Ucrania quiere demostrar que se toma en serio las exigencias de la Unión Europea para que solucione uno de sus problemas endémicos, la corrupción. El miércoles, en la antesala de la cumbre de la UE en Kiev, la Fiscalía General llevó a cabo una nueva serie de redadas a gran escala en las que están implicadas varias entidades estatales, consecuencia de numerosas investigaciones sobre presuntos casos de corrupción, malversación y fraude fiscal en las altas esferas del poder. “Estoy tranquila al ver que sus servicios anticorrupción están en alerta y son efectivos detectando casos de corrupción”, afirmó este jueves desde la capital de Ucrania la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La Fiscalía General registró domicilios y oficinas de empresarios y altos funcionarios supuestamente implicados en varias tramas ilegales. La más grave, por el monto económico que podría haberse defraudado —el equivalente a 1.000 millones de euros— es en la compañía petrolífera Ukrtatnafta, de la que el Estado es su mayor accionista. La Fiscalía abrió diligencias contra su consejo de administración. Vinculado a este caso, los servicios secretos (SSU) registraron la casa de Ígor Kolomoiski, su antiguo propietario. Kolomoiski es un oligarca originario de Dnipró, uno de los hombres más ricos de Ucrania, conocido por haber sido el principal apoyo del presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en su carrera como productor y actor televisivo y, sobre todo, en su carrera política.
La Fiscalía General comunicó que también abría diligencias contra tres altos cargos del Ministerio de Defensa: Bogdan Kmelnitskyi, exsubdirector de provisiones; Volodímir Tereschenko, subdirector de contrataciones internacionales; y Viacheslav Shapovalov, exviceministro. Se los investiga por presunto fraude por la adquisición de equipos para las tropas de menor calidad que lo establecido en los contratos.
Shapovalov dimitió la semana pasada después de que la Oficina Antifraude aceptara investigar las sospechas de que había aprobado contratos para conceder a una sociedad instrumental un contrato valorado en 360 millones de euros para suministrar alimentos a los militares por un precio muy superior al de mercado. El contrato fue filtrado al medio ZN. En un primer momento, el ministro de Defensa, Oleksi Reznikov, acusó a los periodistas de manipular lo que era un error técnico y amenazó con acciones de los servicios secretos.
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Entre las decisiones de la Fiscalía General del miércoles también se cuenta el procesamiento de un alto cargo de Odesa por presuntamente recibir un soborno de 40.000 dólares en un caso de fraude de recalificación de terrenos. El exministro del Interior Arsen Avakov también fue formalmente informado de que es investigado por posibles irregularidades en la compra de helicópteros Airbus en 2018. Avakov, por su parte, aseguró al diario Pravda que se investigaba un posible error técnico en el helicóptero que se estrelló el pasado enero a las afueras de Kiev, causando la muerte de la cúpula del ministerio del Interior. Además, el SSU también actuó contra algunos cargos de la agencia tributaria de Kiev y dirigió una redada contra una red de proxenetismo de la que está acusado como cabecilla el subdirector del Departamento de Migración de la Policía Nacional.
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Todo esto se suma a los diez relevos de altos cargos que se aprobaron la semana pasada en una serie de investigaciones, iniciadas por varios medios de comunicación, que asumió la Oficina Anticorrupción. Además de Shapovalov, también fue acusado de un posible caso de tráfico de favores el que fuera el número dos de la oficina de Zelenski, Kirilo Timoshenko. El presidente anunció el miércoles que también había cesado, en el marco de las investigaciones anticorrupción, a toda la cúpula del Servicio Estatal de Aduanas. Damilo Hermantsev, diputado del partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, y jefe de la comisión parlamentaria sobre finanzas, impuestos y aranceles, aseguró este jueves en una entrevista con la Agencia de Noticias Ucrania que las irregularidades en el servicio de aduanas de las fronteras “no han hecho más que empeorar durante la guerra”. También este jueves fue arrestado un alto funcionario del departamento tributario de la región de Yitómir acusado de recibir un soborno de 200.000 grivnas (unos 5.000 euros).
Renovación en la Fiscalía
Una de las críticas más repetidas contra el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, había sido que, tras más de dos años en el cargo —que asumió en 2019—, no había cumplido con el compromiso de renovar la Fiscalía Anticorrupción según los estándares de independencia que había prometido. El pasado julio, en plena invasión rusa, Zelenski nombró a Andrii Kostin como nuevo Fiscal General, y para anticorrupción a Oleksandr Klimenko. Kostin había sido ya el candidato de Zelenski para el cargo en 2021, pero había recibido la oposición de organizaciones externas al Gobierno, que consideraban que había sido opaco en su declaración de bienes y que era demasiado próximo a Zelenski.
Una de las entidades que antes de la guerra había mostrado sus dudas acerca de Kostin, según recordó el diario Kyiv Independent, fue la organización de monitorización de la corrupción Transparency International. En el ranking anual para 2022 de percepción de la corrupción que publica esta organización, Ucrania se situó en la posición 116 de 180 países; una mejora de seis puestos con respecto a 2021. En un comunicado en sus redes sociales, Kostin afirmó que “no hay retorno al pasado”: “Ucrania sigue el camino hacia Europa y no se desviará de este”.
Las operaciones anticorrupción, acompañadas de una gran cobertura mediática pese a que el foco de interés es la guerra, coinciden con el desembarco de comisarios europeos para la cumbre de este viernes. “¿Podríamos tener cada semana una cumbre EU-Ucrania?”, escribió irónicamente en sus redes sociales Mattia Nelles, politólogo alemán experto en reformas políticas en Ucrania, refiriéndose al momento elegido para las acciones contra posibles irregularidades en el poder ucranio.
La UE aceptó el pasado junio a Ucrania como país candidato para ser miembro de la Unión. En el informe de la Comisión Europea para dar el visto bueno a la candidatura se incluían siete recomendaciones. Tres de ellas se referían a la corrupción y pedían al país: reforzar su combate, “en particular al más alto nivel”; cumplir con los estándares internacionales de legislación para prevenir el blanqueo de capitales; y limitar el poder de los oligarcas.
Las exigencias para mejorar los sistemas de control de la corrupción en Kiev no solo responden a su futuro como posible estado miembro de la UE, sino también al interés de sus aliados internacionales de monitorizar el dinero que están transfiriendo al Estado durante la guerra. Este enero, ante la Rada ―el parlamento ucranio―, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, resumió el montante de la ayuda que ha recibido Ucrania del presupuesto de la UE: 50.000 millones, de los cuales, 18.000 millones han ido directamente al presupuesto del Estado para 2023. Además, la UE ha aportado 1.100 millones de euros en apoyo militar. Estos números son solo los comunitarios, ya que cada país ha aportado también su propia ayuda.
Estados Unidos también ha introducido mecanismos propios para supervisar el gasto de los más de 50.000 millones de dólares en ayuda directa, tanto humanitaria como financiera y militar, que había garantizado hasta finales de 2022 a Ucrania.
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