Una hilera de 28 cuerpos sin vida de migrantes que se ahogaron en el mar, tratando de llegar a Europa tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban, apareció el sábado en una playa en la costa oeste de Libia. Hace menos de una semana, 160 migrantes fallecieron también en la costa oeste de Libia en dos naufragios. Y a finales de noviembre, 75 personas se ahogaron en la misma zona al hundirse una embarcación fletada por mafias con la que pretendían cruzar el Mediterráneo en busca de una vida mejor.
Los naufragios son también una constante en la ruta atlántica hacia Canarias. Y en el mar Egeo, donde el sábado, en la isla griega de Anticitera, fallecieron al menos 16 personas que trataban de llegar a Italia desde Turquía. La mayoría eran sirios, afganos y palestinos. Las recientes tragedias exponen que Europa continúa asumiendo que morir es parte del precio a pagar para llegar a su territorio. La sucesión de naufragios consolida al Mediterráneo central como la ruta más letal de Europa.
El primer ministro italiano, Mario Draghi ha devuelto la inmigración al centro de las conversaciones europeas. Reclama a la UE “planes de acción claros, financiados adecuadamente y dirigidos de manera equitativa a todas las rutas del Mediterráneo”, pero por el momento no ha conseguido avances significativos. El expresidente del Banco Central Europeo defiende una gestión del tema “equilibrada, eficaz y humana”, capaz de defender las fronteras nacionales, de combatir el tráfico de seres humanos y de ofrecer una adecuada acogida, dijo la semana pasada en su conferencia de prensa de balance del año.
La Organización Internacional para las Migraciones ha registrado hasta el 21 de diciembre 1.692 muertos y desaparecidos en el mar, casi 300 más que en el año anterior. Desde 2014, han muerto o desaparecido en el Mediterráneo 23.150 personas en su intento por llegar a Europa. La OIM también afirma que el número real de muertes podría ser mucho mayor, ya que varios naufragios no se denuncian y otros muchos son difíciles de verificar.
El pasado julio, el Ejecutivo italiano renovó la financiación del acuerdo de colaboración con los guardacostas libios. La cuestionada Guardia Costera libia es un cuerpo militarizado en el que cooperan fuerzas paramilitares, equipado y entrenado por la UE, que patrulla el Mediterráneo, obstruye algunas operaciones de rescate y captura a migrantes que son enviados a una red de centros de detención por diversas milicias libias que se enriquecen con esa reclusión.
El Parlamento italiano revalidó esta controvertida misión que lleva en marcha desde 2017 a pesar de los llamamientos y peticiones de boicot de numerosas organizaciones humanitarias que alegan que este tipo de pactos contribuyen a sostener las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que los migrantes sufren en Libia. Pero en esta ocasión, Italia ha pedido que a partir del próximo año la gestión de la misión en Libia pase a estar bajo el paraguas europeo, a través de la misión IRINI, activada por Bruselas en 2020. Su objetivo principal es hacer cumplir el embargo de armas de las Naciones Unidas a Libia, pero también se ocupa del entrenamiento de los soldados y los guardacostas libios.
De 2017 a 2020, Italia ha destinado 22 millones de euros solo para las misiones de formación y apoyo de la Guardia Costera libia, como señala el Instituto para los Estudios de Política Internacional (ISPI). El Gobierno prevé destinar otros 10,5 millones.
Matteo Villa, investigador del ISPI especializado en migraciones, expone la ineficacia de los acuerdos con las milicias libias y el refuerzo de la Guardia Costera. “Italia y Europa siguen sin acompañar las políticas de lucha contra los flujos irregulares con las de rescate de personas, por lo que el número de muertes se ha triplicado desde el año pasado. Por el contrario, bloquean los pocos barcos de las ONG, a pesar de que los datos demuestran que su presencia en el mar no tiene ningún efecto sobre el número de personas que salen de Libia”, dice.
