Los plebiscitos han sido una de las herramientas favoritas de Andrés Manuel López Obrador. “Vamos a preguntarle a los mexicanos”, ha repetido el presidente para temas tan diversos como la construcción dos trenes, una refinería, la viabilidad de 10 programas sociales o la marcha atrás de un nuevo aeropuerto. La próxima cita será el 1 de agosto con la polémica consulta para investigar a los expresidentes mexicanos. Por fondo y forma, se trata de la iniciativa de mayor calado en lo que va de sexenio. Ha sido un camino largo y lleno de curvas, con cambios de fecha, de pregunta y el enésimo frente abierto con Instituto Nacional Electoral (INE). El resultado es una consulta plagada de dudas, con una pregunta extremadamente ambigua que abre la puerta a un abanico de interpretaciones y diferentes usos políticos de los resultados que amenazan con desnaturalizar cualquier efecto jurídico.
Los primeros reveses
A diferencia de las otros plebiscitos celebrados durante el sexenio, consultas informales y organizadas por fuera de la legislación, esta será la primera vez que se cumplen los requisitos establecidos por la Constitución con el objetivo de que la decisión sea vinculante. El anuncio de la iniciativa se remonta a noviembre de 2018, antes incluso de tomar posesión del cargo, momento en que López Obrador apuntó directamente a la posibilidad de “que se juzgue” a los cinco expresidentes anteriores: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Tras el pistoletazo de salida, la propuesta fue mutando por el camino hasta cumplir los requisitos legales.
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El primer objetivo, lograr los 1,8 millones de firmas necesarios para que la consulta entrara por la vía ciudadana, quedó pronto descartado pese a la activación de los resortes logísticos de Morena. En septiembre de 2020, el presidente tomó la iniciativa y llevó él mismo el trámite al Senado. El segundo revés llegó con la fecha de la convocatoria. La última reforma constitucional, aprobada paradójicamente por la mayoría de Morena, estableció el 1 de agosto como fecha para la consulta. Pero López Obrador probó con otro bandazo en un nuevo cambio que buscaba hacer coincidir la convocatoria con los comicios intermedios del 6 de junio, pero su partido no logró la mayoría suficiente para otra reforma constitucional. “El presidente quería subirse a la campaña. Al no conseguirlo, empezaron las presiones a la Suprema Corte y al INE hasta que al final quedó una cosa un tanto bizarra”, apunta el profesor del ITAM y experto en la intersección entre política y derecho, Julio Ríos.
Una pregunta ambigua
El diseño de la pregunta en los mecanismos de democracia semidirecta, como referendos o plebiscitos, es crucial. Ha de ser clara, simple y explícita. Unas condiciones muy lejanas en este caso tras pasar por el filtro obligatorio de la Suprema Corte de Justicia, que desechó la redacción original que hablaba directamente de juzgar a los expresidentes. “La primera pregunta era abiertamente inconstitucional porque la Justicia no se puede someter a consulta. Violaba la independencia judicial y vulneraba los derechos de las víctimas”, apunta Javier Martín Reyes, profesor del CIDE y especialista en Derecho constitucional. “Lo que hace la Corte es leer entre líneas e interpretar lo que quería decir el presidente para salvar la constitucionalidad”, explica.
En la redacción final desaparecen las menciones a los expresidentes y a los jueces. “El mandato está ahora dirigido al poder ejecutivo, que es el actor que está en juego en las consultas, pero a través de una redacción vaga e imprecisa”, añade el Martín. La redacción final es esta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
¿Comisión de la verdad?
La parte clave de la pregunta, según los especialistas, es “acciones de esclarecimiento”. La interpretación más generalizada desde la sociedad civil es que se trata de una alusión a la llamada justicia transicional, es decir, la creación de comisiones de verdad y justicia. Un mecanismo extendido en gran parte de Latinoamérica, dedicado a responder a violaciones generalizadas a los derechos humanos a través de iniciativas de reconocimiento, memoria y reparación por parte del Estado, y que formaba parte de las promesas iniciales del presidente ante la interminable herida de la llamada guerra contra el narcotráfico.
