Pere Aragonès se sometió ayer a la primera votación de investidura y, como estaba previsto, no logró votos suficientes para ser elegido presidente de la Generalitat catalana. Tampoco está claro si lo logrará la semana próxima. Sus eventuales socios de Junts, que se abstuvieron, le recomendaron desistir de la segunda ronda de voto del martes, darse más tiempo para negociar y centrarse en cerrar con ellos un acuerdo de legislatura. Aragonès desoyó esa petición y seguirá con su plan, pero el enfrentamiento abre una herida de difícil cura si llegan a compartir Ejecutivo. El desacuerdo se centra en qué papel dar a la figura de Carles Puigdemont.
El debate acabó con Aragonès recibiendo el apoyo de 42 diputados (los 33 de su partido y los nueve de los anticapitalistas de la CUP), la abstención de los 32 de Junts y el voto en contra de los 61 restantes. Si finalmente hay un pacto entre independentistas, el cacareado “Govern fuerte” tendrá el lastre de un president deliberadamente debilitado, con la autoridad cuestionada desde antes de ser elegido: el líder de ERC ofreció a la CUP una moción de confianza a medio mandato. Fuentes de los republicanos quitan hierro: el poder de la jefatura del Govern, dicen, reescribirá todo.
La decisión de la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, de fijar la próxima votación el martes y no el domingo da tres días a las partes para negociar. Pero las posiciones están encalladas y los orgullos muy pisoteados. Los de Puigdemont descartan unas nuevas elecciones, pero anoche se accionó la cuenta atrás de dos meses para que se disuelva la Cámara si no se elige a un president.
Desde hace días, varias voces de Junts alertan de que son necesarios “días o semanas” para cerrar un pacto “estable”. Los republicanos insistían en que las diferencias no eran insalvables. Además, tras el acuerdo con la CUP, creían que Junts estaría obligada a explicar por qué rompía la mayoría independentista obtenida el 14-F. Y entidades como la patronal Foment del Treball o los sindicatos abogaban por cerrar rápidamente un Ejecutivo que atienda la crisis de la pandemia.
Los de Puigdemont ya informaron el viernes de que se abstendrían ayer, pero estaban pendientes de escuchar a Aragonès. Los guiños que esperaban no llegaron. No sentó bien que se les mencionara como a un grupo más —en la misma frase en la que se pedía apoyo a En Comú Podem— y que no se incluyeran sus peticiones de blindar, por ejemplo, el Consell de la Republica, la entidad que el expresident prófugo pilota desde Bélgica.
Aragonès, que agradeció y se comprometió a cumplir los acuerdos alcanzados con la CUP, hizo un debate centrado en la política social, con anuncios concretos. Huyendo de la retórica más esencialista de su antecesor Quim Torra, el republicano dijo que en los 100 primeros días de su Govern movilizará 700 millones de euros para atender el desempleo juvenil y reforzar la atención social. Su Ejecutivo, agregó, dedicará 1.000 millones en cuatro años a medidas de vivienda y tendrá una óptica feminista.
El lado reformista de Aragonès también quedó plasmado en su discurso de intervención a los oligopolios para proteger a emprendedores y pequeños empresarios. “Por eso defiendo la intervención pública, para corregir la tendencia natural a crear posiciones de dominio que adulteran la libertad económica”, explicó.
Una de las críticas de Junts durante las negociaciones ha sido la falta de concreción de ERC en la hoja de ruta independentista: qué pasos seguir si fracasa la mesa de diálogo con el Gobierno o cómo evitar que se eternice. Aragonès defendió su apuesta por forzar la celebración de un referéndum acordado y la aprobación de una amnistía, pero no entró en el detalle de cuál sería el margen de la unilateralidad. “Seguiremos construyendo las alternativas para construir la república”, dijo.
La intervención de Salvador Illa posterior a la de Aragonès y la pausa de la comida sirvió para que Junts y ERC reajustaran posiciones. El socialista desahució un Govern que nazca así de enfrentado. El candidato a la investidura volvió al atril sabiendo que el jefe de filas de Junts, Albert Batet, le pediría casi el harakiri político. “Le proponemos formalmente que renuncie a la segunda votación hasta que no haya un acuerdo entre los 74 diputados”, le dijo Batet. Aragonès, de momento, mantiene el pulso.
El papel de Puigdemont
La réplica a Junts, sin embargo, dejó claro que el papel de Puigdemont en el futuro institucional de Cataluña es uno de los puntos sensibles de la negociación y en el que hay poco margen para hacer cesiones. Batet cree que ERC busca deslegitimar “el mandato” del referéndum del 1-O y defendió que todas las victorias logradas por el independentismo en los últimos años tienen el sello ”del exilio, en referencia a las negativas de Bélgica a entregar al exconsejero Lluís Puig, por ejemplo. El Consell, ahondó, tiene que ser “el órgano deliberativo y decisorio” de la hoja de ruta independentista. “Mi concreción es la que ustedes llevaban en el programa. Más facilidades no podemos ofrecer”, respondió Aragonès y recordó que la coordinación del secesionismo tiene que ser “plural”.
La idea de “rehacer la confianza” fue una de las más repetidas tanto en Junts como en ERC, durante la campaña. En la negociación, aparte de los manuales de rigor, también parece que se echó mano del Código de Hammurabi y su máxima de ojo por ojo. Batet no escatimó ayer tiempo en recordar cómo el expresidente del Parlament Roger Torrent (ERC) acató a la Justicia y evitó la investidura telemática de Puigdemont. Y que tampoco evitó que se le retirara el acta a Quim Torra cuando lo determinó la Junta Electoral por desobediencia. “No tenemos dudas que usted será el 132º presidente de la Generalitat”, remachó, no obstante, Batet.
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