Corredores humanitarios
El Gobierno italiano ha tratado de invertir la tendencia en los últimos meses. Ha anunciado corredores humanitarios seguros y legales para centenares de migrantes y refugiados, ha pedido a sus socios comunitarios que repliquen el ejemplo, y ha destacado que los migrantes son un “recurso valioso” para las economías europeas. También ha reclamado a Libia el cierre de los centros de detención. “Roma está prácticamente sola en Europa en estos corredores, y Trípoli hace oídos sordos a las peticiones italianas. Y así seguimos, subsistiendo, hasta la próxima crisis”, señala Villa.
Las escasas políticas migratorias a nivel europeo dependen de la cooperación de los países de la ribera sur del Mediterráneo, como Libia, Túnez o Marruecos para la gestión de los flujos migratorios irregulares. En la otra orilla, Italia, España o Grecia afrontan solas la gestión de las llegadas.
En Libia, la inmigración irregular es un delito y los extranjeros son encerrados por tiempo indefinido. En varios de esos centros de internamiento, en manos de diferentes milicias, se han reportado abusos, torturas, extorsión y explotación de los migrantes. “Existe incertidumbre en torno a la situación en Libia debido a la covid-19, especialmente para los que se encuentran en centros de detención”, reza un informe interno de la Comisión Europea al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El número total de llegadas a través del Mediterráneo Central, la ruta que lleva a Italia y Malta, alcanzaba a mediados de diciembre las 63.766 personas, un aumento del 81% respecto al mismo periodo de 2020. Según el Ministerio del Interior italiano, hasta el 6 de diciembre habían llegado 9.160 menores no acompañados. En el caso de los desembarcos en Malta, todos parten de Libia. También Libia es el origen mayoritario de los barcos que arriban a costas italianas. De allí han partido 29. 457 migrantes, seguido de Túnez (19. 318), Turquía (11. 735) y Argelia (1.314).
En noviembre se registraron 8.720 salidas de las costas libias, el número más alto desde julio de 2017, según la ONG Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Además del aumento de salidas, crecen el número de nacionales de Bangladés, Egipto y Siria, los barcos van más cargados y se recurre más a barcos de pesca de madera.
Un millar de migrantes a la espera de un puerto seguro
Dos barcos humanitarios están a la espera de un puerto con un millar de migrantes a bordo después de haberlos rescatado en el Mediterráneo central. El Geo Barents de Médicos sin Fronteras, que lleva a 558 migrantes, sufre una situación cada vez más complicada. “Algunos llevan 11 días a bordo, incluidos niños y gente con problemas médicos que cada vez están más exhaustos. Están hacinados en el barco”, señala a EL PAÍS Caroline Willemen, coordinadora de proyectos del Geo Barents. “Muchos han sufrido violencia en los centros de detención en Libia, necesitan cuidados médicos. Sus circunstancias actuales solo contribuyen a agravar su situación. Es urgente encontrar puerto. Ahora que Europa está celebrando la Navidad es el momento de acoger a quienes tenemos a bordo”, añade.
El barco Sea Watch 3 de la ONG homónima ha realizado cinco rescates en tres días y ahora lleva a bordo a 444 migrantes. “Pasamos la Navidad a bordo con personas que buscaban seguridad, que se quedaron solas con sus chalecos luchando contra el mar. Mientras la política europea habla festivamente de la caridad, deja a miles de personas ahogadas frente a su puerta. La catástrofe humanitaria en el Mediterráneo no conoce vacaciones”, señala Mattea Weihe, jefe de misión a bordo del Sea Watch 3.
A pesar del mal tiempo y las condiciones adversas en el mar, las salidas de barcazas de las costas africanas con destino a Europa no han cesado ni en este otoño ni en invierno. El Ocean Viking, de la ONG SOS Mediterranée, desembarcó recientemente en el puerto de Trapani, en Sicilia, después de nueve días de espera a los 114 migrantes que llevaba a bordo, entre ellos, dos recién nacidos. Mientras que los 216 náufragos rescatados por la organización alemana Sea-Eye desembarcaron este viernes en el puerto de Pozzallo, en Sicilia.
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