“Son procesos muy complejos, más todavía en un país donde el problema del crimen organizado continúa. Sería muy difícil poner un punto final y establecer los mecanismos de reparación del daño y garantías de no repetición”, apunta Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En todo caso, de la ambigüedad de la pregunta se derivan más interpretaciones. “La creación de una comisión de la verdad es una de las opciones, pero también caben las decisiones meramente administrativas para evaluar el pasado”, añade el constitucionalista del CIDE. Acciones de perfil bajo que podría llevar a cabo la Secretaria de la Función Pública con sanciones como la reciente inhabilitación del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. “La ambigüedad —continúa Martín Reyes— es completamente deliberada para provocar que no vote nada en concreto y permitir que el presidente pueda hacer lo que quiera según sus intereses políticos”.
Intereses políticos
La ambigüedad también ha estado muy presente en los mensajes del propio López Obrador desde que ganó las elecciones. Mientras que anunciaba la consulta para juzgar a los expresidentes, por otro lado lanzaba señales de una especie de amnistía. “No es mi fuerte la venganza y no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos”, dijo noviembre de 2018. El mandatario llegó a anunciar que votaría por “el no” en la consulta, mientras que en el texto que envió a la Corte para justificar el plebiscito se denunciaba explícitamente a Salinas y Fox de “fraude electoral”, a Peña Nieto de “corrupción generalizada” y a Calderón de “prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento de la violencia”. En paralelo, durante estos tres años la justicia ha abierto procesos por corrupción contra altos cargos del PRI —los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles— que, de momento, permanecen estancados en los tribunales.
Para el jurista del CIDE, la meditada ambigüedad tiene que ver con “seguir manteniendo el control de la agenda gracias a un tema que le da muchísima popularidad y le permite tanto legitimarse cara a un endurecimiento de los procesos penales contra políticos de gobiernos anteriores, como justificar también una ralentización”. Y sobre todo, “reforzarse ante la revocación de mandato, que es su verdadera prioridad”. En 2022 está previsto un nuevo plebiscito, esta vez para dirimir la continuidad de mandatario. Una iniciativa sobre la que López Obrador pretende hacer gravitar la recta final del sexenio. El uso casi electoral de la consulta de este año como una prueba de su capacidad de movilización también es apuntado por el politólogo del ITAM Julio Ríos: “Es una medición del tamaño del núcleo duro del obradorismo. Porque en realidad sabe que no va a salir por el umbral tan alto de participación que se exige. Algo que, presumiblemente, utilizará también para seguir golpeando al INE”.
Conflictos con el INE y el muro de la participación
Los requisitos legales establecen que para que el resultado sea vinculante ha de registrarse una participación de, al menos, el 40% del padrón electoral. Un umbral muy alto, comparado con la participación, por ejemplo, de las últimas elecciones intermedias que, con un 50%, fue de las más altas de la historia reciente de México. “Es un umbral alto, que junto a la ambigüedad de la pregunta y la cercanía con los últimos comicios puede provocar un efecto cansancio”, apunta Concha Cantú.
El INE ha reclamado más presupuesto para organizar la consulta y ha anunciado que apenas instalará una tercera parte de las “mesas receptoras” en comparación con las casillas electorales de hace un mes. Las quejas del INE, rechazadas formalmente por la Suprema Corte, han provocado también un nuevo frente contra uno de los organismos que más suelen estar en la diana de López Obrador, al considerarlo parte de esa especie de antiguo régimen que su Gobierno aspira a clausurar. Un cóctel de intereses políticos e inconsistencias jurídicas que para Martín Reyes abocan a la consulta “al fracaso, confirmando que esto se trata más bien de un simulacro”.
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