ‘el narco de narcos’ y fundador del Cártel de Guadalajara; los antiguos jefes de Loz Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, apodados los ‘Z-40′ y Z-42′; así como Antonio Oseguera, alias ´Tony Montana’, principal operador financiero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, fundador de la organización criminal, entre otros.
(Con información de EFE)
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