Que ERC y Junts, socios en el Gobierno catalán, no van a una en la vía de diálogo abierta con el Gobierno central volvió ayer lunes a quedar en evidencia, justo a siete días de que se reúna la comisión bilateral Estado-Generalitat el 2 de agosto y a siete semanas del deshielo de la mesa de diálogo político pactada por ambos Ejecutivos para septiembre. Tras un fin de semana en el que hasta el propio expresident Carles Puigdemont, prófugo en Bélgica, puso en duda la validez de la mesa de diálogo, los republicanos salieron a defender esa vía ante “los que se empeñan en menospreciarla”, dijo su portavoz, Marta Vilalta. Su homóloga de Junts, Elsa Artadi, dijo que su formación no se daba por aludida.
Puigdemont cargó con fuerza contra la mesa de diálogo en un acto en Perpiñán (Francia) el pasado domingo. “Los procesos políticos para hacer un país no se pueden decidir en un despacho ni en una mesa de diálogo”, afirmó. En las negociaciones para formar Govern, tras las elecciones del 14-F, Junts terminó accediendo a intentar la carta de sentarse a negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, augurando pocos resultados pero comprometiéndose a no boicotearla. Los ataques al diálogo aparecen y desaparecen de las declaraciones de sus primeros espadas, pero ayer retumbaron con especial fuerza, por la cercanía de ambas citas con el Gobierno.
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La portavoz de ERC criticó, sin mencionar a sus socios, a “los que se empeñan en menospreciarla [la vía del diálogo]” y recurrió a uno de los eslóganes utilizados por el independentismo en el pasado, para intentar dejar en evidencia a Junts. “Hemos estado mucho tiempo reclamando el sit and talk (siéntense y hablen). Ahora lo tenemos, aprovechémoslo”, dijo tras la reunión semanal de la cúpula de su partido. La republicana dijo que también es escéptica ante la posición de Pedro Sánchez (que por ejemplo ya ha cerrado la puerta a un referéndum de independencia o a la amnistía, que son las dos propuestas del Govern) y recordó que será un camino difícil, pero resaltó que no se puede caer en la “estrategia de los brazos caídos”.
Vilalta no solo respondía al jefe de filas de Junts. Las declaraciones de Puigdemont son una en un rosario de planteamientos que ponen en duda permanentemente la voluntad real del Gobierno para resolver la tensión política en Cataluña. En su pacto de investidura, los republicanos pactaron tanto con la CUP como con Junts un margen de dos años para la mesa de diálogo y, cumplido el plazo —coincidiendo con el fin de la legislatura en las Cortes—, evaluar su continuidad. “A final de año se verá cuáles son las intenciones del Gobierno, se verá si el Estado se lo cree o no”, dijo ayer el exconsejero de Presidencia Jordi Turull, de Junts, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Turull, condenado en el juicio del procés e indultado por el Gobierno, puso así en duda el propio marco temporal acordado por su partido. “No engañemos a la gente”, pidió.
En vídeo, declaraciones de la portavoz de ERC, Marta Vilalta.
También en la radio pública catalana, la presidenta de Parlament, Laura Borràs, de Junts, dijo el viernes que “dar estabilidad al Estado, hacer creer que las cosas están encarriladas”, es “dar una imagen a Europa de una situación que no es real”. Para Borràs, la mesa de diálogo es “un producto de marketing más que de política”, y el independentismo debe “prepararse” para su “fracaso”.
La portavoz de Junts, Elsa Artadi, evitó ayer entrar en el cuerpo a cuerpo con Vilalta. “Nosotros no sentimos menosprecio por nada ni por nadie, así que no nos sentimos aludidos”, zanjó. Eso sí, se sumó a las tesis de Turull y consideró que los dos años de oportunidad a la vía del diálogo pueden no cumplirse por “el endurecimiento de posiciones de Pedro Sánchez y sus ministros”.
En su encuentro en La Moncloa, el presidente Pedro Sánchez y el jefe del Govern, Pere Aragonès, pactaron dos foros separados para descongelar el diálogo paralizado por la pandemia. Por un lado está la comisión bilateral, un órgano de origen estatutario en el que se negocia de manera bilateral, por ejemplo, el traspaso de competencias contenidos en el Estatut, posibles choques legales por normativas autonómicas o estatales y la evolución de los compromisos en inversiones. Ese órgano no se reunía desde 2018 y tanto el Gobierno como la Generalitat están afinando el orden del día del encuentro agendado para el día 2 de agosto. Por otro lado está la mesa de diálogo, que inicialmente nació como una contrapartida a ERC por abstenerse en la investidura de Sánchez y que, tras la frialdad de Torra después de iniciarla, ha sido abrazada por Aragonès.
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