La investigación del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de la Generalitat para el referéndum ilegal del 1-O y la promoción exterior del procés se redimensiona a la baja. Tras la retirada de la Abogacía del Estado, la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC), que actúa como representante de la acción pública en este procedimiento, ha interpuesto demanda solo contra 11 de los 34 ex altos cargos y funcionarios expedientados, concentrando sus acusaciones en los líderes políticos del procés. El escrito presentado critica a la Abogacía por su renuncia, al considerarlo un comportamiento incoherente con el papel que tuvo en el juicio en el Supremo, como parte acusadora.
La reclamación inicial de casi 10 millones de euros por los gastos irregulares vinculados con los planes independentistas queda reducida en esta primera demanda a 5,3 millones. Esta cifra es la que resulta de sumar el dinero gastado, por una parte, en organizar el referéndum del 1-O y por otra en sufragar los costes de las iniciativas de Diplocat y los viajes de los altos cargos de la Generalitat a diversos países, así como las invitaciones a representantes de organismos internacionales para que visitaran Cataluña entre 2011 y 2017, todo ello con el fin de promover los planes independentistas.
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Sociedad Civil ha actuado solo contra un una tercera parte de los investigados, salvando de toda acusación a 23 de ellos. La demanda se dirige contra los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y siete exconsejeros del Gobierno catalán, entre los que no figura Andreu Mas-Colell, ex titular de Economia, a quien se le excluye al no ser parte del núcleo duro independentista.
La demanda deja fuera del caso a todos los interventores y funcionarios de la Generalitat, así como a sus delegados en diversos países de Europa y América en los que se llevaron a cabo actos que en su momento tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía y la propia entidad Sociedad Civil Catalana consideraron parte esencial de la actividad de promoción del proyecto independentista en el extranjero. La exclusión de los técnicos también rebaja la presión en torno al expediente, ya que algunas estrategias de defensa pasaban por interesar la exculpación de estos funcionarios en virtud de las instrucciones recibidas y el temor a sufrir consecuencias en caso de desatenderlas.
La demanda de Sociedad Civil Catalana se centra sobre todo en los fondos empleados para el 1-O, que denunció inicialmente. Luego se unió a este expediente el de los gastos de Diplocat, materia sobre la que dicha entidad considera que la Abogacía del Estado y la Fiscalía tienen especial responsabilidad, por haber instado la investigación de este capítulo.
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