La desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 sacudió México y evidenció la profunda crisis del Estado de derecho en el país latinoamericano. A punto de cumplirse el quinto aniversario del suceso, no solo se sigue sin saber qué ocurrió con los normalistas, sino que el proceso judicial naufraga después de que se hayan documentado torturas, violaciones de derechos humanos y numerosas irregularidades.
El horizonte judicial es desolador. Más de la mitad de los acusados —77 de 142— ya han sido liberados. De todos los implicados, apenas una treintena están imputados por la desaparición de los 43 estudiantes, según datos del Centro Prodh, un organismo independiente que ha seguido todo el caso y que ha documentado también violaciones a los derechos humanos y contra el debido proceso a 83 personas, entre ellas 24 policías que fueron liberados el pasado fin de semana, solo unos días después de que uno de los principales acusados, Gildardo López Astudillo, El Gil, también quedase en libertad. El naufragio del proceso judicial se venía avisando desde hacía tiempo por distintas instancias. Los primeros liberados fueron detenidos por hechos relacionados con la “verdad histórica”, la línea de investigación que impulsó el Gobierno de Enrique Peña Nieto para cerrar el caso y que afirmaba que los 43 estudiantes fueron quemados hasta ser reducidos a cenizas en un basurero.
Tanto el actual Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, como la nueva Fiscalía General de la República, que se presupone independiente del Ejecutivo por primera vez, han prometido una investigación prácticamente nueva ante el alud de irregularidades. “Desde cero”, ha dicho el fiscal especial del caso, sin concretar si la afirmación es metafórica o si, de verdad, va a obviarse cualquier avance que se haya hecho. Pese al flagrante naufragio en los tribunales, en este tiempo ha habido informes y estudios de organismos internacionales e independientes que no deberían ser ignorados.
La solidaridad de López Obrador, a diferencia de su antecesor, con los familiares de los 43 estudiantes ha sido constante desde antes incluso de que asumiera la presidencia. Los gestos y declaraciones, no obstante, hace tiempo que dejaron de ser suficientes. México debe demostrar que puede acometer un proceso judicial serio y que la Fiscalía es independiente del poder Ejecutivo. Lo que está en juego no es solo esclarecer qué ocurrió aquel 26 de septiembre; también dar un gran paso hacia la consolidación de un Estado de derecho. Una deuda con los familiares de los 43 desaparecidos y con toda la sociedad mexicana.
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