Keiko Fujimori no quiere dar su brazo a torcer. La candidata conservadora ha vuelto a insistir este miércoles, cuando el conteo de votos alcanza el 99% y su derrota, aunque por la mínima, parece inevitable, que el partido de Pedro Castillo ha orquestado un plan en diversas regiones del Perú para cometer fraude electoral. “Ha habido un interés sistemático de quebrar la voluntad popular”, dijo. La candidata conservadora apareció en rueda de prensa para cifrar en 500.000 los supuestos votos ilegales que han ido a parar a su contendiente. Fujimori no solo se juega en los próximos días la presidencia, sino evitar un juicio por lavado de dinero en un caso vinculado a Odebrecht, por el que un fiscal le solicita más de 30 años de prisión. En la presidencia gozaría de inmunidad.
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Mientras Fujimori detallaba el supuesto fraude, Pedro Castillo, el candidato de izquierdas que tiene la victoria en la mano, tuiteó: “Agradezco a quiénes siguen resistiendo en las calles. No caigamos en provocaciones de quienes quieren ver este país en el caos. Por ello, hacemos un llamado de paz y tranquilidad”. Seguidores de uno y otro se encuentran en las calles de Lima a la espera del resultado final. Gente de todas partes del país ha pasado días en la carretera para llegar a la capital. A veces se cruzan en las inmediaciones de la oficina electoral, a donde acuden a presionar a las autoridades. Por ahora los incidentes han sido menores, pero la tensión es máxima después de una campaña muy ríspida. Hay temor a que las denuncias de pucherazo se conviertan en violencia.
Fujimori perdió en 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski, un economista conservador. La hija de Alberto Fujimori, un autócrata que gobernó el Perú entre 1990 y 2000 ahora encarcelado, nunca digirió aquella derrota. Su hermano Kenji contó más tarde, en un programa de radio, que la política iniciaba todas las reuniones con los congresistas de su partido recordándoles que le habían robado las elecciones. En realidad no había prueba de ello. Fujimori echó mano de su mayoría en el Congreso para destituir a Kuczynski y a su sucesor, y a otros ministros. El país vivió un quinquenio de inestabilidad.
En esta campaña, apoyada por figuras antifujimoristas como el escritor Mario Vargas Llosa, que le hizo firmar un juramento democrático, insistió en que respetaría el resultado. Llegado el momento se ha desdicho con sus propios hechos. Los observadores internacionales han felicitado a las autoridades por la organización de las elecciones. El sistema electoral peruano cuenta con las herramientas para detectar un fraude como el que ella ha denunciado hoy. Las revisiones de las actas impugnadas por los dos partidos se está retransmitiendo en vivo por televisión, una a una. Aún así, la hija mayor de Fujimori ha insistido en la teoría de la conspiración.
“Si sumamos 802 mesas en las que se han presentado solicitudes de nulidad, que representan 200.000 votos, y le agregamos 1.200 actas que representan 300.000 votos, aquí están en juego medio millón de votos que creemos que es fundamental para el recuento final que tiene que llevar a cabo el jurado electoral”, dijo. Y pidió a sus seguidores que continúen en las calles. “Agradezco a los ciudadanos que han salido a marchar pidiendo que se haga respetar su voto. Los insto a seguir esperando los resultados con mucha confianza”.
Después de ella, como hiciera la primera vez que mostró su disconformidad con el resultado, comparecieron otras dos personas. Miguel Torres, un portavoz y excongresista de su partido, y Julio César Castiglioni, abogado experto en pleitos electorales. Entre ambos enumeraron los motivos que encontraron para pedir la nulidad: falsificación de firmas de miembros de mesa en 503 actas, que representan 125.000 votos; falsificación de los resultados en 132 actas donde, según el planteo legal, Fuerza Popular obtuvo cero votos; conformación de mesas con miembros de una misma familia, algo prohibido por ley.
En muchos de esos municipios de la Amazonía de los que presentaron actas es común que sus miembros tengan apellidos parecidos o sean parientes. Y el apoyo a Castillo era masivo, por lo que era de esperar resultados muy bajos de Fujimori, vista por ese electorado como una candidata que defiende los intereses de las élites urbanistas del país. La justicia electoral debe decidir ahora sobre estas impugnaciones, un procedimiento que retrasará la finalización del conteo. Fujimori puede denunciar irregularidades, pero se le ha acabado el plazo de las impugnaciones. Eso estrecha su margen de maniobra.
Esta podría ser la tercera derrota consecutiva de Fujimori en la segunda vuelta de unas elecciones, tras 2011 y 2016. Esta vez podría tener consecuencias legales para la candidata. Después de dos años de investigación, un fiscal del equipo Lava Jato, uno de los casos de corrupción más grandes de América Latina que ha salpicado a gobernantes de casi todos los países, denunció en marzo ante un juez a Fujimori y a una treintena de personas de su entorno partidario y familiar por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, entre otros delitos. Los fiscales llegaron a pedir la disolución del partido, al considerarlo una banda criminal. El juez no lo aceptó.
¿Cuál es el motivo de la acusación? Haber recibido para las campañas electorales de 2011 y 2016 millonarios aportes de la transnacional brasileña Odebrecht y del principal grupo financiero peruano, sin haber declarado dichos fondos a las autoridades electorales y evadiendo las regulaciones del sistema bancario. El monto entregado por Odebrecht fue 1,2 millones de dólares. El proceso está en la fase previa al inicio del juicio oral. Ella ha negado todos los cargos.
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