AUSTIN, Texas – La histórica destitución del fiscal general de Texas, Ken Paxton, fue solo el primer paso de una pelea republicana sobre si desterrar a uno de los suyos en el mayor estado rojo de Estados Unidos después de años de acusaciones criminales.
Paxton y sus aliados, desde el expresidente Donald Trump hasta organizaciones de base de extrema derecha en todo Texas, esperan ahora contraatacar en lo que Paxton espera que sea un escenario más amigable: un juicio en el Senado estatal.
Todavía no estaba claro el domingo cuándo tendrá lugar. El Senado, dirigido por los republicanos, se reunió para aprobar proyectos de ley en los últimos días de la sesión legislativa. Pero el presidente de la cámara, el vicegobernador republicano Dan Patrick, no se refirió de inmediato a la destitución de Paxton.
Paxton ha dicho que tiene “plena confianza” mientras espera un juicio en el Senado. Entre sus aliados conservadores figura su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, quien no ha dicho si se recusará del proceso para determinar si su marido será destituido permanentemente.
Por ahora, el fiscal general de Texas, que lleva tres mandatos, está suspendido de inmediato después de que el sábado la Cámara de Representantes del estado impugnara a Paxton por 20 artículos que incluían soborno y abuso de la confianza pública.
El voto decisivo de 121-23 equivalió a una clara reprimenda de la cámara controlada por el partido republicano después de casi una década de legisladores republicanos adoptando una postura mayormente silenciada sobre las presuntas fechorías de Paxton, que incluyen cargos de fraude de valores por delito grave de 2015 y una investigación en curso del FBI sobre acusaciones de corrupción.
Es sólo el tercer funcionario en activo que ha sido procesado en los casi 200 años de historia de Texas.
“Ninguna persona debería estar por encima de la ley, y menos aún el más alto funcionario de la ley del estado de Texas”, dijo el representante estatal republicano David Spiller, quien formó parte de un comité de investigación de la Cámara que esta semana reveló que había estado investigando silenciosamente a Paxton durante meses.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha guardado silencio sobre Paxton durante toda la semana, incluso después de la destitución del sábado. Abbott, que fue fiscal general del estado antes de que Paxton asumiera el cargo en 2015, tiene la potestad de nombrar a un sustituto temporal a la espera del resultado en el juicio del Senado.
La destitución definitiva de Paxton requeriría dos tercios de los votos en el Senado, donde los miembros republicanos suelen alinearse con la derecha dura del partido. Patrick, el presidente del Senado, ha sido presidente estatal de las campañas de Trump en Texas.
Un grupo de senadores republicanos emitió declaraciones idénticas a última hora del sábado y el domingo diciendo que “dan la bienvenida y alientan la comunicación de nuestros electores.” Pero el grupo también dijo que ahora se consideran jurados y no discutirán el caso Paxton.
Antes de la votación del sábado, Trump y el senador estadounidense Ted Cruz salieron en defensa de Paxton, con el senador llamando al proceso de destitución “una parodia” y diciendo que los problemas legales del fiscal general deberían dejarse en manos de los tribunales.
“Liberen a Ken Paxton”, escribió Trump en su plataforma de medios sociales Truth Social, advirtiendo que si los republicanos de la Cámara procedían con el juicio político, “lucharé contra ustedes”.
Paxton, de 60 años, condenó el resultado en la Cámara momentos después de que decenas de sus compañeros de partido votaran a favor de la destitución. Su oficina se remitió a informes internos que no detectaron irregularidades.
“El feo espectáculo que se ha vivido hoy en la Cámara de Representantes de Texas ha confirmado que el escandaloso complot para destituirme nunca fue justo ni equitativo”, dijo Paxton. “Fue una farsa políticamente motivada desde el principio”.
Los legisladores aliados de Paxton intentaron desacreditar la investigación señalando que fueron investigadores contratados, y no miembros del panel, quienes entrevistaron a los testigos. También dijeron que varios de los investigadores habían votado en las primarias demócratas, manchando el juicio político, y que los legisladores republicanos tuvieron muy poco tiempo para revisar las pruebas.
“Percibo que podría ser una instrumentalización política”, dijo antes de la votación el representante Tony Tinderholt, uno de los miembros más conservadores de la Cámara. El representante republicano John Smithee comparó el procedimiento con “una turba de sábado en busca de un linchamiento vespertino”.
El profesor de ciencias políticas de la Universidad Rice, Mark P. Jones, dijo que la rápida medida de destitución impidió que Paxton reuniera un apoyo significativo y permitió que los republicanos, silenciosamente frustrados, se unieran.
“Si se pregunta en privado a la mayoría de los republicanos, sienten que Paxton es una vergüenza. Pero la mayoría tenían demasiado miedo de la base para oponerse a él”, dijo Jones. Al votar como un gran bloque, añadió, los legisladores ganaron cobertura política.
Para los detractores de larga data de Paxton, sin embargo, la reprimenda llegó con años de retraso.
En 2014, admitió haber violado la ley de valores de Texas, y un año más tarde fue acusado de fraude de valores en su ciudad natal cerca de Dallas, acusado de estafar a los inversores en una startup tecnológica. Se declaró no culpable de dos delitos graves que conllevan una posible condena de cinco a 99 años.
Abrió un fondo de defensa legal y aceptó $100,000 de un ejecutivo cuya empresa estaba siendo investigada por la oficina de Paxton por fraude al Medicaid. Otros $50,000 fueron donados por un jubilado de Arizona cuyo hijo Paxton contrató más tarde para un alto cargo, pero pronto fue despedido tras mostrar pornografía infantil en una reunión. En 2020, Paxton intervino en una comunidad montañosa de Colorado donde un donante de Texas y compañero de universidad se enfrentaba al desalojo de su casa junto al lago bajo órdenes de coronavirus.
Pero lo que finalmente desató el impulso de la destitución fue la relación de Paxton con el promotor inmobiliario de Austin Nate Paul.
En 2020, ocho asesores de alto nivel dijeron al FBI que les preocupaba que Paxton estuviera haciendo un uso indebido de su cargo para ayudar a Paul por las afirmaciones no probadas del promotor sobre una elaborada conspiración para robar $200 millones de sus propiedades. El FBI registró la casa de Paul en 2019, pero no ha sido acusado y niega haber hecho nada malo. Paxton también dijo a miembros de su personal que tuvo un romance con una mujer que, según se supo después, trabajaba para Paul.
El juicio político acusa a Paxton de intentar interferir en los juicios por ejecuciones hipotecarias y de emitir opiniones legales para beneficiar a Paul. Los cargos de soborno incluidos en la acusación alegan que Paul contrató a la mujer con la que Paxton tuvo una aventura a cambio de ayuda legal y que pagó costosas reformas en la casa del fiscal general. Un abogado de alto rango de la oficina de Paxton, Chris Hilton, dijo el viernes que el fiscal general pagó por todas las reparaciones y renovaciones.
Otros cargos, como el de mentir a los investigadores, se remontan a la acusación de fraude de valores de Paxton, aún pendiente.
Cuatro ayudantes que denunciaron a Paxton ante el FBI interpusieron más tarde una demanda al amparo de la ley de denunciantes de Texas, y en febrero Paxton aceptó llegar a un acuerdo por $3.3 millones El comité de la Cámara dijo que la investigación fue provocada por Paxton buscando la aprobación legislativa para el pago.
“De no ser por la solicitud del propio Paxton de un acuerdo financiado por los contribuyentes por su conducta ilícita, Paxton no se enfrentaría a un juicio político”, dijo el panel.
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